Cuauhtémoc Sandoval Ramírez

Mensaje al grupo Solidaridad

Invitado ayer a un desayuno por el grupo Solidaridad de Acapulco, que preside el pintor y escultor Antonio Ramos Barbosa, tuve oportunidad de comentar algunos temas de actualidad en esta etapa preelectoral en el estado de Guerrero, cuyas elecciones el 6 de febrero de 2005 serán la antesala de las elecciones federales de 2006. En ambas, la apuesta es que la alternancia pueda darse hacia la izquierda.

Al evaluar los cinco años del gobierno de René Juárez Cisneros, recordé un reportaje de la revista Proceso Sur en septiembre del 2001 a dos años de su gobierno, que encabezaba su portada con el título: “René Juárez no puede con Guerrero”, que es una definición exacta de la incapacidad que ha tenido el gobierno estatal para enfrentar los agudos problemas de la entidad, que está ubicada en el lugar número 30 entre las                             32 del país, por su menor desarrollo económico y social.

En especial, en estos días pasados y pese al asueto de Semana Santa, ha salido a relucir el profundo deterioro de los cuerpos policiacos en Guerrero, a raíz de la detención de José Agustín Montiel López, coordinador general de la Policía Ministerial de Morelos, quien fue                             alto jefe policiaco en Guerrero en la década de los 80, durante los gobiernos de Alejandro Cervantes Delgado y José Francisco Ruiz Massieu y cometió un sinnúmero de atrocidades contra los guerrerenses.

Les comenté que me entrevisté el pasado martes 13 de abril con el licenciado José Luis Urióstegui, quien fue procurador de Justicia de Morelos en la primera etapa del gobierno de Sergio Estrada Cajibal quien me proporcionó el memorándum que le entregó al gobernador panista morelense sobre Agustín Montiel, donde se señala que “desde su cargo de director de Seguridad Pública Estatal en Guerrero diseñó los desalojos de los ayuntamientos que tomó el PRD en 1989, debido a lo cual se le señaló como uno de los jefes policiacos más represores del estado”.

Más recientemente, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero pidió a la Procuraduría General de la República que se castigue a dos ex directores de la Policía Judicial de Guerrero (hoy Policía Ministerial), Jaime Figueroa Velázquez y Edilberto Solís Ramírez, quienes son acusados en la recomendación 019/2002 de la Codehum por la desaparición de nueve personas durante el actual periodo del gobernador René Juárez Cisneros, y porque están involucrados en delitos de narcotráfico y secuestro.

Pero no sólo ha fracasado este gobierno estatal, en materia de derechos humanos. También en el terreno económico, el gobernador realizó una ilegal y anticonstitucional medida, como es la bursatilización de la deuda pública del estado, que proporcionó jugosas ganancias a los funcionarios estatales de la Secretaría de Finanzas y dejará atado de manos en materia financiera al nuevo gobierno perredista que se instalará en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, el primero de abril de 2005.

En el ámbito político, el gobierno estatal promovió una raquítica reforma electoral que ha impedido que la ley local esté a la altura de las medidas plasmadas en el Código Federal Electoral, por lo que hoy es una de las más atrasadas en el país. Vamos a una nueva contienda teniendo reglas de juego poco equitativas.

En relación con la candidatura priísta, comenté que el gobernador René Juárez se empleó a fondo a fin de doblegar las aspiraciones de los precandidatos, para imponer al senador Héctor Astudillo, quien su único mérito en su carrera política ha sido la de haber nadado de muertito para no definirse ante temas importantes de la vida política estatal, como es el genocidio de Aguas Blancas.

La rebelión de Carlos Sánchez Barrios, antiguo candidato del gobernador, y su posterior destitución como coordinador de la diputación príista es signo de una justificada inconformidad con los viejos métodos caciquiles y abre posibilidades de ampliar las alianzas antipriístas.

Les comenté que está en marcha una nueva reforma electoral que se está discutiendo en la Cámara de Diputados federal que pretende acortar los tiempos de campaña, los gastos electorales y reglamentar el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. Asimismo, se discute el voto de los mexicanos en el extranjero. Para los candidatos a Presidente de la República se limitará sus campañas a tres meses, para gobernador dos meses, y mes y medio para diputados y presidentes municipales.

El PRD está obligado a esperar la culminación del actual debate que en materia electoral se desarrolla en la Cámara de Diputados, así como la decisión del Instituto Federal Electoral que deberá legitimar las reformas que se efectuaron a sus estatutos en el pasado Congreso Nacional y que contienen las normas para elección de nuestros candidatos internos, así como para los candidatos externos, que no pertenecen a las filas de nuestro instituto político.

Con                             René Juárez Cisneros debe concluir todo un ciclo de inestabilidad, improvisación y autoritarismo en la vida política de Guerrero, caracterizada por la constante presencia, para sólo mencionar los últimos, de gobernadores provisionales (Xavier Olea Muñoz), sustitutos (Ángel Aguirre Rivero), interinos (Israel Nogueda Otero), con desaparición de poderes (Raúl Caballero Aburto), encargados del despacho (por dos días Roberto R. Mercado, en abril de 1971), con cuentas pendientes con la justicia (Rubén Figueroa Alcocer), ilustrados de mano dura (Ruiz Massieu).

Retomar el camino del primer gobernador, el general Juan Álvarez Hurtado, quien tomó posesión el 27 de octubre de 1849 y cuyos restos reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres, y de Jesús H. Delgado, primer gobernador zapatista de Guerrero, es sin duda, una asignatura pendiente.