Exhortan diputados a la PGJE a investigar desapariciones ejecutadas por Montiel López

 En la primera de las dos sesiones en el Congreso del Estado, aprueban también pedir a la PGR atraer el caso de dos ciudadanos guerrerenses procesados por la Procuraduría de Morelos

Por unanimidad, en la primera de las dos sesiones de ayer en el Congreso del Estado, los diputados del PRI, PRD, PAN, Convergencia, PRS, PT y PVEM, exhortaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a que investigue “posibles hechos” vinculados a la desaparición forzada, tortura y vejaciones cometidas por el ex subdirector de Seguridad Pública en Guerrero y ex coordinador de la Policía Ministerial en Morelos, José Agustín Montiel López.

También se solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga las investigaciones relacionadas con los ciudadanos Sergio Espín Palacios y su hijo Sergio Espín Coronel, por considerar que la Procuraduría General del Estado de Morelos (PGJM), “de forma intencionada ha pretendido involucrar a estos ciudadanos de origen guerrerenses, como elemento distractor de la descomposición de la Procuraduría en aquella entidad”.

El tema del también ex director general de los Centros de Readaptación Social (Cereso), José Agustín Montiel, fue llevado a tribuna en un punto de acuerdo presentado por el diputado del PRD y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, René Lobato Ramírez.

El tema provocó que no hubiera debate, y luego de la lectura del punto de acuerdo del perredista el presidente de la Mesa Directiva, por abril, el diputado del PT, Fredy García Guevara, lo sometió a votación y se aprobó por unanimidad de los 39 diputados presentes.

Allí, el diputado René Lobato Ramírez leyó en los considerandos de su punto de acuerdo, que los medios de información nacional y local dieron cuenta de la aprehensión, por parte de la PGR, del coordinador de la Policía Ministerial del estado de Morelos, José Agustín Montiel, por los cargos de delincuencia organizada y narcotráfico, al dar protección policíaca al narcotraficante Juan José Esparragoza, El Azul.

El diputado perredista recordó que José Agustín Montiel acumuló “innumerables” recomendaciones –aunque más delante dijo que fueron 13– por parte de la Codehum, por violaciones reiteradas a las garantías individuales, acciones que pudo efectuar al desempeñarse como “comandante de la Policía Motorizada, director de los penales del estado y subsecretario de Seguridad Pública”.

Acusó entonces que José Agustín Montiel tuvo “una conducta delictiva, y manifiesto desempeño como brazo ejecutor de la represión a los opositores al gobierno de José Francisco Ruiz Massieu”, por las cuales existen “evidencias palpables de su participación, asesinato y tortura en contra de dirigentes y militantes del PRD durante las protestas poselectorales de 1989, cuando se reclamaba legítimamente el respeto a los triunfos obtenidos en las elecciones municipales”.

Estas mismas conducta –señaló René Lobato– se repitieron en los penales de Guerrero, “que además de reprimir con total impunidad utilizaba los penales como negocio particular, pues se dice que controlaba desde las tiendas de abarrotes hasta la venta de drogas y alcohol en dichos centros de reclusión”.

Refirió que los medios de información retomaron que José Agustín Montiel torturó al actual presidente del Consejo Estatal del PRD, Adolfo Plancarte Jiménez; al ex diputado federal Eloy Cisneros Guillén, que fue torturado durante su traslado de Ometepec al reclusorio de Acapulco; además a los dirigentes perredistas Arturo Gallegos Nájera, a Juan García Costilla (diputado federal) y a Rosa María Gómez Saavedra.

Enseguida indicó que en el escenario de violaciones a los derechos humanos y de “menosprecio” a la ley de parte de José Agustín Montiel, en su desempeño como director de la Policía Ministerial del estado de Morelos, “también fue acusado de innumerables irregularidades en perjuicio de ciudadanos, siendo un caso reciente el perpetrado contra un comerciante originario de Guerrero, Sergio Espín Palacios, quien junto con su hijo Sergio Espín Coronel se han convertido en chivos expiatorios de un delito que no cometieron, y cuyas actuaciones se integran en la averiguación previa FDO/ 2ª/314/03-10 del estado de Morelos, por el delito de secuestro en contra de un ciudadano de origen canadiense”.

René Lobato agregó que la “acción ilícita” de Agustín Montiel contra Espín Palacios se materializó con la detención de su hijo Sergio Espín Coronel, “sin que existan las pruebas de su responsabilidad, pues incluso los testigos de cargo se han desistido de las supuestas acusaciones, con el argumento de que sus declaraciones fueron manipuladas para inculpar a dos personas inocentes y dejar a salvo de las investigaciones al propio Agustín Montiel y a sus policías, quienes han sido señalados como responsables del secuestro”.

René Lobato consideró que “a la fecha el arraigo tuvo que ser suspendido por el juez que conoce la causa, debido a la manifiesta inocencia del inculpado, no obstante el acoso policiaco y la orden de presentación se mantiene aun cuando no existen elementos legales para ello”.

Por ello el perredista René Lobato solicitó a la PGJE que investigue “posibles hechos” vinculados a la desaparición forzada, tortura y vejaciones cometidas por el ex subdirector de la Seguridad Pública en Guerrero y ex coordinador de la Policía Ministerial en Morelos, José Agustín Montiel López.

También solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga las investigaciones que se encuentran relacionadas con los ciudadanos Sergio Espín Palacios y su hijo Sergio Espín Coronel, por considerar que la Procuraduría General del Estado de Morelos (PGJM), “de forma intencionada ha pretendido involucrar a estos ciudadanos guerrerenses como elemento distractor de la descomposición de la Procuraduría en aquella entidad”.

Sin debatir, los diputados aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado por René Lobato.

Dan lectura a la denuncia contra alcalde perredista de Chilapa

En esta sesión se dieron las primeras lecturas a los dos dictámenes de la Comisión Instructora, por los que resuelven procedentes las denuncias de juicio político en contra del alcalde perredista de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo.

Una denuncia de juicio político fue por la acusación de los comerciantes del Mercado Central, por el desalojo del 28 de diciembre de 2002.

Y el segundo dictamen por la denuncia de juicio político solicitada por los dirigentes del FDP, por la “represión” del 24 de agosto del 2003. Ambos dictámenes les será dada las segundas lecturas en las sesiones de las próximas semanas.