Azueta: promoverá el Cabildo juicio político y demanda penal al síndico

 Acusan a Joaquín González de no informar de una demanda laboral de tres ex empleados que ganaron un laudo que ordena su reinstalación y el pago de 745 mil pesos por salarios caídos

 El Cabildo de Zihuatanejo acordó promover un juicio político contra el síndico Joaquín González Ramírez, además de integrar una denuncia penal y evidenciarlo ante la Auditoría General del Estado por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, por no haber informado sobre una notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

En la doceava sesión ordinaria de Cabildo, que se llevó a cabo el martes por la tarde, se trató el asunto del fallo del TCA a favor de tres ex empleados del Ayuntamiento, dos de ellos adscritos a Contraloría municipal, Edgar Sálas Téllez y José Luis Jordán Herrerón; y de la sindicatura, Jesús Solís Ramírez.

Los ex trabajadores argumentaron que fueron despedidas de manera injustificada desde el 16 de julio de 2003, por lo que se falló a su favor y se ordenó al gobierno municipal que sean reinstalados y además les paguen 745 mil 195 pesos por concepto de salarios caídos.

La inconformidad de los ediles contra González Ramírez fue porque él recibió la notificación el 26 de agosto de 2003, y no avisó a las áreas correspondientes para que procedieran, por lo que se dio oportunidad a los demandantes de ganar el pleito legal.

El martes, en la sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad que González Ramírez sea sometido a un juicio político y que se le denuncie ante la Auditoría General del Estado.

También se propuso que sea demandado penalmente por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, y a favor de esta iniciativa votaron siete ediles y se abstuvieron cuatro.

Trascendió que en la sesión, el síndico explicó al Cabildo que no dio a conocer la notificación del TCA por considerar que los tres empleados fueron despedidos de manera injustificada, y reiteró que asume su responsabilidad “estrictamente legal” por su acción.

Luego, en entrevista, Joaquín González sostuvo que al haber votado a favor del juicio político, los regidores le dan la razón en el sentido de que “argumentan que es facultad del síndico representar al Ayuntamiento y defender y promover el patrimonio del mismo, pero eso lo reconocen cuando les conviene”.

Agregó que “cuando no les conviene a los regidores, el síndico no tiene facultad (y entonces) el presidente usurpa mis funciones, pero cuando sienten que les afecta (…) reconocen que el síndico tiene sus facultades”.

Dijo que “si bien es cierto que tengo que defender los derechos del Ayuntamiento, también tengo que defender los derechos de los empleados, no es capricho personal de Joaquín González o de algún funcionario correr a los empleados sin razón ni justificación (y), ahora quieren colgarme la irresponsabilidad de caprichosamente correr a los empleados”.

Ayer miércoles trascendió que tanto en la dirección de Asuntos Jurídicos, como en la Secretaría General del Ayuntamiento, ya se integraba la denuncia penal que presentarán ante la autoridad correspondiente.