Héctor Manuel Popoca Boone

Liberalización del comercio y agricultura mexicana

 (Segunda parte)  

Analizadas las consecuencias de la operación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) en México, en los años de su existencia, el estudio comentado concluye que no ha sido ni el desastre que sus detractores pronosticaron ni la tabla de salvación aclamada por sus partidarios. Si bien el efecto en general puede resultar ambiguo, para las familias rurales, en general, el cuadro es muy claro y a la vez sombrío. Son los perdedores.

El TLCAN ha acelerado la transición de México a una economía liberalizada sin contribuir a crear las condiciones necesarias para que los sectores público, privado y social se adaptaran a los choques económicos, sociales y ambientales de comerciar con dos de las economías más grandes del mundo. Los ciudadanos más vulnerables de México han enfrentado una vorágine de cambios que supera la capacidad de control propia o del gobierno.

En respuesta a estos retos y desafíos, las familias rurales han creado estrategias de sobrevivencia para hacer frente a sus necesidades básicas de subsistencia. Estas incluyen una combinación de mayor cultivo de productos básicos para el autoconsumo y trabajo fuera de la parcela, a menudo en el sector informal de la economía y en algunos casos en plantas maquiladoras. En la actualidad, muchos trabajadores rurales realizan actividades no agrícolas como su ocupación principal, complementando sus ingresos con labores agrícolas esporádicas y temporales.

La política agrícola gubernamental, en el orden federal, ofrece considerable apoyo a los agricultores comerciales, pero no beneficia a los agricultores de subsistencia. Más que nunca las familias dependen de las remesas de aquellos que emigran a Estados Unidos, con o sin documentación. También para reducir sus gastos, las familias rurales recurren a métodos de quema de leña para cocinar sus alimentos y calentar sus viviendas; además de la quema de arbustos y árboles para abrir nuevas tierras al cultivo con los costos ambientales consecuentes.

A partir de las conclusiones obtenidas, los investigadores Audley, Papademetriou, Polaski y Vaughan pasan a elaborar las siguientes recomendaciones para otros países que quieran seguir el camino emprendido por México:

No es necesario ni ineluctable que los acuerdos comerciales generen este tipo de problemas, anteriormente descritos, para la población pobre de las zonas rurales. De negociarse correctamente pueden abrirse puertas a nuevos mercados y al mismo tiempo protegerse de las tensiones asociadas al participar en la competencia mundial y la mayor presión sobre los recursos naturales.

Asimismo, el comercio mundial puede apreciarse y concebirse como una herramienta para fortalecer y hacer crecer las economías nacionales; siempre y cuando sepan aprovecharse las ventajas económicas comparativas que cada país tiene respecto de otros. Los gobiernos deben de responder a la apertura económica con políticas públicas eficaces, como el despliegue de redes de seguridad social y la asistencia técnica en la adaptación al comercio libre; creando, a la vez, programas que protejan los derechos de los trabajadores y el medio ambiente.

También los países en desarrollo deben de negociar programas de reducción arancelaria más prolongados y graduales para los productos agrícolas importados de los países ricos. Negociar salvaguardas especiales para protegerse contra la práctica de inundar el mercado con cultivos subsidiados por los gobiernos de origen (dumping). Contar con medios de absorción del choque, como lo son los subsidios directos a los productores rurales. Esto último es especialmente importante en los países en donde la agricultura es una de las principales fuentes de empleo.

Necesario es concertar considerable asistencia económica para la transición y adaptación al comercio mundial, con fondos de los socios comerciales más poderosos, de fundaciones y donantes internacionales. Esta debe incluir obligadamente capacitación en nuevas pericias para los trabajadores y agricultores de subsistencia. Accesos al crédito que permitan y alienten a los pequeños agricultores a instaurar prácticas agrícolas acordes al sentido económico del mercado y a la racionalidad ambiental. Todo eso para tener una transición amable a medios de vida sostenibles en el mercado global moderno.

Los convenios comerciales internacionales deberían permitir también a los países en desarrollo adoptar políticas públicas que optimicen el aumento del empleo; promoviendo el surgimiento de proveedores locales que desalienten componentes importados. No importa que las empresas proveedoras sean extranjeras o no; importa que estén radicadas en el país y que generen importante número de puestos permanentes de trabajo.

Otro aspecto relevante a tomar en cuenta, es la adopción de políticas públicas que ayuden a distribuir las ganancias procedentes del comercio de forma más equitativa, mediante mejores sistemas tributarios y de salarios mínimos. Asimismo, el establecimiento de una infraestructura y política ambiental en donde pueda obtenerse ventajas en los convenios comerciales para la atención de la creciente demanda de productos alimentarios orgánicos.

Por último, la migración laboral es una fuerza social y económica de importante consecuencias para tenerse en cuenta en las futuras negociaciones de libre comercio, ya que este aspecto, junto con la protección ambiental, los empleos y salarios, deben formar parte de un esfuerzo de gran aliento y de                         mayor envergadura en el marco de un alto grado de cooperación bilateral y complementación regional.

 PD. Con tanto escándalo público de algunos políticos no hay tiempo para aburrirse; más bien para hartarse.