Se quejan empresarios de Chilpancingo ante el gobierno federal por la delincuencia y las protestas

*Exigen a delegados que haya detenciones por la violencia ocurrida durante las movilizaciones por los normalistas

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

Empresarios de Chilpancingo aglutinados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reclamaron al delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guerrero, Erick Alejandro Castro Ibarra, por la nula atención al problema de violencia en la capital y a las presiones de las que son víctimas por parte de grupos de la delincuencia organizada.
También reprocharon que a dos meses de movilizaciones en la entidad, por la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, las autoridades no hayan realizado detenciones contra los responsables de dañar edificios gubernamentales y vehículos de empresas privadas.
Ayer, en la reunión mensual de trabajo que realiza Coparmex-Chilpancingo, en la que entregó constancias a nuevos agremiados, los empresarios tuvieron como invitados al delegado de Gobernación; al del Trabajo, Erik Catalán Rendón, y al de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe), José Luis Peralta Lobato.
Los empresarios aprovecharon la presencia de los funcionarios para evidenciar los pocos resultados en la atención de diferentes problemas, como el combate a grupos de la delincuencia organizada que son los responsables de la ola de secuestros, ejecuciones, extorsiones y cobro por el “derecho de piso” en la capital.
El primero en sacar el tema fue el líder de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), Apolinar Segueda Dorantes, quien le reprochó a Castro Ibarra que a más de un año de que él denunciara públicamente que grupos del narcotráfico estaban infiltrados en el transporte público, no hubo acciones para erradicar ese problema.
En contraste, denunció que el gobierno del estado entregó concesiones a más de 200 vehículos que eran señalados de trabajar para la delincuencia.
El líder de la UTD pidió al delegado aplicar un plan de seguridad para el transporte público en todos los municipios donde se requiera y en el que participen policías federales y estatales.
Lo secundó la contadora Isela Cuevas Guevara, quien criticó las afectaciones económicas que han dejado las marchas, bloqueos y plantones de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y normalistas rurales que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
“Somos una sociedad civil y empresarial secuestrada, secuestrada por gente con la que no se puede dialogar y la autoridad nada más contempla cómo nos destruyen en Chilpancingo, debo hacer la reflexión que quizá todos los ciudadanos somos cómplices porque nos conformamos con lo que nos dan”, dijo.
Posteriormente, Adrián Alarcón Ríos, vicepresidente de la Coparmex-Chilpancingo, le pidió al delegado de Gobernación que el gobierno federal asuma el control total de la seguridad en la capital guerrerense y hagan llegar cuanto antes a la Gendarmería Nacional, al considerar que las autoridades estatales son incompetentes para resolver el problema de violencia.
Aunque se solidarizó con las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y pidió al gobierno federal hacer justicia por los hechos violentos acontecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, rechazó las acciones emprendidas por el magisterio y normalistas en las últimas semanas.
Además advirtió que el proceso electoral del 2015 está en riesgo.
María Luisa Vargas Mejía, presidenta de la Organización de Maquiladores Unidos por Guerrero, también usó el micrófono para denunciar que, en el caso de Guerrero, los funcionarios y gobernantes priorizan hacer política y no su trabajo, y los responsabilizó de la situación que priva en el estado.
Pese a las críticas en contra de los gobiernos, aseguró que la sociedad también comparte responsabilidad por aplaudir estas actitudes y no alzar la voz cuando hay abusos.
Rodolfo Kapila Calva Ortega, quien ayer recibió su constancia como nuevo miembro de Coparmex, lamentó que a casi dos meses de que iniciaron las movilizaciones en Guerrero para exigir la presentación de los estudiantes desaparecidos, no hay personas detenidas por los destrozos e incendios ocasionados en edificios públicos, así como el saqueo de mercancía de camionetas repartidoras.

Las movilizaciones no afectarán elecciones

Pese a las movilizaciones que encabezan el magisterio disidente y normalistas, el delegado de la Segob, Erick Alejandro Castro Ibarra aseguró que las elecciones del 2015 están garantizadas.
Castro Ibarra coincidió con las declaraciones vertidas el miércoles por el presidente de esa organización empresarial, Jaime Nava Romero, en el sentido de que las acciones de protesta dejan serias afectaciones a la economía capitalina.
Según Nava Romero, en la conferencia de prensa que ofreció hace dos días, las manifestaciones de la Ceteg y normalistas han dejado pérdidas económicas de 300 millones de pesos, daños que, aseguró, son superiores a los que deja el crimen organizado por el cobro de “derecho de piso”, rescate de secuestros y extorsiones.
Ayer, durante la reunión, Nava Romero retomó el tema y aseguró que esa declaración fue desvirtuada, y aclaró que con las cifras que dio a conocer no significa que prefieran estar sometidos a la delincuencia a seguir padeciendo por los bloqueos carreteros y las marchas.
Mencionó que la delincuencia organizada, las afectaciones que dejaron a su paso las tomentas Ingrid y Manuel en septiembre del año pasado, y ahora las movilizaciones de los maestros y normalistas, son situaciones que han golpeado gravemente la economía de la capital.
Luego de la aclaración, pidió al delegado del Trabajo, Erik Catalán, respaldarlo, dando a conocer cifras que reflejen la magnitud de las afectaciones económicas en los últimos dos meses.
El funcionario federal recordó que el año comenzó con 38 mil desempleados en la entidad, sin embargo para septiembre pasado la cifra se redujo a 28 mil, gracias al Plan Nuevo Guerrero que, asegura, ha generado empleos a empresas y ciudadanos de la entidad.
Sin embargo dijo que por la situación que atraviesa la entidad, producto de las movilizaciones, existe el riesgo de que el número de desempleados se incremente, “ahorita, efectivamente, vamos a tener cifras negativas si seguimos en esta ruta, por eso necesitamos cerrar filas”.
Indicó que en Acapulco hay por lo menos 15 hoteles en donde existe el riesgo de despedir a un promedio de mil empleados, sin embargo no aclaró las razones por las que podrían quedarse sin empleo esos trabajadores, y tampoco lo relacionó con las marchas y bloqueos de maestros y normalistas.
Además no descartó que a los trabajadores de las empresas a las que los normalistas han quitado sus camionetas y mercancias, pudieran ser despedidos por la pérdida de sus unidades y productos.
Durante la reunión, el vicepresidente de Coparmex, Adrián Alarcón Ríos, advirtió sobre la posibilidad de que no se puedan celebrar las elecciones del próximo año ante la problemática social que prevalece en la entidad.
Al respecto, Castro Ibarra aseguró que el gobierno federal, en coordinación con el del estado, ofrecerá las garantías para que los próximos comicios, en los que se renovarán alcaldías, diputaciones locales, federales y la gubernatura, se desarrollen sin problemas.
Aseguró que en su papel de delegado de Gobernación estará pendiente del proceso electoral y le dará seguimiento a fin de que se desarrolle sin contratiempos.