No les permiten usar sus concesiones, dicen restauranteros de playa San Vicente

 Magdalena Cisneros

Integrantes de la Asociación de Restauranteros de Playa San Vicente, junto a la Bonfil, exigieron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les permita utilizar las concesiones en Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT) que –aseguraron– fueron autorizadas en 1990 para 51 personas, así como la liberación de accesos para la playa.

En conferencia de prensa, en el restaurante California, 10 prestadores de servicios turísticos amenazaron que si en dos semanas no hay una respuesta positiva de la dependencia “vamos a tomar posesión de las concesiones” al construir sus negocios con palapas frente al desarrollo turístico de Playa Vela.

El secretario general de la asociación, José Campos Aparicio, explicó que desde 1985 solicitaron concesiones en la delegación de la Semarnat, las cuales fueron autorizadas en 1990 para construir unas cabañas para vender diversos productos, pero no los dejaron construir porque necesitaban un dictamen técnico del lugar sobre el destino de las aguas residuales.

El estudio lo efectuó la funcionaria de la Semarnat, Celia Reduncindo Gallardo, y el documento fue enviado a la ciudad de México para su aprobación, pero a la fecha no obtienen respuesta.

El representante jurídico de la asociación, Marco Antonio Cruz Manjarrez, mencionó que analiza la situación legal de las concesiones, porque tenían un plazo de cinco años pero al no ser utilizadas podrían estar en su derecho de utilizarlas.

Como una prueba de que tienen las concesiones mostró un documento enviado por el delegado de la Procuraduría del Medio Ambiente (Profepa), Miguel Angel Calzada Adame, de que inspectores de la dependencia inspeccionarían el lugar para constatar que utilicen parte de la ZFMT.

Asimismo, el restaurantero Adelfo Pérez Tolentino denunció que fueron cerrados los accesos de la playa desde la casa del (cantante) Luis Miguel, hasta la Bonfil, y eso es anticonstitucional”.

Explicó que junto a su negocio y al de María Esther Lugo comenzaron a construir una barda que impide el acceso a las personas y por ello han bajado sus ventas, además de que perjudican a 20 trabajadores en cada restaurante.

Indicó que el permiso que otorgó el Ayuntamiento fue de 165 metros cuadrados, pero la barda excede esa medida

Pérez Tolentino recordó que la dueña del predio estableció que habría 10 metros de ancho para el acceso de personas y vehículos, no obstante “no lo hay”.