En tres años hubo 42 quejas contra la policía preventiva de Iguala, reporta la Codehum

Acumuladas en 14 años, 77 quejas por desaparición forzada en el estado, informó el presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Antes de que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueran detenidos-desaparecidos en Iguala, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) levantó 166 actas de personas reportadas como extraviadas o legalmente privadas de la libertad, e integró 77 quejas por desaparición forzada en 14 años, informó el presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno.
Pero en total, la Codehum solicitó información a las dependencias de gobierno para la localización de 940 personas en este mismo periodo, porque organismos oficiales de derechos humanos de otros estados solicitaron la implementación de protocolos de búsqueda para localizar a 774 personas, cuya desaparición se relacionó con Guerrero.
En consulta en sus oficinas, el funcionario reconoció que la mayoría de los casos del estado siguen abiertos, porque las investigaciones no han tenido el éxito que quisieran, y precisó que la desaparición forzada sólo se establece cuando se acusa a alguna autoridad como presunta responsable de privación ilegal de la libertad.
Navarrete Magdaleno reconoció que las cifras oficiales no evidencian la magnitud del problema, pues en las investigaciones de los homicidios y la desaparición forzada de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre, siguen encontrando fosas clandestinas y sólo en la primera ubicación se reportaron restos de 38 personas.
En alusión a los estudiantes que fueron detenidos por policías municipales de Iguala y de Cocula, detalló que en los últimos tres años se han radicado 42 quejas contra la policía preventiva de Iguala, pero no precisó cuántas de ellas corresponden a desaparición forzada. En 2012 hubo 10 quejas; en 2013, 14, y en lo que va de 2014, ocho.
No se cuentan entre esos casos el de los estudiantes de Ayotzinapa, que fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y es investigado por la Procuraduría General de la República.
Sobre la investigación de las 77 quejas de desaparición forzada en Guerrero, reconoció que “hay muchas dificultades; tenemos expedientes que por más investigados, estamos en ausencia del desaparecido”.
No obstante, señaló que cuando hay hallazgos de fosas clandestinas, como las
de Iguala, se van documentando y se incluyen como nuevos sitios para nuevas búsquedas y para cotejar los expedientes.
Las cifras oficiales de la Codehum indican que las denuncias de privación ilegal de la libertad en Guerrero (que no necesariamente llegan a una queja) de 1999 a 2014, fueron, en promedio, 10 por año. El mayor número de casos se denunció en 2008, con 38; y en 2004 sólo dos.
Sin embargo, en los desaparecidos de otros estados que se buscaron en Guerrero, hay un incremento sustancial a partir de 2010 hasta lo que va de 2014, donde se reportaron, en promedio, 117 casos por año.
De 2000 al 2009, el promedio de búsquedas de personas en hospitales, cárceles y servicio médico forense de Guerrero, fue de 18.6.
Navarrete Magdaleno estimó que hoy los familiares de personas desaparecidas en la zona Norte están recurriendo directamente a la Procuraduría y a las organizaciones que están realizando estudios de ADN para identificar a los cuerpos, “porque de momento no consideran la violación de los derechos humanos de los que son víctimas, la gente está más preocupado en localizar a sus familiares”.
Reconoció que antes de Ayotzinapa se usó poco el ADN como método de identificación de cuerpos; se ocupaba el esquema de reconocimiento a través de la dentadura, alguna lesión del hueso que se pudiera ver, ropa, los zapatos u otra característica.
“El ADN sólo lo auxiliaba la PGR a tomar, ahorita hay mejores condiciones, no deja de ser una pericial poco usada, hasta que pasan cosas como ésta se pueden ver la carencia de técnicas del investigador, en delitos de estas características”, dijo.
Finalmente, indicó que la Codehum abrió el expediente VG/246/2014-III, para investigar y dar un seguimiento de las autoridades estatales sobre la aplicación de protocolos para identificación de los restos que se están encontrando en las fosas de Iguala, y del tratamiento a los familiares de las víctimas.
En la prensa se mencionan que sólo en 2014 se han exhumado de 116 cuerpos de 73 fosas, y que el año pasado fueron rescatados 45 cadáveres de 36 fosas clandestinas.
“La queja que estamos abriendo es con motivo del hallazgo de las fosas y para conocer si el estado o el órgano investigador está haciendo la parte que le toca en la identificación, contacto con las familias, con los registros y más datos específicos”, explicó.