El plan de Peña debe implementarse efectivamente y en plazos definidos, subraya la ONU

Agencia Reforma

Ciudad de México

Las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña en materia de seguridad y justicia requieren de una definición de los tiempos en que se aplicarán y más actores, consideró la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Robustecerla, implementarla efectivamente y, en plazos definidos, abriría el camino para sumar a todos los actores que deben convocarse en aras de superar los graves problemas en materia de impunidad, corrupción, debilidad institucional, violación a los derechos humanos, pobreza e inequidad social que enfrenta el país”, pidió.
A través de un comunicado, la instancia destacó las acciones en materia de derechos humanos que contiene la agenda propuesta por el Mandatario, principalmente para erradicar prácticas como la tortura y la desaparición forzada.
“Dentro de dichas medidas se encuentran la aprobación de leyes generales contra la tortura y la desaparición forzada; la redefinición del sistema de competencias penales; el fortalecimiento de las investigaciones en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial; la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la instauración de un Sistema Nacional de Información Genética”, indicó la instancia.
A través de ellas, reiteró, se recuperan parte de las recomendaciones específicas que los organismos internacionales han formulado al Estado Mexicano.
No obstante, la Oficina del Alto Comisionado urgió atender las recomendaciones que siguen pendientes de implementación en la materia.
“La ONU-DH desea subrayar que los estándares internacionales y mejores prácticas otorgan a las víctimas y organizaciones de derechos humanos un papel central en todas las transformaciones institucionales que les atañen, dándoles incorporación plena en la definición y construcción de la agenda de derechos humanos”, refirió.
Además, se comprometió a dar seguimiento a las investigaciones por el caso Iguala hasta que las víctimas alcancen el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y obtengan garantías de no repetición.