Jesús Mendoza Zaragoza

¿Es segura la Operación Guerrero Seguro?

La semana pasada estuvo el Presidente de la República en Acapulco poniendo en marcha acciones del gobierno federal para fortalecer el tejido social como respuesta a la violencia y la inseguridad que siguen golpeando en Acapulco. Se señaló que estas acciones, que incluyen cinco puntos de atención como la educación, la salud, la pobreza, el desarrollo económico y la recuperación de espacios públicos, se añaden a otros dos ejes promovidos por el gobierno federal como la reconstrucción de las policías, ministerios públicos y jueces de Guerrero y la represión de los grupos criminales mediante la fuerza pública.
Estos tres ejes juntos constituyen la Operación Guerrero Seguro, promovida por el gobierno federal para neutralizar la inseguridad y la violencia en Guerrero. Es la estrategia completa que las autoridades tienen para darnos seguridad, según fuentes de la Presidencia de la República. Y no sabemos hasta cuándo habría que esperar los resultados satisfactorios de esta supuesta estrategia integral.
Este tercer eje que busca fortalecer el tejido social es el que toca más directamente el ámbito social, involucrando a la sociedad civil. Hay que señalar que, aunque se trata de acciones demarcadas en cuatro minúsculos polígonos ubicados en Acapulco, es un avance el que se esté incluyendo en la estrategia gubernamental para abatir la violencia. Hubiera sido deseable que el impulso de la participación de la sociedad en general y de los ciudadanos en particular, se hubiera dado desde años atrás, como estrategia preventiva de la violencia. Pero, como quiera, sigue siendo un reto fundamental que, tarde o temprano hay que asumir.
Lo que preocupa ahora es que se hable de una estrategia integral que no ha tocado factores claves de la violencia, que no se pueden desatender: la corrupción y el patrimonio del crimen organizado. En mi opinión, no se puede hablar de integralidad cuando quedan fuera estos dos puntos de primer orden. Todo va a resultar una frustración si no se tocan estos componentes del crimen organizado.
Por un lado, es sabido que la corrupción campea en muchas instituciones del Estado, desde los gobiernos municipales hasta el federal, desde las fuerzas policiacas hasta los tribunales, desde los espacios parlamentarios hasta las procuradurías. Esta corrupción ha dado paso libre al narcotráfico y a todas las formas criminales de generar ganancias ilícitas, como la trata de personas, el tráfico de armas, las extorsiones y el lavado de dinero, entre otras.
En México tenemos un sistema político blindado ante la procuración de justicia. Hay que armar un circo para procesar a un funcionario público que, gozando de un fuero que lo protege no está al alcance de los castigos previstos por la ley. De hecho, la percepción general en la gente es que no ha habido voluntad política para ir contra los funcionarios públicos coludidos con el crimen organizado. Hay que ser presidente municipal o diputado federal para vivir en la impunidad, sustento decisivo del crimen organizado.
Hasta ahora, las fuerzas federales han capturado a infinidad de sicarios, narcomenudistas y halcones, todos, criminales de a pie. Pero no han capturado a un solo funcionario público coludido con los grupos criminales, que impasibles siguen activos en sus cargos. Una estrategia que no incluya el combate frontal a la corrupción, no tiene la menor credibilidad. En este sentido, la Operación Guerrero Seguro da la impresión de ser mucho ruido con escasos resultados.
Y el segundo punto que ha quedado fuera de la estrategia integral del gobierno contra la violencia y la inseguridad, es el patrimonio del crimen organizado. El dinero y los bienes de las organizaciones criminales son como la sangre que da vida a la violencia entre nosotros. Porque tienen abundante dinero, corrompen políticos, compran armamentos sofisticados, contratan sicarios, comercializan las drogas, se hacen de infraestructura y de logística para sus actividades. ¿Por qué no se ha dado un golpe mortal a las organizaciones criminales, rastreando y confiscando el patrimonio que los hace fuertes? ¿Por qué el lavado de dinero sigue estando fuera de control de las autoridades y hay un descontrol de las remesas del crimen organizado? ¿No será que saldrían salpicados personajes de la política y de la iniciativa privada?
Acapulco sigue desangrándose. Sólo ayer domingo, la prensa daba cuenta de catorce asesinados el sábado en esta ciudad. Eso, sin contar los casos de secuestros y desaparecidos, que han quedado fuera de los reportes de los medios de comunicación. Y sin contar las miles de familias que son amenazadas y extorsionadas de manera cotidiana, que representan el lado invisible del crimen organizado. Y sin contar a los cientos de familias desplazadas que tienen que emigrar por razones de seguridad.
Por todo esto, ¿es segura la Operación Guerrero Seguro?