Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Gobierno ciego, sordo y autoritario

El presidente Enrique Peña Nieto fracasó en su intento de cerrar el caso de la desaparición de los 43 normalistas con la versión de que fueron asesinados y cremados en Cocula. También fracasó en su intento de cerrar el escándalo de la casa de Lomas de Chapultepec con la explicación que ofreció el martes su esposa Angélica Rivera, que solamente confirma la información revelada por el reportaje del diario digital Aristegui Noticias.
La indignación social acumulada ahora por ambos sucesos se reflejó ayer en la cuarta jornada global convocada para exigir la aparición de los normalistas y justicia en el caso Ayotzinapa. Las nutridas marchas realizadas en el Distrito Federal y en otras numerosas ciudades del país y del mundo representan otro eslabón de la más grande inconformidad que se haya articulado contra el gobierno federal y el Estado en la vida moderna de México. Es una voz que advierte que la sociedad nacional no acepta ya las soluciones superficiales, artificiosas y falsas que le ofrecen las autoridades como remedos de justicia y rendición de cuentas.
En respuesta a ese clamor, que no ha cesado de crecer en los últimos 54 días, el gobierno de Peña Nieto se ha negado a profundizar la aplicación de la justicia como es su obligación constitucional y como lo demanda el movimiento normalista, y ha optado por lanzar una amplia campaña de descrédito del reclamo legítimo de los padres de los estudiantes desaparecidos. Sin embozo alguno el propio Presidente ha amenazado con el uso de la fuerza para acallar las protestas, empleando para ello como justificación los actos de violencia ocurridos durante las movilizaciones. El endurecimiento de la posición oficial ante el movimiento social creado alrededor de la matanza y desaparición de los normalistas ha sido asumido por la clase política del PRI, y de una manera grotesca por Televisa, que en sus noticieros manipula la información y retrata a los inconformes como simples vándalos y destructores de la actividad económica (según esa versión, Acapulco sufre desabasto y carestía por culpa de los vándalos).
Esa campaña, una auténtica estrategia autoritaria de Estado, fue puesta en marcha por Peña Nieto al pisar tierra el sábado de la semana pasada al regresar de su gira por China y Australia. Sin disimular su enojo por la exhibición de la casona que su esposa (y él, que está casado con ella) adquirió en condiciones irregulares en las Lomas de Chapultepec, Peña Nieto lanzó aquella noche la voz de arranque de la campaña contra los normalistas de Ayotzinapa al advertir que “no dejaremos de agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y de apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden, es el último recurso, pero el Estado está legítimamente facultado para hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden”.
Ese amago disfrazado de llamado a la paz y al orden fue en realidad un síntoma muy claro de la exasperación e intolerancia que cunde en el gobierno por la insumisión de los padres de los normalistas y la extensa y activa solidaridad que la sociedad les ha brindado en su lucha por la aparición de sus hijos. A pesar de los cuestionamientos serios y dudas científicas manifestadas en torno a la versión de la PGR de que los jóvenes fueron incinerados después de haber sido entregados por los policías de Iguala al grupo delictivo Guerreros Unidos, el gobierno parece decidido a cerrar ahí el caso, y todo indica que el formalismo de mantener abierta la investigación es solamente un cruel placebo para los padres. La consecuencia de esto último es que, para las autoridades federales el ex alcalde José Luis abarca y su esposa, los policías municipales de Iguala y los delincuentes detenidos hasta ahora son los únicos responsables de los hechos, y por lo tanto no ve ninguna necesidad de hacer que la investigación trascienda hacia los círculos más altos de probable complicidad, como por ejemplo hacia el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y mandos militares y de la Policía Federal.
Es evidente que Peña Nieto ha cedido a la tentación de responder a las protestas a través de los métodos de fuerza que los gobiernos del PRI solían utilizar en el pasado para garantizar la paz social. Esa fórmula es un recurso imprudente que sólo traerá más inconformidad, más protestas y el riesgo de un desenlace indeseable.
Para saludar las protestas de ayer, Peña Nieto reiteró su discurso contra la violencia. “Atentar contra las instituciones es atentar contra los mexicanos”, dijo. El martes ya había advertido que la violencia provocada durante las movilizaciones tenían como objetivo sabotear su proyecto de nación. “En un Estado democrático como el nuestro es inaceptable la violencia cualquiera que sea su origen. Los mexicanos decimos no a la violencia. Sociedad y gobierno rechazamos categóricamente cualquier intento por provocarla o alentarla”, agregó este jueves. Dijo que el dolor de los normalistas solamente será aliviado por la paz y la justicia, y “lo que los mexicanos demandan es que la ley se cumpla, que prevalezca el orden y que avancemos juntos hacia mayores condiciones de prosperidad”, manifestó. Paz y justicia es precisamente lo que se demanda en las calles, y lo que su gobierno y la ley no han podido proporcionar en el caso Ayotzinapa. La prédica en la que encallaron Peña Nieto y el gobierno federal, de que la violencia es inaceptable, resulta insustancial y no produce ningún efecto, pues con ese mensaje lo que se busca es ocultar la falta de respuestas veraces y satisfactorias a la que es la demanda que mayor consenso social ha despertado en el país quizás desde los tiempos de la Revolución.
Un gobierno genuinamente democrático estaría hoy al lado de los agraviados, al lado de las víctimas, en lugar de estar contra ellas. Es improbable que el movimiento normalista se repliegue mientras no exista certidumbre sobre el destino de los estudiantes desaparecidos y mientras los responsables, todos, sean sometidos al rigor de la ley. La intensificación de las protestas y el endurecimiento gubernamental conduce al conflicto hacia un escenario altamente explosivo. La petición de la renuncia de Peña Nieto es ya una consigna más de las protestas, y no será mediante la violencia institucional como será silenciada. La ceguera, la sordera y el autoritarismo son una fórmula para el desastre.

[email protected]