Buscan sobrevivientes de El Charco que la CIDH investigue, a 14 años de la masacre

El 7 de junio de 2011, durante la marcha por el 13 aniversario de la masacre de El Charco, en esa comunidad mixteca de Ayutla *Foto: Éric Chavelas Hernández / Archivo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En la masacre del 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla, el gobierno “hizo un despliegue excesivo de la fuerza armada militar, incumpliendo la normatividad internacional para el uso de la fuerza, demostrando con ello el menosprecio por los seres humanos que se encontraban durmiendo en la escuela de la comunidad, y que durante el día habían celebrado una reunión para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos”, revela el informe que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de que se investiguen estos hechos por los organismos internacionales.
La madrugada de ese día, hace 14 años, tropas del Ejército bajo el mando del comandante de la 27 Zona Militar, general Alfredo Oropeza Garnica, atacaron la escuela primaria bilingüe Caritino Maldonado, de El Charco, donde se encontraban durmiendo representantes de comunidades de la región mixteca, que se habían reunido en asamblea para tratar sobre los problemas como educación, salud, proyectos productivos. En la misma escuela estaba una columna guerrillera del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Los soldados dispararon contra todos los ocupantes, indígenas, dos estudiantes de la UNAM que habían ido a alfabetizar, un activista que participaba en la lucha por los derechos de las comunidades, y también había guerrilleros, que se encontraban en un aula diferente.
Al final hubo 11 muertos: seis indígenas representantes de las comunidades, un estudiante de la UNAM, y cuatro guerrilleros del ERPI, según reconoció este grupo armado. Los testimonios de los sobrevivientes señalan que los soldados dispararon contra las aulas y después ejecutaron a indígenas que ya se habían rendido, que estaban en la cancha de la escuela, sometidos, en el suelo.
El Ejército arrestó en el mismo lugar a 27 sobrevivientes, de los cuales cinco estaban heridos. Los detenidos denunciaron después que fueron torturados por militares. De los detenidos 16 fueron liberados dos días después en Acapulco, y más tarde cinco que eran menores de edad. Fueron encarcelados y procesados por los delitos de rebelión y conspiración cuatro indígenas que resultaron heridos una vez que salieron del hospital, y también la estudiante de la UNAM Ericka Zamora Pardo y el activista Efrén Cortés Chávez, a quienes agregaron portación de armas.
El sobreviviente Efrén Cortés habló en entrevista de la búsqueda de justicia, a 14 años, mediante la presentación del caso en la CIDH.
Reconoció que el proceso será largo, pero que es una esperanza para que los culpables respondan ante la ley.
También informó que se ha integrado un Comité de Sobrevivientes y un Comité de Viudas para que se encarguen de la organización del próximo aniversario, el jueves 8. Asimismo, para que den seguimiento al procedimiento ante los organismos internacionales en los que se ha presentado la denuncia, luego de que el Estado mexicano mantiene en la impunidad a los responsables.
Efrén Cortés indicó que el informe fue presentado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, en nombre de los sobrevivientes y los familiares y viudas de las víctimas, que denuncian que hubo ejecuciones extrajudiciales, agresión a las comunidades por efectivos del Ejército durante y después de la acción, y que los detenidos al trasladarlos a instalaciones militares, fueron torturados y obligados a rendir su declaración ante el Ministerio Público Militar.
Y en el documento se cuestiona que esto ocurrió a pesar de que era obligación del Ejército ponerlos a disposición inmediata del Ministerio Público del fuero civil, y entregar a los detenidos que se encontraban heridos a un hospital civil dando parte al Ministerio Público civil y no trasladarlos a un hospital militar donde se les negaron los alimentos.
Por ello, en el informe enviado a la CIDH, los sobrevivientes y las viudas y los familiares de las víctimas denuncian que en la comunidad de El Charco “se incumplieron los tratados y convenciones signados por el Estado mexicano, y, por ende, con la comunidad internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entre sus artículos destaca el derecho a la vida, a la personalidad jurídica, o a la presunción de inocencia; o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 6 establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana”.

Fue un crimen de lesa humanidad, dice la Red Solidaria Década contra la Impunidad

En el informe se manifiesta que el Estado mexicano “tiene la obligación de investigar esa masacre y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de este hecho, donde se dejó sin protección a las personas que dormían en la primaria de la comunidad de El Charco”.
Además, se denuncia en el documento que el Estado mexicano no investigó y sancionó a los responsables intelectuales y materiales de las ejecuciones extrajudiciales comedidas en contra de las personas que se encontraban durmiendo en la escuela de El Charco.
La Red Solidaria Década contra la Impunidad expresa en la queja elaborada para la CIDH que la masacre perpetrada en la comunidad de El Charco el 7 de junio de 1998, “puede considerarse como un crimen de lesa humanidad y genocidio. Asimismo, un acto doloroso de política de exterminio a las comunidades indígenas en extrema pobreza de nuestro país”.
Denuncia que el Estado mexicano justificó esta masacre bajo el argumento de que efectivos del Ejército realizaban un reconocimiento nocturno, al mando del coronel Jorge Alberto Guerra Tenorio, y que fueron atacados.
Agrega el infirme que “Guerrero se ha caracterizado por la presencia de grupos armados revolucionarios desde la década de los años 70 y éstos han sido regularmente confrontados con la Guerra Sucia”.
Se menciona en el informe que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) reconoce en su comunicado 3 que cuatro de sus combatientes fueron masacrados, con lo que se manifiesta que fue una acción directa contra los miembros de este grupo armado que se encontraban allí, sin cerciorarse de que también había población civil que nada tenían que ver con el grupo guerrillero.
En el informe se menciona que los responsables de la agresión militar fueron el general de división, diplomado del estado mayor y comandante de la Novena Región Militar, Luis Humberto López Portillo Leal y el comandante de la 27 Zona Militar, Juan Alfredo Oropeza Garnica, quienes eran los responsables militares en Guerrero ese año.
En cuanto a los resultados del ataque militar se recuerda que 10 indígenas ñu’savi y un estudiante de la UNAM fueron masacrados, asimismo que 22 civiles fueron detenidos en forma arbitraria, de los cuales 17 fueron trasladados a la Novena Región Militar de Cumbres de Llano Largo en Acapulco, “donde fueron torturados”, con lo que el Ejército mexicano violó los tratados internacionales en materia de derechos humanos, dice el informe.
Por ello, se insiste en el documento que el Estado mexicano está obligado a investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos “reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en particular en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, así como a reparar el daño producido”.
En dicho informe se incluyen testimonios de sobrevivientes, así como de familiares de las víctimas quienes coinciden en que el Ejército disparó a mansalva en contra de quienes esa noche del 6 de junio de 1998 pernoctaban en la escuela de El Charco.

Reúnen pruebas

Uno de los sobrevivientes, Efrén Cortés Chávez, entrevistado al respecto informó que actualmente están dadas las condiciones para demandar al Estado mexicano, puesto que no está garantizando lo más básico para juzgar a los autores materiales e intelectuales de la masacre de El Charco y de otras masacres en el estado, dijo.
Explicó que el informe es una “sistematización de testimonios e informes” que surgieron a partir del 7 de junio del 98 “y de ahí partirán las pruebas que se presentarán ante la CIDH”, insistió.
Indicó que lo más importante es que en el informe hay argumentos fuertes ante los que el Estado tiene que responder por las ejecuciones extrajudiciales “porque hay testimonios tanto de las personas que recogieron los cadáveres, como de nosotros que observamos que la mayoría de la gente que resultó muerta fue después de la rendición”, dijo.
“A nosotros nos consta que antes de la rendición sólo había tres muertos y después aparecieron muchos más y hasta con el tiro de gracia, y eso es lo que creemos que se debe investigar”, declaró.
Indicó que el primer responsable de todo esto es el Estado mexicano y después las fuerzas del Ejército mexicano, “pues hay un compañero que dice que vio cuando un jefe militar ordenó que dispararan ya cuando la gente estaba rendida, y después él mismo ordenó que suspendieran el tiroteo”.
“Entonces que el Ejército no vaya a decir que fue un enfrentamiento, el Ejercito llegó a agredir y nada justifica su actuar. El Ejército sabía que había hasta niños allí, entonces hay varios elementos para que se implique responsabilidad en contra del Estado mexicano”, dijo.
Sin embargo, admitió que para que se desahogue la denuncia será un proceso largo, “pero empezaríamos con que el informe sea aceptado por la CIDH y si este organismo encuentra argumentos de responsabilidad que lo turne a la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) de Costa Rica, pero para eso se está tratando de recopilar todos los testimonios, declaraciones y recortes periodísticos”, insistió.
Explicó que la denuncia se presenta hasta ahora porque “siempre es muy difícil llevar una lucha en contra de una institución que se maneja a través de la impunidad, pues ninguna fuerza política se atreve a denunciar que es ilegal lo que está haciendo”.
Y en este sentido dijo que el organismo y los sobrevivientes que presentaron la denuncia “nos enfrentamos ante esta situación, en donde los medios de comunicación, el Estado mexicano están potencializando las virtudes del Ejército”.
Además, recordó que “nosotros estuvimos cuatro años presos y cuando salimos estuvimos varios años hostigados y conocíamos a muy pocas organizaciones que nos pudieran apoyar”.
Pero dijo que les han dicho expertos en derecho que ese tipo de delitos no prescribe porque la ejecución extrajudicial es un delito grave, y que hay argumentos suficientes para demandar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana.
Efrén Cortés informó que independientemente de este informe enviado a la CIDH, las viudas y los sobrevivientes se están organizando y que el próximo 7 de junio en la comunidad de El Charco se va a dar a conocer la integración del Comité de Sobrevivientes y el Comité de Viudas, organismos que se encargarán de la organización del homenaje, y darán seguimiento a la denuncia que fue presentada ante la CIDH.
Agregó que estos comités “realizarán una función muy importante en esta larga lucha que se va a llevar, porque serán los que presenten los testimonios y evidencias”.
También dijo que entre los proyectos que podrían llevar adelante los Comités están la construcción de un museo en la escuela Caritino Maldonado, “en donde se recoja toda la memoria de lo que pasó allí, es decir, que sirva como un museo de la historia de lo que pasó”, expuso.
Informó que el Comité de Sobrevivientes y el Comité de Viudas ya se formaron, y el 7 de junio el obispo Raúl Vera  tomará la protesta a sus integrantes.
Informó que el Comité de Sobrevivientes lo integran 16 personas de un total de 21 que eran porque cinco de ellos han sido asesinados en estos 14 años, “no sabemos cómo, pero extrañamente han sido asesinados, no queremos pensar que sea parte de la represión y hostigamiento”, dijo.