Pensaron que pagarían multa y les entregarían a sus hijos, dicen padres a cetegistas en Chilapa

“Que (a la esposa del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca) me la prestaran cinco minutos para partirle su madre, a ver si no dice en dónde están nuestros hijos”, exclamó Catalina Epifanio Madero, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos.
Ayer una comitiva de padres de familia de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos por la Policía Municipal de Iguala y Cocula la noche del 26 de septiembre, acudió a una asamblea general de bases de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) de la Montaña baja.
Catalina Epifanio, Aristeo González, Eleuterio Ortega y Margarito Guerrero portaron carteles con los rostros de los estudiantes Felipe Arnulfo Rosa y de Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Ante unos 400 maestros, los familiares de los normalistas relataron que no ha sido nada fácil luchar desde que les avisaron que a sus hijos los había detenido la policía.
Dijeron que pensaron que los tenían detenidos y que tenían que ir a pagar una multa por algo que hicieron para recuperarlos.
“Nunca pensamos lo que iba a llegar a pasar. Hoy se cumplen dos meses de no saber de nuestros hijos, no sabemos si comen o no, qué les estarán haciendo, los estarán torturando, les darán agua, no sabemos nada, nada”, dijo Catalina Epifanio.
Añadió que no culpan a la delincuencia organizada, sino al gobierno de Iguala, al gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero “porque él sabía que tenía a un presidente municipal narcotraficante” y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque también tuvo conocimiento desde antes del 26 de septiembre de la situación que se vivía en Iguala.
Catalina Epifanio lamentó que haya tenido que pasar eso para que la sociedad abriera los ojos.
“Ahora acuden muchas familias a Iguala a hacer pruebas de ADN para encontrar a sus familiares desaparecidos, ya van más de 150 familias que llegan de otros estados de la República”, mencionó.
Exigió que las autoridades regresen a los jóvenes con vida, “así como se los llevaron los policías”.
Los otros padres de familia afirmaron que las autoridades federales no investigan como debe de ser y que cuando ellos han participado en la búsqueda han encontrado más evidencias que las autoridades.
Descalificaron la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que sus hijos fueron quemados y calcinados y que sólo le tienen confianza a los peritos argentinos.
Denunciaron que el gobierno ha ofrecido un millón de pesos a cada padre de familia para que dejen de buscar a sus hijos y de exigir justicia.
“Les decimos que no queremos dinero, queremos a nuestros hijos y miedo ya no tenemos”, afirmó.
En una segunda participación para agradecer la solidaridad del magisterio y denunciar la falta de justicia y resultados de las autoridades federales, Catalina se refirió a María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca: “Y ahora resulta que la esposa de Abarca no quiere hablar, que me la prestaran 5 minutos para partirle su madre, a ver si no la hago hablar y dice dónde están nuestros hijos”, exclamó molesta.
Dijo que los 49 padres de familia, incluidos los padres de los tres normalistas asesinados y los tres hospitalizados, están dispuestos a todo lo que venga, incluso a visitar los campos militares para buscar ahí a sus hijos, por si están secuestrados por el Ejército.
Otro padre de familia exigió al gobierno federal: “Que los presenten que digan la verdad, que no nos mientan, el gobierno se los llevó, ellos se los llevaron y nos están diciendo pura mentira”. (Luis Daniel Nava / Chilpancingo).