Héctor Manuel Popoca Boone

Hacia una nueva gobernabilidad

 

 

La masacre de Iguala representa un momento sin retorno de nuestro sistema de gobierno, estatal y municipal, sumamente desgastado, disfuncional, corrupto y practicante de la impunidad.
Hoy en día, tal y como se encuentra la gobernabilidad en Guerrero ya no le sirve al pueblo. Inseguridad pública, violencia, carencia de justicia, una economía estancada, desempleo y una imparable desigualdad y pobreza social son, entre otras cosas, lo que impera en estas tierras del sur.
Renovar, reformar y rehabilitar el sistema gubernamental estatal es una necesidad impostergable. La nueva gobernabilidad empieza por erradicar el mal ejercicio del quehacer público implantado por gobernantes, políticos y sus partidos carentes de principios ideológicos que se mueven únicamente, con vil pragmatismo, para buscar el poder por el poder mismo.
La nueva gobernabilidad conlleva desprenderla de la telaraña de intereses egoístas de la partidocracia vigente, que suplanta los genuinos anhelos de la ciudadanía y su derecho a hacer política popular. La nueva gobernabilidad implica necesariamente volver los ojos al pueblo para tomar motivo, impulso y orientación para la buena aplicación del poder público.
Requerimos un nuevo tipo de acceso democrático al poder en donde no predomine el dinero. Porque hoy si uno quiere salir triunfante en una justa democrática electoral se requiere dinero, mucho dinero para corromper y ser corrupto en el afán desmedido de conseguir votos, muchos votos. Por eso los políticos pobres no tienen cabida en esta democracia pervertida por la narco-política.
La necesidad de contar con recursos económicos cuantiosos para acceder a conducir las instituciones públicas es la desgracia de nuestra democracia incipiente, deformada y viciada. Casi todos los candidatos requieren allegárselos ahí donde estén (adicionales a los otorgados en las prerrogativas oficiales), o sea: del saqueo del erario público, del dinero de los grandes empresarios y del proveniente del narcotráfico. Los dos últimos patrocinadores cobrarán con creces la factura al gobernante una vez conquistado el poder. Hoy lo socorrido es obtener dinero-narco para conquistar y mantenerse en el poder, a cambio de impunidad y cobertura política para controlar territorios y gobiernos regionales.
La masacre de jóvenes en Iguala es el ejemplo más atroz del entrelazamiento de los intereses de los narcotraficantes con los políticos y sus partidos, con legisladores y gobernantes con sus estructuras policiacas.
Lo más doloroso es que la pobreza y la desigualdad social fertilizan la violencia delincuencial y sobre todo la incorporación cada vez más rápida de la juventud al fatal y desalmado sicariato.
Coincido con amigos intelectuales cuando aseveran que “la masacre de Iguala provocó una crisis de representatividad, administrativa y de capacidad de respuesta del gobierno; y esa crisis cuestiona la forma de gobernar y en algunas áreas, la forma en que se organiza el poder público.”
Ninguna salida importante se puede concebir sin la movilización y participación de la sociedad que hoy ha demostrado su rechazo, su repudio, a un orden de cosas y cuya revisión crítica es parte del empeño para reconstruir la convivencia con justicia y paz social.
PD. En un principio / asentaron sus reales en la Sierra y no dijimos nada / después se expandieron a la Montaña y no protestamos/ abarcaron la Costa Grande, Tierra Caliente y no apareció el gobierno / Se adueñaron de Acapulco, lo mismo que la zona Norte y la Centro, con la mismísima capital del estado y seguimos indiferentes / impusieron su reinado de extorsión, secuestro y crimen / con horror para infundir terror / mostrando su pavoroso poderío / al desaparecer en una noche / a cuarenta y tres muchachos normalistas / de los cuales sólo hay verdades a medias / y así fue que sólo entonces/ nos percatamos que Guerrero era una enorme fosa / de anónimos asesinados, descuartizados y calcinados.

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