No más Ejército, violencia ni muertes, demanda Tlachinollan a los candidatos presidenciales

Sergio Ferrer

Tlapa

“Lo que están haciendo jóvenes de las universidades privadas y públicas es mostrar una vitalidad que hace falta para hablar con la verdad, porque no tienen nada que esconder”, aseguró Abel Barrera Hernández al preguntarle su opinión respecto al movimiento #Yosoy132, que busca una elección libre e informada.

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan aseguró que “es lo que hace falta en el país, porque escuchas el discurso del político, es hueco, los discursos de los gobernantes son falsos y aburridos, a ellos que tienen el poder ya nadie les cree con su actitud diplomática y ficticia”.

Barrera Hernández indicó que la juventud tiene la conciencia de ser ciudadanos con plenos derechos, colocando la agenda política en México como respuesta ante la ineptitud de los partidos políticos y  la corrupción entre mafias o grupos políticos que se están peleando entre ellos los cargos sin ninguna conciencia social.

En contraparte, apuntó que los jóvenes están levantando la voz, resultando interesante ver que incluso en Tlapa o Chilpancingo la gente está despertando, siendo una ola grande que se moviliza buscando una verdadera transformación democrática, desnudando al poder, no yendo en una lógica partidista sino buscando empoderar al ciudadano para que tome en sus manos el proceso democrático de luchar por la transformación de las instituciones.

Barrera Hernández agregó que resulta interesante ver que se terminó la frontera entre universidades públicas y privadas, reflejándose en un encuentro en la UNAM, en el cual no hubo la visión de grupos políticos que se pelean el poder sintiéndose unos más que otros sino rompiendo los muros de las clases sociales con un lenguaje fresco, innovador, revolucionario, enfrentándose al duopolio televisivo,  desenmascarando lo que ha hecho daño al país y a todos esos empresarios “truculentos y mafiosos”.

“Los jóvenes están hablando con la verdad, están tomando el micrófono, hablando al país de frente, esas imágenes, esos rostros pueden ser la esperanza en nuestro país”, auguró.

En otro tema, Barrera Hernández recordó que los días 15 y 16 de junio se realizará un foro sobre la situación de los derechos humanos en el estado, al cual acudirán personas de diferentes regiones de Guerrero y del país, en el marco del aniversario 18 del Centro Tlachinollan.

Asimismo, se hablará sobre lo que ha ocurrido en un año difícil en cuanto a las luchas, como el caso de las desapariciones forzadas de Eva Alarcón y Marcial Bautista, los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, lo que sucedió a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, dos de los cuales fueron asesinados por elementos de la policía estatal y federal.

El antropólogo dijo en entrevista con El Sur que lo que ha nutrido el trabajo del Centro Tlachinollan, con sede en Tlapa y Ayutla, es la forma en que la gente se organiza y lucha por lo que está dictado en normas internacionales; “tenemos derechos y dignidad, el Estado tiene obligación de respetarlos”, enfatizó.

De las amenazas de muerte lanzadas contra el responsable del área jurídica de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, Barrera Hernández recordó que han existido momentos difíciles desde 1994, cuando comenzaron a trabajar, “nos empezaron a decir que éramos zapatistas, que andábamos promoviendo la lucha con las armas, también hubo varios anónimos donde decían que dentro de este trabajo estábamos formando parte de grupos radicales, dentro de la misma iglesia progresista me catalogaban como jesuita que andaba en Chiapas”.

Afirmó que desde siempre han enfrentado campañas de desprestigio,  pero dijo entenderlo porque su trabajo “toca intereses de grupos que están en el poder y han aprendido a vivir del erario público, que cuando ven amenazados sus intereses empiezan a usar diferentes recursos para desprestigiarnos como las amenazas, anónimos e intentos de agresiones”.

Respecto al abogado Vidulfo Rosales Sierra, informó que el 4 de mayo, después de acudir a la Procuraduría de Justicia del estado para revisar los casos de los dos estudiantes asesinados de Ayotzinapa y continuar con las denuncias contra policías, le llegó un mensaje anónimo a las oficinas de la Red Guerrerense de Derechos Humanos en Chilpancingo, donde decía que lo iban a hacer pedazos por meterse en el caso de la presa La Parota, por defender a las mujeres indígenas como Inés Fernández  y Valentina Rosendo y andar apoyando a los “vándalos” de Ayotzinapa, como los calificaba el mensaje.

Barrera Hernández dijo que entendían que las amenazas están construidas  por agentes del estado pero  no saben quiénes son, “se están tocando intereses graves, se quiere romper con esa corrupción e impunidad que persiste en las instituciones que hasta la fecha no han querido investigar delitos, ahora quienes sufrimos las amenazas somos los defensores de derechos humanos”, criticó.

Al Estado le compete vigilar que se respeten los derechos de las y los defensores, pero se vuelve cómplice al no investigar de dónde proviene este tipo de situaciones.

Dijo que el gobierno reacciona para ver cómo puede brindar apoyo, pero reconoció que aunque existen denuncias por agresiones o amenazas contra defensores interpuestas desde 2001, no se han investigado, por lo que Vidulfo Rosales tomó la decisión de salir del país.

Tlachinollan valoró que no había condiciones para que el abogado permaneciera en el estado y el país, por lo cual partió a Estados Unidos, lo cual calificó de lamentable, el que Rosales Sierra tenga que estar fuera de su casa, su oficina, para asegurar su vida, algo contradictorio en un Estado que se dice democrático, afirmó Barrera Hernández.

Candidatos y derechos humanos

Tlachinollan, adherido a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, cuenta con una agenda de derechos humanos que se entregó a los candidatos presidenciables cuando fue el primer debate, la cual plante incorporar en sus programas de gobierno el tema de los derechos humanos como un eje transversal, porque la esencia de la democracia es respetar las leyes y los derechos de los ciudadanos, indicó Barrera Hernández.

Sin embargo, el antropólogo refiere que ninguno de los tres partidos políticos con mayor presencia en cargos públicos respeta los derechos humanos.

Dijo que en Guerrero hay desapariciones de ambientalistas, agresiones contra estudiantes, entrada de empresas mineras sin consultar a los pueblos, se trata de imponer la hidroeléctrica no comprometiéndose con los campesinos a decir no a las empresas, no apoyar a los pueblos indígenas en el caso de la tarifas de luz eléctrica, ejemplificó.

Asimismo, dijo que el que ciudadanos tengan que enfrentar se a las autoridades y caciques para defender los bosques, el agua, da cuenta de  que falta el respeto a los derechos humanos.

Recordó que otro de los puntos centrales que exigen organismos es que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los delitos y violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército sean investigados por autoridades civiles.

Por último, destacó que de no escuchar los presidenciables los pendientes descritos en las agendas de las organizaciones independientes se volverá a vivir lo que ya ocurrió en este sexenio de Felipe Calderón, más homicidios, más muertes, más Ejército, más violencia, “y de eso no queremos más”, expresó el director de Tlachinollan.

Es clave para la transformación de un Estado autoritario a uno democrático acercarse a una reforma necesaria en un sistema de justicia en el cual las corporaciones policiacas están coludidas con el crimen organizado, en donde no hay garantías para migrantes, quienes están siendo masacrados o violentados,  ni reconocimiento a la autonomía de los pueblos indígenas, además de que falta hacer valer el derecho a la participación de las mujeres, concluyó.