Organizaciones nacionales e internacionales exigen liberar a los 11 detenidos en el Zócalo

Hoy vence el plazo para que el juez defina la situación jurídica de las tres mujeres y ocho hombres acusados de tentativa de homicidio, asociación delictuosa y motín, presos en penales federales de Nayarit y Veracruz

Agencias Reforma y Proceso

Ciudad de México / Oaxaca

Organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, nacionales e internacionales, exigieron ayer a la PGR retirar los cargos y liberar a los 11 jóvenes detenidos durante la manifestación del pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino.
Y es que hoy vence el plazo para que el juez defina la situación jurídica de las tres mujeres y ocho hombres acusados de tentativa de homicidio, asociación delictuosa y motín, y enviados a penales federales de Nayarit y Veracruz.
“La evidencia contra los 11 manifestantes es tan débil que es muy difícil entender por qué todavía están detenidos, sobre todo en instalaciones de alta seguridad, siendo tratados como criminales de alta peligrosidad”, expresó en un comunicado Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Tales actos plantean la cuestión de si existe un intento deliberado para desalentar las protestas legítimas”, criticó.
La organización advirtió que los detenidos han sufrido violaciones a sus derechos humanos como detención arbitraria, incomunicación, tortura, negativa de acceso a una defensa libremente elegida, y violencia física y psicológica durante su traslado a centros penitenciarios de alta seguridad.
Paralela a la exigencia de su libertad, el grupo de defensores de los detenidos solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los jóvenes de posibles riesgos.
También pidió al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que revise el caso.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), una de las organizaciones que aboga por los jóvenes, argumentó que éstos sufren tortura psicológica al estar internados en penales de máxima seguridad, lo cual también afecta a su derecho a una defensa adecuada.
A la exigencia por la liberación inmediata se unió la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que pidió se investiguen y sancionen las violaciones cometidas contra cuatro estudiantes de esa casa de estudios.
En conferencia de prensa, las organizaciones Amnistía Internacional, el IMDHD, Fundar, Cencos, Gire, y el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, entre otras, llamaron a que el Ejecutivo se pronuncie formalmente sobre el tema y se comprometa a respetar la protesta social.
En un comunicado conjunto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunciaron porque el Estado garantice la seguridad y el orden público, pero con respeto a los derechos humanos.
En Guanajuato, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dio a conocer que 44 quejas se han abierto por los hechos ocurridos el pasado 20 de noviembre.
En el marco de la reunión de la ANUIES en esa entidad, los Rectores de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos, y de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, pidieron también la liberación de los 11 detenidos.
“Es una vergüenza que se les imputen delitos peores que el al ex Alcalde de Iguala”, dijo Fernández.

Demandan ONG garantías para la manifestación del lunes próximo

De cara a la manifestación que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil exigieron a los Gobiernos federal y capitalino respetar el derecho humano a la protesta pública.
En conferencia de prensa, el padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, recordó que es un derecho que no puede ser castigado por el Estado, como ocurrió el pasado 20 de noviembre durante el operativo de las policías en contra de inconformes.
Además, las organizaciones pidieron la libertad inmediata de los 11 detenidos del 20 de noviembre debido a las pruebas que existen de detención arbitraria y tratos crueles, inhumanos y degradantes utilizados en su contra.
“Se finge que se siguen todos los pasos del sistema de justicia (…) pero no para hacer justicia, sino para distorsionarla en función de intereses de poderes económicos y políticos”, remató Concha.
Juan Martin Pérez, presidente de la Red por los Derechos en la Infancia en México (REDIM), señaló la responsabilidad de Estado de garantizar la seguridad de los manifestantes, aplicar protocolos adecuados, así como de reconocer las violaciones a derechos humanos e investigar a quienes las cometen.
Layda Negrete, activista agredida durante la marcha, refirió que buscan un pronunciamiento formal por parte de Enrique Peña Nieto, en el cual se haga pública la garantía de protección del derecho de la ciudadanía a protestar de manera pacífica.
“Lo que estamos pidiendo, en respuesta al comunicado del presidente ayer, es que nos den garantías de salir a protestar libremente”, pidió la investigadora de México Evalúa.
“Es una responsabilidad del Estado federal de proteger a quienes queremos manifestarnos en contra de las políticas”.
Por otra parte, Jesús González, encargado de Comunicación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró que el anuncio del mandatario federal en temas de derechos humanos llegan de forma tardía e incompleta, retomando propuestas que ya se habían presentado y que no se han cumplido.

Lamenta Amnistía falta de sensibilidad de Peña para reconocer la crisis de derechos humanos

El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), Perseo Quiroz, lamentó ayer aquí la falta de sensibilidad del presidente Enrique Peña Nieto para reconocer que en México persisten la tortura y las desapariciones forzadas, como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Lo que es peor, agregó, el gobierno intenta maquillar y disfrazar este “problemón de derechos humanos” con las 10 medidas emergentes anunciadas ayer por el mandatario, entre las cuales habló de impulsar leyes contra la tortura y la desaparición forzada, así como  fortalecer los protocolos y procedimientos para que las investigaciones sean imparciales y oportunas.
Durante la presentación del Informe “Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México”, el directivo de AI, destacó que “hoy no podemos empezar a presentar ningún documento sin hacer referencia al contexto que está atravesando el país por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.