Víctor Cardona Galindo

PÁGINAS DE ATOYAC

*Ayotzinapa, una historia de lucha (Sexta parte)

El 12 de diciembre de 2011, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, salieron unos 400 estudiantes a manifestarse en demanda de solución a su pliego petitorio y pedir una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Los estudiantes se trasladaron a Chilpancingo en seis autobuses. Llegaron alrededor de las 11 de la mañana a las afueras de la ciudad y cerca de la desviación hacia Tierra Colorada, frente al hotel Parador del Marqués, bloquearon la carretera.
Los jóvenes normalistas que, como es su costumbre, cubrían sus rostros con paliacates y playeras. Querían plantear al gobernador los problemas de la Normal, como la reanudación de clases suspendidas por un paro de maestros, la ampliación de la matrícula y plazas para los egresados.
Y como es usanza en todos los gobiernos autoritarios, antes que los funcionarios que puedan resolver, se presentan los cuerpos represivos. El bloqueo llevaba una hora cuando llegaron efectivos de la Policía Federal, acompañados de preventivos estatales y ministeriales. La agresión de los cuerpos policiacos fue directa. Los disparos tardaron entre 15 y 20 minutos. Los alumnos se defendieron con piedras y otros corrieron a cubrirse. De pronto personas ajenas al movimiento incendiaron una bomba despachadora de la gasolinera Eva II, arrojándole una bomba molotov. El trabajador Gonzalo Rivas Cámara quien intentó apagar el fuego de la bomba en llamas y se quemó al explotar una garrafa de gasolina que se encontraba cerca del artefacto incendiado. El trabajador murió el domingo primero de enero del 2012. Fuentes gubernamentales le atribuyeron al dirigente campesino de Coyuca Benítez Luis Olivares este atentado.
En la carretera las balas de la policía terminaron con la vida de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús de 19 años, quien cursaba el segundo grado de la licenciatura en educación física, y Jorge Alexis Herrera Pino de 20 que cursaba el tercer grado de la licenciatura en educación primaria, cuyos cuerpos quedaron tirados en el asfalto. Édgar David Espíritu Olmedo fue herido gravemente, la bala le atravesó el cuerpo a la altura de las costillas. El también normalista Gerardo Santiago Peña de 19 años originario de Acapulco fue detenido por policías judiciales quienes le sembraron un cuerno de chivo, porque lo agarraron con cascajos en las manos que recogió del piso después de los disparos de la policía.
La mayoría de los estudiantes lograron huir hacia los cerros de Petaquillas y de Chilpancingo, hasta donde los siguieron los agentes. La prensa habló de 24 detenidos y 30 heridos.
Después de los hechos agentes del Ministerio Público alteraron la escena del crimen, quisieron fabricar un enfrentamiento. A Gerardo Torres Pérez, lo torturaron y lo obligaron a disparar con un AK-47 para presentarlo como culpable de tirar, con esa arma, contra la policía, pero el teatro de les vino abajo. Momentos después de la masacre, unos peritos de la Procuraduría de Justicia, fueron sorprendidos a un costado de cerro, cuando “sembraban” cascajos percutidos en un área con yerba seca y reaccionaron en forma violenta contra los reporteros que llegaron al sitio.
El saldo de la represión fue dos muertos, cuatro heridos, tres normalistas y un chofer de un tráiler, un estudiante torturado, 15 víctimas de tratos crueles, 24 detenidos de las cuales sólo nueve eran estudiantes de Ayotzinapa, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Gabriel Echeverría era delegado nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). “Mi hijo no era un asesino, no era un violador, nomás fue a una escuela de pobres”, dijo su madre doña María Amadea de Jesús al reportero Zacarías Cervantes.
El martes 13 la Procuraduría local dejó en libertad a 24 jóvenes detenidos durante el desalojo, entre ellos a Gerardo Torres Pérez, a quien el procurador Alberto López Rosas había señalado públicamente como portador de un rifle AK-47 que fue disparado. Todos los liberados denunciaron que policías ministeriales y federales los torturaron.
Después la dependencia estatal pretendió inculpar al estudiante Édgar David Espíritu, quien estaba internado en el hospital del ISSSTE de Chilpancingo, por una herida de bala en el abdomen. Sus familiares denunciaron que estaba acusado de incendiar la bomba despachadora de la gasolinera cercana a la protesta, en la que murió el trabajador Gonzalo Rivas.
La Secretaría de Seguridad Pública federal responsabilizó, ese mismo día 13 de diciembre, a los policías ministeriales de Guerrero por disparar contra los normalistas. En conferencia de prensa, el procurador Alberto López Rosas deslindó a la policía del estado de los disparos y dijo ignorar qué elementos agredieron a los estudiantes. Más tarde López Rosas fue cesado de su cargo, junto con el secretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja, y el subsecretario Ramón Arreola.
Ya para el 14 de diciembre el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en medio de las condenas y el escándalo, declaró que él no ordenó disparar contra los estudiantes para disolver la manifestación. El 16 de diciembre, alguien filtró una serie de videos inéditos a El Universal donde muestran que durante el encuentro entre los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y los cuerpos de seguridad de Guerrero y policías federales, los alumnos no portaban armas de fuego, como aseguró en un principio el entonces procurador Alberto López Rosas.
Ese mismo viernes 16, en una multitudinaria marcha los estudiantes de Ayotzinapa anunciaron que irían a la sede del Congreso de la Unión para interponer una demanda de juicio político contra el gobernador Aguirre. Tras su marcha, los de Ayotzinapa acompañados por normalistas de otras entidades y miembros de organizaciones sociales, llegaron al Palacio de Gobierno donde dejaron el autobús que en septiembre les había entregado Aguirre. “Este autobús nos lo cobraron muy caro, con la vida de nuestros compañeros”, dirían los estudiantes que después se dirigieron al Zócalo capitalino donde realizaron un mitin.
Las protestas se dieron en todo el estado y el 18 de diciembre de 2011 un grupo de Policías de Atoyac quemaron una manta en apoyo a Ayotzinapa, que jóvenes estudiantes habían colocado en el kiosco de esta ciudad. Al enterarse alcalde Carlos Armando Bello suspendió a los agentes de su servicio 15 días.
Por una serie de irregularidades registradas en la integración del expediente de los dos alumnos asesinados, la Procuraduría General de la República (PGR) citó el 19 de diciembre a declarar al ex procurador de Guerrero. Además, la dependencia dio a conocer que Alberto López no aprobó los exámenes de control y confianza aplicados a los mandos medios altos, por lo que desde hace tiempo había desconfianza por parte del gobierno federal a la Procuraduría de Guerrero.
El gobernador Ángel Aguirre compareció el 26 de diciembre, en la sede de la CNDH donde leyó cinco páginas de un reporte que entregó a Raúl Plascencia, titular de la Comisión que finalmente recomendó la reparación del daño a los familiares y juicio político para López Rosas y Almonte Borja, lo que el Congreso del Estado no ha hecho. Pero además tampoco el Ejecutivo estatal ha cumplido con la reparación del daño a la escuela de Ayotzinapa en lo que se refiere a la infraestructura y mejoramiento de las instalaciones.
Todavía el jueves 6 de noviembre del 2014, por segunda ocasión, la comisión de gobierno del Congreso local sacó del orden del día el dictamen, de la comisión instructora, mediante el cual se inhabilita por cinco años a Alberto López Rosas por su responsabilidad en las omisiones en el desalojo violento a normalistas en la Autopista del Sol. El documento también establece el pago de una pensión vitalicia a las familias de los normalistas caídos, que consistirá en un salario de maestro. Asimismo, la pensión a la viuda del trabajador de la gasolinera, Miguel Rivas Cámara, y becas educativas para sus hijos.
A pesar de la represión los normalistas de Ayotzinapa no se amedrentaron y siguieron con sus protestas, el 3 de enero tomaron las radiodifusoras de Chilpancingo, para exigir justicia para sus compañeros. La policía los hostiga durante todos sus movimientos.
El 7 de mayo de 2012, normalistas se encontraban en el tramo de carretera Chilpancingo-Iguala, en el punto conocido como Casa Verde, boteando para recaudar fondos para el festejo del Día de las Madres. Ese día, una vez más las autoridades enviaron policías estatales y federales, con armas de fuego, a disuadir el boteo que realizaban los normalistas.
Una intimidación similar y en el mismo punto de Casa Verde, la vivieron el 9 de noviembre de ese mismo año. En esta ocasión, agentes de la Policía Federal detuvieron y golpearon a cinco normalistas que como la otra vez, se encontraban pidiendo cooperación a los automovilistas. En esa ocasión, según el testimonio de los normalistas, lo agentes de la Policía Federal les dispararon a los pies a Ezequiel Sánchez Alvarado, Rodolfo Vargas Ortiz, Antonio Morales Villanueva, Marcos López Cruz y Roberto Estrada Medina. Los golpearon en el rostro y en el cuerpo y se los llevaron presos para entregarlos a la Procuraduría de Justicia del Estado. En el transcurso del camino fueron torturados y amenazados con cortarles las orejas.
Después del movimiento del año 2012, en la minuta firmada para el ciclo 2012-2013, el gobierno del estado se comprometió con los estudiantes a mejorar la infraestructura física de la institución con nuevas aulas, dignificación de los dormitorios y comedor, rehabilitación y equipamiento del centro de cómputo y actualización de acervo bibliográfico, respeto al promedio mínimo de 7 para ingreso a la Normal, dotación de material didáctico para sus prácticas escolares, material deportivo y el incremento al presupuesto para la alimentación, así como la dotación de herramientas y maquinaria para sus actividades agrícolas y pecuarias. Pero como siempre el gobierno no cumple sus acuerdos.
El 14 de noviembre del 2012 unos 2 mil estudiantes de ocho normales del estado marcharon en Chilpancingo. Al día siguiente un camión que trasladaba estudiantes de Ayotzinapa fue agredido por un comando armado no identificado en el entronque a Tierra Colorada. El grupo de empistolados subió al autobús y al atacar a cachazos al conductor éste perdió el control de la unidad que volcó quedando un estudiante lesionado. También salió herido el chofer y su esposa.
Por recomendación de la CNDH el gobierno del Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública Federal ofrecieron disculpas públicas a las víctimas y familiares de los fallecidos el 12 de diciembre de 2011. Fue miércoles 21 de noviembre de 2012, el gobierno del estado realizó el acto sin la presencia de los familiares en el salón Triángulo del Centro Internacional Acapulco en un acto encabezado por el gobernador Aguirre Rivero.
En diciembre de 2012 la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, señaló que esa escuela no puede seguir con métodos que la ubican “fuera de contexto”, de desarrollo y compromiso social que deben caracterizar la formación de docentes. Dijo que convocaría a un foro de consulta ciudadana para una profunda transformación de la Normal de Ayotzinapa, porque “es claro que no está cumpliendo con los objetivos de su creación”. Esto confirma que había interés del gobierno aguirrista de desaparecer la Nomal.
En la primera mitad del 2013 pasó otro acontecimiento que tiene que tomarse en cuenta en esta crónica, el 30 de mayo ocho integrantes de la organización Unidad Popular de Iguala fueron desaparecidos por un comando de civiles armados al concluir una manifestación pacífica, entre los levantados estaba el líder de esa agrupación Arturo Hernández Cardona de quien se dice fue asesinado el 31 de mayo, por el propio alcalde José Luis Abarca. El 3 de junio fueron encontrados los cuerpos sin vida de Arturo Hernández Cardona, y de sus compañeros Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román.
Al enterarse del hallazgo de los cadáveres de los dirigentes sociales, integrantes de Unidad Popular, de la Organización Genaro Vázquez Rojas y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, tomaron el Palacio Municipal de Iguala, lo apedrearon, derribaron las puertas y lo pintaron con consignas. Éste sería, según la PGR, uno de los motivos del alcalde de Iguala José Luis Abarca para ordenar por radio el ataque a los normalistas el 26 de septiembre.