Víctor Cardona Galindo

PÁGINAS DE ATOYAC

*Ayotzinapa, una historia de lucha
(Séptima y última parte)

Luis Olivares Enríquez dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), quien fuera acusado del incendio de la gasolinera Eva II en los hechos del 12 de diciembre del 2011, fue asesinado con su pareja, Ana Lilia Gatica Rómulo, dentro de su casa en la colonia Fuerte Emiliano Zapata en Coyuca de Benítez el 10 de noviembre del 2013. Precisamente cuando la represión se había desatado en otras partes del estado contra dirigentes sociales ligados al movimiento normalista.
Ante el asesinato de Luis Olivares, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa llamaron a las organizaciones sociales, intelectuales, académicos, periodistas y al pueblo en general a revertir las tendencias autoritarias de Guerrero y en un boletín que circuló, ese mismo día del crimen, contabilizaban 13 luchadores sociales asesinados durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
La tarde de ese 10 de noviembre policías comunitarios, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa marcharon en Chilpancingo para exigir la liberación inmediata del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina González, quien había sido detenido el 6 de noviembre de 2013 en la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, acusado de terrorismo, privación ilegal de la libertad y robo.
Cuando el contingente regresaba a Tixtla, la noche de ese 10 de noviembre, se dio un enfrentamiento a pedradas entre elementos de la Policía Comunitaria de Tixtla y estudiantes de Ayotzinapa contra la policía estatal y efectivos del Ejército mexicano, que dejó tres lesionados, dos estudiantes y un policía. El encuentro fue a las 20:30 cerca de la central de autobuses de Chilpancingo, sobre la lateral del boulevard Vicente Guerrero, cuando los estudiantes y comunitarios intentaban retener autobuses. Finalmente lograron llevarse tres autobuses dos de Costa Line y uno de la Estrella de Oro.
La mañana del 11 de noviembre del 2013 se registró un segundo enfrentamiento a pedradas entre elementos de la Policía Estatal habilitados como antimotines y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El saldo fue un normalista descalabrado y los agentes de seguridad pública recuperaron cuatro autobuses del servicio público.
“A las normales rurales las quieren desaparecer, nosotros con lucha y sangre las vamos a defender”, fue la consigna de la marcha el 14 de noviembre del 2013, al cumplirse seis años de aquel desalojo violento en el Congreso del Estado. Cuando más de mil agentes antimotines cayeron sobre los normalistas dejando un saldo de siete desaparecidos, siete detenidos y tres heridos de gravedad, uno de ellos con lesiones en el cráneo.
El pliego petitorio del 2013 incluyó asegurar el nuevo ingreso para el ciclo escolar 2014-2015 para los hijos de los campesinos, obreros e indígenas; el cese de la campaña mediática emprendida por Estado en contra de la Escuela Normal de Ayotzinapa y la cancelación de las 50 averiguaciones previas que inició Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra los líderes normalistas.
Al comenzar este año, el 7 enero, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del municipio de Atoyac, cuando pedían cooperación a los automovilistas que transitaban por esa vía, murieron atropellados los estudiantes de Ayotzinapa: Fredy Fernando Vázquez Crispín de 23 años originario de Tixtla y Eugenio Alberto Tamarit Huerta de 20 años de Tenamazapa municipio de Tlacoapa y resultaron heridos Eder Pérez Serafín, José Bartolo Leyva y Luis Enrique Jiménez Tirador.
Los hechos ocurrieron a las 2:40 de la tarde del martes 7 de enero, cuando 90 normalistas boteaban en la carretera federal, cerca de la colonia Buenos Aires. Los alumnos de la Normal Rural fueron atropellados por un tráiler que transportaba maquinaria pesada y tenía exceso de volumen en los laterales. Cinco alumnos fueron embestidos por el vehículo, que siguió su rumbo hacia Acapulco sin socorrer a los atropellados.
El chofer Benjamín Torres Salgado fue detenido por los propios estudiantes en Cayaco municipio de Coyuca de Benítez. Una patrulla de la Policía Federal pasó por el lugar de los hechos y no quiso auxiliar a los estudiantes, quienes a bordo de un camión le dieron alcance al responsable. Los muertos fueron trasladados a la funeraria Sarabia donde fueron identificados y los heridos al hospital general Juventino Rodríguez García.
En el expediente del caso se asienta: “el inculpado conducía un vehículo Keenworth de plataforma, quien por conducta poco cuidadosa, imprudencia, negligencia, marcada falta de precaución y/o atención al circular, incurrió en infracciones al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes en jurisdicción federal. Provocó que la parte lateral derecha del riel de la retroexcavadora que llevaba en el remolque acoplado chocara contra la anatomía corporal de los hoy occisos y de tres jóvenes más que resultaron lesionados”.
Ese mismo día el periódico Milenio publicó una nota titulada “Guerrilla ‘mueve’ a grupos de autodefensa y maestros” y da a conocer unos supuestos documentos de inteligencia sobre los movimientos políticos de Guerrero. Venían relacionados nombres de dirigentes magisteriales, sociales y representantes de la CRAC a quienes ligan con la guerrilla, algunos de los mencionados ya habían muerto asesinados y otros estaban en la cárcel. Al día siguiente dirigentes sociales como Bertoldo Martínez Cruz, Manuel Olivares y Ranferi Hernández Acevedo repudiaron la criminalización del movimiento social.
Por su parte el secretario del comité estudiantil de Ayotzinapa Guillermo Hernández Castro, al referirse a la muerte de los dos estudiantes dijo que desde que el gobernador Ángel Aguirre Rivero asumió el poder se encargó de “estigmatizarnos y satanizarnos, mostrándonos como delincuentes ante la sociedad, por las movilizaciones que hacemos ante la cerrazón a nuestras demandas”.
Siguiendo su tradición de solidarizarse con los movimientos sociales, tras la detención de Aurora Molina González dirigente de la CRAC en Tixtla, el 19 de marzo de 2014 por la mañana, los estudiantes de Ayotzinapa intervinieron y unos 40 de ellos apedrearon al convoy integrado por el Ejército y la policía estatal que llevaban a la dirigente detenida. Lo que provocó la intervención de un grupo antimotines que los dispersó con gas lacrimógeno. Luego marcharían el sábado 9 de agosto en Tixtla a lado del pueblo y los policías comunitarios para exigir la libertad de los presos de la CRAC como Gonzalo Molina y Nestora Salgado.
En agosto de 2014 el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaba la criminalización de la CRAC, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De nuevo el 22 de septiembre de 2014 policías federales impidieron que estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos retuvieran autobuses en la Autopista del Sol, cerca del lugar conocido como Tierras Prietas y el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo.
A las 2:30 de la tarde llegó un grupo de 40 normalistas, cubiertos del rostro con playeras y sudaderas, que portaban piedras en las manos y quienes iban a bordo de un camión de la escuela. A los 10 minutos llegaron más de 30 agentes de las policías federal y estatal, que resguardaron el lugar y así evitaron que los estudiantes sacaran gasolina a los autobuses. Por eso al cerrárseles las oportunidades en Chilpancingo para retener autobuses y proveerse de gasolina, la próxima vez lo intentarían en Iguala.
La escuela cuenta con un autobús que el gobierno del estado entregó y dos camionetas Urvan, pero no son suficientes para mover 140 estudiantes de primero que saldrían a diferentes puntos del estado a realizar sus actividades.
La tarde del viernes 26 una asamblea estudiantil decidió que una comisión de alumnos iría a Iguala a retener tres autobuses que serían utilizados para acudir a la marcha del 2 de octubre a la ciudad de México y para visitar las regiones del estado para observar la práctica docente y ayudar a los niños con lento aprendizaje. “Tras la decisión salieron rumbo a Iguala alrededor de las 6 de la tarde, a bordo de dos autobuses de la línea Estrella de Oro, unos 80 estudiantes de primero e integrantes de la dirigencia estudiantil”. De lo que ocurrió después hablaremos en otra ocasión.
Como se ve, cada año los alumnos tienen que luchar. La Normal tiene al menos un periodo de movilización anual para exigir sus demandas históricas ante las autoridades estatales, las principales son la autorización de la matrícula escolar de nuevo ingreso, de 140 lugares, para garantizar la continuidad de la escuela, la permanencia de la licenciatura de educación primaria, que los gobiernos han querido eliminar porque según su plan educativo, ya no es necesaria. Con las marchas y bloqueos buscan que se les dote de material didáctico y se hagan mejoras en la infraestructura del plantel. Cada año el gobierno les quiere quitar el apoyo.
Muchas son las voces que piden que desaparezca la Normal, pero también somos muchos los que estamos dispuestos a defenderla. “Ayotzi es un centro de adoctrinamiento de teología de la liberación y quieren desestabilizar el país”, habría dicho el diputado Evencio Romero que llegó a su curul por un partido de izquierda.
En Guerrero hay nueve escuelas normales públicas. Ayotzinapa tiene 88 años, y desde su fundación que fue el 2 de marzo de 1926 ha formado más de 80 generaciones y para entrar hay condiciones particulares. La Normal selecciona a jóvenes indígenas y campesinos pobres. Para su ingreso a Ayotzinapa lo más importante es tener bajos recursos económicos. La escuela les ofrece a los seleccionados educación, hospedaje, alimentación y la posibilidad de un empleo al terminar su carrera. Y en un estado como Guerrero que tiene un alto porcentaje de analfabetismo y baja escolaridad, claro que es una escuela necesaria.
Este año, a diferencia de los anteriores, son menos los atoyaquenses que estudian en Ayotzinapa, porque se privilegió el ingreso a gente que verdaderamente tiene escasos recursos, por eso hay más estudiantes de la Costa Chica y de La Montaña, que de otras partes del estado. De El Ticuí ahora ingresaron únicamente tres, porque a raíz de la masacre del 12 de diciembre de 2011 se redujo el número de aspirantes por miedo de los padres. En esta última represión el ticuiseño Jonás Trujillo González está desaparecido con otros tres atoyaquenses.
Para ingresar a Ayotzinapa se necesita tener muchas ganas de estudiar. Los aspirantes se integran a la escuela desde julio, sin tener certeza de que van a quedar, hacen una especie de servicio social trabajando en las milpas con los campesinos de la región. Estas son pruebas de resistencia porque mientras trabajan no les permiten sacar filo a los machetes y únicamente los que hacen esas actividades pueden presentar el examen de admisión.
De Ayotzinapa se dicen muchas cosas: que sus alumnos tienen formación paramilitar, que es un nido de guerrilleros, porque cuando fue el enfrentamiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR) con el Ejército en la carretera a Tixtla, los estudiantes escondieron en las instalaciones a algunos milicianos que iban huyendo. Otra versión es que por medio de ellos la guerrilla recibe financiamiento. Otros dicen que “Ayotzinapa es el niño travieso de la CETEG”.
Hay quienes se asustan porque dentro de la Normal existen murales del Che, Marx, Lenin, Lucio y el subcomandante Marcos. Aunque lo cierto es que egresar de Ayotzinapa no es garantía de que los maestros permanecerán en la izquierda, algunos se convierten en rabiosos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en charros conformistas que se mueven en pos de las migajas del sindicato. Los más se van a la CETEG, al apartidismo y al movimiento social. Pero con todo esto Ayotzinapa es y será “la cuna de la lucha social en Guerrero”.