Que investigue al Ejército y a la PF piden padres de Ayotzinapa a la federación en una reunión

Aunque no están satisfechos van a mantener la mesa de diálogo con el gobierno federal, informa el vocero del comité de padres, Felipe de la Cruz. Se hará la petición formal a la CRAC para que les dé la cobertura legal cuando salgan a buscar a los desaparecidos, informa Vidulfo Rosales. Se formarán concejos municipales en cinco municipios, adelanta

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Padres de los 43 normalistas desaparecidos hace 64 días en Iguala exigieron a funcionarios federales de la comisión mixta de seguimiento que abran nuevas líneas de investigación, porque la única tesis de la Procuraduría General de la República (PGR) es que los estudiantes fueron asesinados y quemados hasta calcinarlos, pero de eso no hay información científica, es débil y no se puede sostener.
Pidieron que entre las líneas de investigación se incluya al Ejército y a la Policía Federal (PF), que según testimonios de estudiantes, que constan en la averiguación previa, también participaron en los ataques del 26 de septiembre en Iguala, donde seis civiles fueron masacrados, y 43 alumnos de Ayotzinapa, desaparecidos.
Ayer, de la 1 a las 3 de la tarde se reunió la comisión mixta de seguimiento a Ayotzinapa, con padres y abogados de derechos humanos y funcionarios federales como el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio en el hangar del aeropuerto, donde se han encontrado en otras ocasiones.
De la salida de los funcionarios, que al terminar la reunión subieron de inmediato a los helicópteros que los trasladaron a Guerrero -uno por cada titular-, informaron que se enteraron que tres normalistas se accidentaron en un automóvil, y los padres querían verificar que se encontraran bien.
A las 7 de la noche en conferencia de prensa en la normal rural en Tixtla, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó de esa reunión.
Expuso que se han identificado algunos alias de  los detenidos, y que trabajan en la detención de 12 personas que habrían participado en el asesinato de los normalistas, pero la PGR “centra sus esfuerzos en fortalecer la tesis de que los estudiantes detenidos por los policías municipales de Iguala y de Cocula los entregaron a sicarios”, y redujo las acciones para buscarlos vivos.
De la reunión afirmó que las autoridades, “se han conformado con la línea de investigación del basurero (donde supuestamente 43 cuerpos fueron quemados hasta las cenizas), pese a que esta hipótesis es muy endeble en términos probatorios, tiene muchos cabos sueltos y no se puede sostener como una tesis sólida”.
Aunque no están satisfechos, el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz aclaró que van a mantener la mesa de diálogo con el gobierno federal, no habrá rompimiento, para no dejar la investigación judicial suelta.
Añadió que tampoco van a renunciar a la búsqueda de sus hijos con las organizaciones sociales y de seguridad y justicia comunitaria, en alusión a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Pero Rosales Sierra expuso que se hará la petición formal a la CRAC para que les den la cobertura legal, porque es la única organización con facultades de ejercer acciones de seguridad y justicia, y podrían evitar conflictos con el Ejercito y la Policía Federal, cuando salgan a buscar a los desaparecidos.
De la reunión con los funcionarios, Felipe de la Cruz añadió que el gobierno federal liberó un millón de dólares para cubrir honorarios y gastos del equipo de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se van a coadyuvar en investigación de la PGR, sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Adelantó que la siguiente reunión de la comisión será el próximo jueves en la ciudad de México, donde esperan “mejores resultados”.

Insuficientes, las 10 acciones anunciadas por Peña, son para ganar tiempo, afirman

Los padres y defensores de derechos humanos cuestionaron el plan de seguridad que presentó el miértocles el presidente Enrique Peña Nieto, por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron el 26 de septiembre en Iguala, y que revelaron al mundo la infiltración del crimen organizado en el gobierno.
Rosales Sierra denunció que el Ejecutivo no integró en su proyecto el tema de seguridad y de administración de la justicia, todo lo confió al nuevo sistema penal acusatorio que considera los juicios orales, que dijo que no resolverán nada, al contrario, opinó que se complicaría su aplicación, si se mantienen los vínculos del sistema con delincuencia organizada.
Recordó que ya existen instrumentos legales que no resuelven la impunidad, “porque existen serios problemas de malas prácticas”.
Añadió que Peña Nieto tampoco tocó el sistema de los partidos políticos, para blindarlos de la infiltración de delincuentes que luego llegan a espacios público y la entrada de dinero ilícito en las campañas.
Consideró que debió hacer una consulta previa a los actores sociales, a familiares de los desaparecidos y a los estudiantes, que tienen datos qué aportar.
Felipe de la Cruz consideró que la presentación del plan de seguridad es una estrategia para retrasar los resultados de la búsqueda de los 43 estudiantes, “es otro discurso para distraer el proceso, y la oportunidad de ganar tiempo”.
Adelantó que van a organizarse para hacer una búsqueda ciudadana “que creemos nos van a dar mejores resultados”.
Habrá concejos municipales

El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra subrayó que la mesa de trabajo con el gobierno federal no condiciona de ninguna manera el movimiento social para exigir la presentación con vida de los 43 detenidos-desaparecidos por policías municipales en Iguala, ni las manifestaciones de repudio a las autoridades de la población.
Destacó que las organizaciones que participan en este movimiento también buscan generar cambios estructurales, acabar con las causas que motivaron la violencia del 26 de septiembre, para que no se repitan.
Destacó que los padres de los desaparecidos están en la misma tesitura y que van a caminar con las organizaciones para formar concejos municipales en cinco municipios, de los 43 tomados por los manifestantes en la entidad que se solidarizaron con los padres y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Expuso que esta organización será gradual, y la intensión es que los ciudadanos, a través de estos órganos de representación comunitaria, elaboren un plan de gobierno “como un primer ejercicio de poder del pueblo ante corrupción e infiltración que atraviesan los gobierno municipales”.
Mañana se prevé la conformación de esos concejos municipales en Tecoanapa, Ayutla, San Luis Acatlán y Acapulco, y el domingo en Tlapa.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández denunció que el gobierno federal criminaliza el movimiento.
Por ejemplo señaló la detención de 11 activistas en la manifestación del 20 de noviembre en la ciudad de México, y su traslado a penales federales de máxima seguridad, pero “nosotros insistimos llamando al pueblo a manifestarse y a exigir al Estado mexicano acciones más contundentes en la búsqueda de los normalistas” y que no puede haber paz, reconciliación, ni resignación, mientras los muchachos no aparezcan.