Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Héctor Manuel Popoca Boone

 Dinero y democracia

La democracia y la política en una sociedad capitalista, en más de un sentido, están determinadas por el dinero. Tan es así que los políticos, sus partidos políticos y sus campañas electorales en la sociedad más capitalista del mundo –Estados Unidos– no se conciben, ni llegan a prosperar, si no tienen el respaldo de fuertes cantidades de millones de dólares.

En México, lamentablemente cada día es más valedera la expresión de que un político pobre, de cualquier ideología, es un pobre político. Frase atribuible a uno de los políticos mexicanos, Hank González, que hiciera muchísimo dinero a través de la política.

Si usted, como un ciudadano mexicano común y corriente, aspira a ocupar un puesto de gobernante o de representante popular y no tiene dinero ni como conseguirlo, mejor absténgase de intentarlo, porque el financiamiento de las precampañas y las campañas electorales rebasan en mucho los presupuestos públicos que reciben los partidos políticos para tal propósito.

Jorge G. Castañeda autoproclamado precandidato sin partido a la Presidencia de la República, en el prólogo que escribe al libro de Lino Korrodi Me la jugué, afirma enfáticamente que “Lino en efecto juntó el dinero, y sin dinero, no hay campaña posible ni en México ni en cualquier otra democracia, incluso en aquellas en donde el financiamiento público aparentemente desempeña un papel primordial”. Sin mayores comentarios.

Los millones de pesos recaudados por la organización Amigos de Fox, dentro y fuera del país, para la campaña presidencial del PAN, corroboran lo dicho por Castañeda; lo mismo pasa con los cientos de millones de pesos que el sindicato de petroleros transfirió al PRI para la campaña de Francisco Labastida.

Lo peligroso de esta tendencia en los financiamientos de carácter privado, muchas veces subrepticios, a las campañas electorales, es lo comprometido que quedan los políticos con sus mecenas. Compromisos bochornosos que van desde los contraídos con empresarios inescrupulosos que pedirán el retorno de su inversión por medio del otorgamiento de contratos de obra o de adquisición de bienes públicos, a aquellos financiamientos provenientes del narcotráfico, a cambio de impunidad para sus actividades ilícitas.

Dejar el financiamiento privado sin restricciones para campañas políticas es poner y exponer, en la práctica, a los partidos y a los políticos a los sobornos del mejor postor interesado. Los barones del dinero, sea éste limpio o sucio, serían los jefes y mandamases, a trasmano, de la política. De ahí la necesidad, por interés público, del financiamiento acotado y transparente a los partidos, a las campañas y a los candidatos para que no se vuelvan franquicias o títeres de la plutocracia.

No fue cosa nueva ni insólita el que un empresario constructor “invirtiera” en campañas electorales de tal o cual candidato, para luego obtener jugosa retribución a través de contratos de obra o de compra de bienes. Es una práctica mas o menos común que se remonta mucho tiempo atrás; como lo es también el tener que dar el famoso diezmo (10 por ciento) como mínimo, al servidor público que tiene la facultad de asignar dichos contratos. Las licitaciones públicas en algunos casos son meras simulaciones. Eso ha sido parte de nuestra tristemente célebre idiosincrasia corruptiva en la administración pública de cualquier orden de gobierno.

Lo que es inusual es la gran proyección mediática que se le dio, principalmente por la televisión, al caso Ahumada-Bejarano; que en su justa dimensión, fue una corrupción de menor cuantía comparada al Pemexgate o el dinero ilegítimo recibido por Amigos de Fox. En el caso del seductor y corruptor del PRD, poco a poco se ha venido dilucidando la existencia de un complot previo, para usar y abusar del evento corruptivo con fines de mellar la figura de Manuel López Obrador y la otrora fortaleza moral del PRD.

Ante eso, dicho partido debe, antes que nada, limpiar su casa; es decir, reconocer la corrupción dentro de sus filas, depurar sus prácticas pragmáticas clientelares y deslindarse aplicando las responsabilidades a que haya lugar, sin ningún tipo de solapamiento, como ya lo está haciendo.

Y después, denunciar la conjura armada con perversidad. No usar ésta para minimizar el hecho de que, en gran o menor medida, con el usufructo del poder, el PRD ha sido tocado por la corrupción y no hay nada que valga para hacer caso omiso de ello, si es que quiere restaurar la ética a su interior, en su práctica de gobierno y como ejercicio de política.

PD1. Reconozcamos que el PRI de Guerrero logró tener un candidato a gobernador más o menos en forma tersa. En cambio, en el PRD de Guerrero se avizora, o mejor dicho, se encuentran los precandidatos ya, en un agarre del chongo de pronóstico reservado.

PD2. La ignorancia crasa que manifiesta tener el gobernador del PAN en el estado de Morelos de los hechos delictivos del señor Montiel, jefe de su Policía Ministerial, sólo se explica por comisión de solapamiento u omisión por ineptitud. En cualesquiera de los dos casos, sale reprobado.

468 ad