Después de Iguala México debe cambiar, proclama Peña Nieto

*Plantea la intervención federal en ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado y la desaparición de las policías municipales, empezando por Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas donde se formará una Policía Estatal Única

*Se construirá un polo industrial en Lázaro Cárdenas y municipios vecinos guerrerenses

*“Todos somos Ayotzinapa”, dijo  en su discurso

*Insuficientes”, las medidas para castigar desapariciones forzadas, critican organizaciones de derechos humanos

*Falta autocritica y son acciones electorales: PAN

*No trató el caso del Ejército que debe volver a los cuarteles: PRD

*No hace más que “reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio”, cuestiona Human Rights Watch

Después de Iguala México debe cambiar, dice Peña Nieto; presenta nuevo plan de seguridad

*Plantea la intervención federal en ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado y la desaparición de las policías municipales, empezando por Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas donde se formará una Policía Estatal. Se construirá un polo industrial entre Lázaro Cárdenas y Guerrero

Agencia Reforma

Ciudad de México

Dos meses después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un plan de acción en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción.
Peña planteó cambios legales que permitan a la Federación tomar el mando municipal cuando las autoridades locales se involucren con la delincuencia, así como crear 32 policías estatales únicas.
También, establecer un número de emergencia 911, mejorar la justicia cotidiana, realizar un operativo especial en Tierra Caliente y delimitar tres zonas económicas especiales para abatir la pobreza en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

“No podemos seguir así”, dice

Con un decálogo de acciones en materia de seguridad y justicia, el presidente Enrique Peña Nieto pretende frenar la infiltración del crimen organizado en municipios, principalmente, y revertir la corrupción, violencia y descontento social.
A Palacio Nacional llegaron algunos de los empresarios más importantes del país, gobernadores, líderes sindicales y representantes del Poder Legislativo y Judicial. De órganos autónomos, de la sociedad civil y de los sectores académico, cultura y artístico, para escuchar la nueva estrategia por la paz, unidad y justicia.
El primer mandatario arrancó su discurso de 37 minutos recordando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrados hace dos meses exactamente, por los cuales, informó, se han tenido a 79 probables responsables.
En esos “actos de barbarie”, argumentó, se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional, que permitieron el control del territorio por parte de un grupo criminal.
“Las personas que han salido a las calles en México y en distintas partes del mundo; las expresiones de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, de artistas, intelectuales y deportistas; las miles de inconformidades difundidas en redes sociales, así como las opiniones de articulistas y columnistas, todas coinciden en un punto fundamental: México no puede seguir así.
“Y tienen razón. Después de Iguala, México debe cambiar”, apuntó.
El lunes, el secretario de Gobernación afirmó que el presidente haría un diagnóstico y una evaluación sobre lo que no está funcionando en materia de seguridad. En el mensaje de Peña Nieto no hubo una autocrítica a la estrategia de seguridad a dos años de su gobierno, sí a las deficiencias municipales, los faltantes estatales y retrasos legislativos y del Poder Judicial.
El plan contempla una veintena de acciones.
Las inmediatas se concretarán este lunes, cuando el Jefe del Ejecutivo envíe una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso en la expedición de la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales; otra sobre la redefinición de delitos penales y sistema de competencias en materia penal; y una más para crear Policías Estatales Únicas.
Pese a que algunos legisladores habían adelantado la creación de una Comisión de Estado, no fue así.
Sin embargo, se le pidió al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que en 90 días entregue un plan de propuestas de especialistas y de la sociedad civil para mejorar la situación en el país.
Para el primer mandatario, México está nuevamente a prueba, por lo que pidió a los diversos sectores construir y unir en lugar de destruir y dividir, así como fortalecer las instituciones y no debilitarlas.
“El grito de “Todos somos Ayotzinapa”, demuestra ese dolor colectivo. Es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad. Es un llamado a seguir transformando a México”, finalizó tras reconocer que seguirán existiendo obstáculos y resistencias.

La iniciativa para las policías municipales, el lunes

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que el lunes enviará una iniciativa de reforma para crear un nuevo modelo policiaco con el que desaparecerán todas las Policías municipales que serán reemplazadas por corporaciones estatales.
Propuso que los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas sean los primeros en adoptar este modelo.
Para crear nuevos polos de desarrollo propuso crear tres zonas económicas especiales: el Corredor Industrial Interoceánica (Itsmo); la segunda en Chiapas; y entre el puerto Lázaro Cárdenas y Guerrero.
Adicionalmente, informó que propondrá una reforma constitucional que facultará al Congreso a expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.
Con esto, dijo, se establecerá el mecanismo para que la Federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, disuelva un Ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia.
El mandatario señaló que para definir las competencias de cada autoridad en el combate al delito enviará otra reforma que redefinirá todo el sistema de competencia penal para que ninguna autoridad pueda poner pretextos para rehuir su responsabilidad.
Como cuarta acción se plantea crear un teléfono único para emergencias a nivel nacional, que sea como ocurre a nivel internacional el 911, y establecer una clave única de identidad.
Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo informó que ordenó un operativo especial en la región de Tierra Caliente, particularmente en Guerrero y Michoacán, para reforzar la seguridad con fuerzas federales.

Las 10 acciones en concreto:

1.-Expedición de la Ley contra la Infiltración del Crimen en Autoridades Municipales.
2.-Se redefinirán las competencias de cada autoridad en el combate al delito, tomando en cuenta las fortalezas institucionales de cada orden de Gobierno.
3.-Creación de Policías Estatales Únicas, empezando en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas.
4.-Creación de un número único de emergencias, el cual pueda ser el 911.
5.-Creación de una Clave Única de Identidad.
6.-Operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente.
7.-Impulso a reformas para hacer efectivo el derecho humano y enriquecer la justicia cotidiana.
8.-Expedición de leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada.
9.-Aprobacion de leyes y reformas en materia de combate a la corrupción.
10.-La Secretaría de la Función Pública desarrollará un portal de información sobre proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal.

“Insuficientes”, las medidas anunciadas por Peña Nieto, critican organizaciones

*No estén centradas en erradicar la desaparición forzada ni incluyen aportes de las víctimas y la sociedad civil, señalan. Lamentan la ausencia de medidas inmediatas para garantizar que en las desapariciones denunciadas haya “justicia y verdad”

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y siete organizaciones calificaron como “insuficientes” las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto, criticaron que no estén centradas en erradicar la desaparición forzada ni incluyan aportes de las víctimas o la sociedad civil, y recordaron que el plan nacional de desaparecidos “no sirvió” para prevenir la matanza y desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
“Frente a la magnitud de la crisis de desapariciones, es reprochable que el mensaje central de hoy no reconociera la magnitud de esta crisis y se omitiera incluir medidas inmediatas y emergentes, en el ámbito de la justicia, para garantizar que en todas las desapariciones denunciadas haya justicia y verdad”, señalaron en un comunicado.
Además, lamentaron que a más de dos meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Peña Nieto no haya presentado ninguna acción concreta para profundizar la búsqueda, ni realizado ningún acercamiento con los padres de familia porque los compromisos que suscribió con ellos “permanecen incumplidos”.
El comunicado fue enviado ayer por la noche, firmado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), JASS Asociadas por lo Justo, y SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados.
Afirmaron que las medidas anunciadas ayer para enfrentar la crisis de violaciones de derechos humanos y corrupción tras los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, y la atención brindada ante las desapariciones forzadas son “insuficientes” por la grave problemática que se ha evidenciado.
Recordaron que “no es la primera vez” que el gobierno federal anuncia planes y acciones de búsqueda porque el 9 de julio de 2014 la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación presentaron el Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, con mecanismos para acelerar la búsqueda, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para buscar a los desaparecidos.
“No sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para responder con acciones de búsqueda inmediata. Respecto de este antecedente, lo anunciado hoy no implica novedad ni avance cualitativo alguno”, señalaron.
Agregaron que aunque se comprometió a crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, un Sistema Nacional de Información, reformas sobre la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, no informó el contenido del Sistema Nacional ni hubo una consulta para construir la propuesta con la participación de “quienes por años han denunciado el aumento exponencial de las desapariciones”.
Criticaron que parte de los anuncios corresponden al Poder Legislativo pero no señaló medidas inmediatas para impulsar la investigación de miles de desapariciones denunciadas en los últimos años ni esquemas que garanticen la búsqueda de las personas y sanción de los responsables.
Destacaron que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) indicaba de forma “alarmante” que hasta el 31 de octubre había 23 mil 605 personas no localizadas en México, y reprocharon que se debe reconocer la magnitud de la crisis e incluir medidas inmediatas y emergentes.
“La creación de un Sistema Nacional de Búsqueda no puede dejar de lado los aportes de las víctimas y de la sociedad civil, que han sido los principales factores de impulso a la búsqueda de las personas desaparecidas”, expusieron.
Añadieron que las iniciativas deben consultarse ampliamente y que la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindará elementos para que el Estado mexicano diseñe reformas y políticas de búsqueda que “verdaderamente atiendan de manera integral” la problemática de desaparición forzada. (Redacción / Acapulco).

PAN y PRD lamentan la falta de “autocrítica” del Presidente; Iguala afectó al gobierno: PRI

Agencia Proceso

Ciudad de México

Las bancadas del PRD y del PAN en el Senado de la República afirmaron que “carecen de autocrítica” las 10 medidas anunciadas por el primer mandatario Enrique Peña Nieto, además de que representan una amenaza para el federalismo al limitar la intervención en los municipios.
En tanto, el PRI consideró que se trató de “un mensaje franco” y admitió que les afectó “esta desgracia” de Iguala, donde 43 normalistas fueron desaparecidos por la policía municipal.
En conferencia de prensa, los tres coordinadores de las respectivas bancadas: Miguel Barbosa, del PRD; Jorge Luis Preciado, del PAN, y Emilio Gamboa Patrón, del PRI, advirtieron que no hay tiempo para discutir y aprobar en este periodo ordinario las propuestas legislativas del Ejecutivo federal. Tendría que ser en un periodo extraordinario. PRD y PRI afirmaron que están dispuestos a que sea después del 15 de diciembre.
A nombre de los senadores panistas, Preciado afirmó que las medidas son “electoreras”, que parten de un “mal diagnóstico” y que “la mayor parte son propuestas del grupo parlamentario panista que están en la Cámara de Diputados y Senado”, como en el caso del mando único, la desaparición forzada y la ley de tortura, entre otros.
Consideró que hizo falta “más autocrítica” para “no quedarse solamente en un mensaje mediático y absolutamente electorero”.
Mencionó que en temas como la “Casa Blanca”, el tren de alta velocidad México-Querétaro y otras licitaciones, hace falta un mejor diagnóstico.
Miguel Barbosa, coordinador del PRD y presidente de la Mesa Directiva del Senado, no descalificó la propuesta, pero consideró que le hizo falta “autocrítica a las causas, autocrítica de la forma como se han desarrollado los hechos, porque el ánimo social requiere posiciones autocríticas”. Criticó, asimismo, que no se incluyera a otras entidades para el mando único, como Veracruz y el Estado de México.

Faltó autocrítica sobre el Ejército

–¿Está en condiciones el país para plantear el retorno de los militares a los cuarteles? –se le cuestionó a Barbosa.
–No hay ninguna observación del Ejecutivo en relación al Ejército. Nosotros hemos tenido una posición programática en el sentido de que el Ejército debe estar en los cuarteles para los fines constitucionales correspondientes –respondió.
El coordinador del PRD admitió que el Ejército en estos casos “ha jugado papeles a veces destacados, a veces dudosos, oscuros, y desde luego que cuando hablamos de autocrítica general hay que incluir la posición que el Ejecutivo omitió respecto a la participación de todas las fuerzas del orden”.
Barbosa también admitió que el Senado de la República ratificó varios nombramientos que incluyeron a altos mandos involucrados en casos como los de Tlatlaya e Iguala. Y afirmó que “una vez que quede determinado la participación de los responsables del Ejército en Tlatlaya, tendría que ver si existen responsabilidades y la degradación del ascenso otorgado”.

“Estábamos para dar el brinco”

El coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, criticó al PAN por considerar que eran “electoreras” las medidas anunciadas por Peña Nieto, y agradeció que el PRD “no va a regatear” la necesidad de un periodo extraordinario.
“Nosotros no creemos en lo que dijo Acción Nacional. Nosotros estamos con todos los mexicanos; estamos con el dolor que sufre Iguala y Ayotzinapa, y estamos tratando de sacar las cosas lo mejor posible”, insistió Gamboa Patrón.
Sin embargo, admitió que los sucesos de Iguala afectaron al gobierno priista. “México estaba listo para dar el brinco y se nos apareció esta desgracia. Así es la vida en nuestro país”, atajó.

Peña no hace más que “reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio”: HRW

Agencia Proceso

Ciudad de México

Organizaciones de derechos humanos criticaron el decálogo de acciones que este jueves dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD), esas medidas ya habían sido anunciadas con anterioridad, pero hasta ahora no se han aplicado y mucho menos ha disminuido el número de personas “no localizadas” , que al 31 de octubre de este año sumaban 23 mil 605.
Desde Washington, José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch (HRW), consideró que el gobierno de Peña no hace más que “reeditar el mismo producto  con un nuevo envoltorio”, lo que dificulta  “tomar con seriedad y otorgarle credibilidad a sus anuncios en materia de derechos humanos, debido a que buena parte de ellos trata sobre compromisos y planes que supuestamente ya estaban en curso”.
En un breve comunicado para fijar su posición, Vivanco recordó que al inicio de la gestión de Peña y ante el reclamo generalizado de organizaciones nacionales e internacionales sobre los miles de desaparecidos, “el gobierno asumió el compromiso de crear un mecanismo para su búsqueda como una de las tareas principales de su administración”.
En julio de este año, precisó, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República  (PGR) presentaron lineamientos para promover la búsqueda y en agosto presentaron el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas  No Localizadas.
Por ello, agregó, resulta extraño que el presidente haga el mismo anuncio, al que le añadió el Sistema Nacional de Información Genética, mientras reitera el compromiso de “revisar la definición del delito de desaparición forzada en distintas normas penales”.
Al dar cuenta de la reedición de las promesas, Vivanco apuntó que “la efectividad del gobierno para abordar la enorme y grave crisis de derechos humanos que enfrenta México está en su capacidad de mostrar resultados, y no en los anuncios y promesas de lo que va a hacer, que en teoría debía ya haber hecho”.
En  México, diversas organizaciones reprocharon que en el diseño de las medidas anunciadas, el gobierno federal no tomara en cuenta a la sociedad civil ni a expertos, y mucho menos a familiares de víctimas que se han entregado a la búsqueda de sus seres queridos, y manifestaron su desconfianza de la eficacia de esas acciones.
En un comunicado conjunto, criticaron que la puesta en marcha de las reformas dependa en los hechos del Poder Legislativo, “sin que el titular del Ejecutivo haya señalado alguna medida inmediata para impulsar la investigación de las miles de desapariciones forzadas que han sido denunciadas en los últimos años, en esquemas que garanticen tanto la búsqueda de personas desaparecidas como la sanción de los responsables”.
Al recordar que el 9 de julio de este año fue presentado un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, que incluía “el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas”, las organizaciones sociales apuntaron que dicho Plan “no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para hacer frente a las acciones de búsqueda inmediata”, de ahí que no hay garantías de que las medidas anunciadas este jueves representen “un avance significativo”.
De las acciones e iniciativas legislativas dadas a conocer por Peña Nieto para enfrentar la crisis humanitaria, reprocharon que “el contenido del Sistema Nacional no fue informado ni existió ningún procedimiento de consulta previa con quienes por años han denunciado el aumento exponencial de las desapariciones en México”.
Para las organizaciones, el gobierno de Peña Nieto estaba obligado a consultar los términos de la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, porque  “no puede dejar de lado los aportes de las víctimas y de la sociedad civil, que han sido los principales factores de impulso a la búsqueda de las personas desaparecidas”.
El Ejecutivo, apuntaron, debió tomar en cuenta la asistencia técnica que brindará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado atienda el caso de los normalistas desparecidos, y que “aportará elementos para el diseño de políticas de búsqueda y justicia que verdaderamente atienda este problema en el plano estructural”.
Lamentaron que al cumplirse dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Peña Nieto “no haya anunciado ninguna acción concreta para profundizar la búsqueda de los jóvenes, cuyo paradero hasta hoy no se ha esclarecido con pruebas científicas, ni haya realizado ningún acercamiento con los padres y madres de familia que han vivido en la zozobra e indignación desde el 26 y 27 de septiembre, ante quienes suscribió compromisos que hasta hoy permanecen incumplidos”.
Con el lema de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, firmaron el documento los centros de derechos humanos Fray Juan de Larios y Miguel Agustín Pro Juárez  de la Montaña-Tlachinollan, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Scalabrinianas, Misión para  Migrantes y Refugiados.