Javier Moreno Nieto

 Petatlán, a la mitad del río  

Después de haber recurrido a todas las instancias nacionales sin obtener resultados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el 12 de marzo, según reporta El Sur en su edición del 2 de abril, el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, los ecologistas de Petatlán y Coyuca de Catalán liberados en noviembre del 2001 bajo un indulto, sin ser absueltos ni reparado el daño infligido a su integridad física y moral.

El caso fue admitido 10 días antes del Día Mundial del Agua que, en Guerrero, pasó desapercibido y en su lugar ocuparon las ocho columnas el pacto de unidad en el PRD, el homenaje al benemérito de las américas y los amagos de ruptura que han dejado al PRI antes del arranque mismo de la contienda por la gubernatura, en una posición difícil.

Montiel y Cabrera simbolizan un movimiento ciudadano que, ante la inefectividad de actuar por décadas sobre estructuraciones y reestructuraciones organizativas orientadas a proyectos eco-productivos, movilizaciones de masas y protestas activas en el ámbito político electoral, fue forzado a colocarse al final de los 90’s del siglo pasado en el umbral de las acciones de fuerza para obtener atención al conflicto por el manejo adecuado de los bosques y por la restauración de los mantos freáticos de agua en la sierra de Petatlán.

Pero el movimiento que desembocó en la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán dio con la madeja de una crisis municipal del agua: dificultades para restaurar en la sierra los mantos acuíferos, deteriorados por el aprovechamiento forestal, que provoca asolvamientos por la erosión y propicia inundaciones (el suelo desnudo se incrementó 447 por ciento de 1992 a 2000 en la sierra del municipio), que se complica con la contaminación de los ríos por el inadecuado manejo de desechos sólidos y la ausencia de su reciclado en los desarrollos urbanos y la dinámica económica desordenada de la ciudad de Petatlán y otros poblados, que arrojan aguas con alteraciones significativas hacia los esteros.

Crisis del agua que no ha dejado de representar una encrucijada sin igual y una oportunidad irrepetible para ordenar el desarrollo municipal, si se construye un ente colectivo en que los actores admitan su responsabilidad y actúen en consecuencia. Como se ve, el agua ocupa un sitio central e irremplazable en la organización de los procesos económicos y de la vida municipal y ese hecho brinda oportunidades al municipio como tal, para discutir mecanismos que regulen su aprovechamiento y propicien intercambios favorables entre la producción agropecuaria, la agro industrialización y comercialización de las producciones más destacadas de la región y su vinculación con el desarrollo turístico de la franja costera.

El núcleo del problema va más allá de la capacidad de respuesta al crecimiento poblacional y exige previsiones estratégicas para contar con fuentes seguras de suministro de agua dulce, que permitan un abastecimiento adecuado para detonar el desarrollo municipal, también para establecer si la apuesta por un futuro agroindustrial de la ciudad y la constitución de un polo de servicios para el desarrollo agropecuario regional puede sostenerse, sin correr el riesgo de adentrarse en un esquema de crecimiento no duradero.

Hasta hoy no ha habido, para tal movimiento, un reconocimiento que trascienda las formalidades y los actores gubernamentales, los actores sociales y económicos locales no actúan en su práctica cotidiana con las consecuencias que implica coincidir en el municipio con un movimiento sembrador de conciencia.

La mejora en la capacidad de gobernar conseguida mediante la alternancia más reciente en el ayuntamiento –que puso fin al caos de la administración de Jorge Ramírez– no se ha orientado activamente a mover todo el tablero de vinculaciones, coordinaciones y concertaciones necesarias para abrir paso a soluciones de fondo de la problemática social municipal, que vayan más allá de administrar los recursos del ramo 33 y de las participaciones federales, para lo único que se usa –cual requisito burocrático– el Coplademun, en lugar de impulsar un verdadero Consejo para la Planeación del Desarrollo Municipal, en que se unifiquen más de once figuras de participación ciudadana que la legislación fija a los municipios.

Más aún, no se ha tenido el arrojo de rescatar la experiencia de la Cámara Municipal de Representantes Populares, llámese Junta o Asamblea Popular Municipal o como se quiera, pero que dé vida en los hechos a las facultades que el artículo 115 constitucional otorga –en el papel– al municipio para administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones; intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas.

Con todas las facultades que reglamenta el 27 constitucional para: 1) imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público, 2) establecer provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques; y 3) evitar la destrucción de elementos naturales.

Podría subsanarse así el vacío que deja, por lo menos en el municipio, la alta rotación de responsables federales de ecología, sin menoscabo de que a nivel regional podría reactivarse el impulso al Consejo Regional de Desarrollo que en algún momento –bajo el influjo del Consejo Regional de la Montaña– promovió la Semarnat, ahora bajo una iniciativa ciudadana autónoma, mediante la confluencia del Consejo Regional de Síndicos, la Mesa de protección a la Tortuga y otros organismos y movimientos.

Sin un organismo municipal de ese carácter, no podrá impulsarse un gran acuerdo municipal para el desarrollo duradero, con soluciones a la crisis del agua, que incluya un Plan Municipal Regulador del Aprovechamiento del Agua; en la sierra mediante la reestructuración del aprovechamiento forestal; en la ciudad eficientando el aprovechamiento urbano del agua y fomentar el desarrollo eco turístico en la franja costera. Para encarar la crisis y crear oportunidades de intercambio económico, debe operarse mediante las siguientes acciones estratégicas:

a) Crear la Unidad Municipal Responsable del Programa de Control del Aprovechamiento Forestal de la Sierra de Petatlán, con potestades de sindicatura procuradora, con asesoría y respaldo institucional de Semarnat y Greenpeace.

b) Iniciar operaciones de un Programa de Aprovechamiento Urbano del Agua, evaluando si es vigente y viable construir una o un sistema de pequeñas presas hidráulicas –pospuestas por décadas–, una fuente segura que mejore la captación de agua por más de 25 años, campañas de racionalización del gasto y plantas tratadoras que eviten rebasar la reabsorción de contaminantes por el entorno ambiental.

Articular un Programa de Fomento al Desarrollo Eco turístico de la Costa de Petatlán, atrayendo inversiones hacia el acondicionamiento de accesos a destinos de playa y definir si es viable el “Dragado en la Boca Barra de Potosí”, mencionado en el “Documento Base del Plan Puebla-Panamá”, o se refiere al dragado de esteros para el servicio de paseos en yate, proyecto largamente esperado por unos y rechazado desde siempre por otros.