Aprueba el Consejo del PRD un protocolo para no postular a candidatos vinculados al crimen

Entregará toda la información que tenga a la PGR, al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Cisen. También plantea que el INE y el IEPC administren los recursos que ese partido destinará a las campañas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Consejo Nacional del PRD aprobó en lo general el Protocolo para fortalecer la cultura de la legalidad y la ética política, para evitar postular a candidatos vinculados con grupos delincuenciales.
La propuesta aprobada establece un “compromiso institucional de combate a la delincuencia organizada”, por lo que el PRD entregará toda la información que tenga a la Procuraduría General de la República (PGR), al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Cisen, en la que se presuma de la existencia de conductas delincuenciales.
También plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en el caso de Guerrero, administren los recursos públicos del PRD para las campañas electorales del inminente 2015.
Según el documento aprobado, que podrá modificar o desechar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, se tendrá un proceso de evaluación y rendición de cuentas para combatir la injusticia, la discriminación y el deterioro de los valores sociales y éticos, que han contribuido a generar violencia, delincuencia, corrupción, impunidad, abuso de poder y la barbarie que impera en hechos cada vez más frecuentes en la vida cotidiana de México, apunta el protocolo.
El PRD asume la responsabilidad y enfrenta su “propia crisis, generada por acciones y omisiones de nuestros activos partidarios”, por eso apuntan a que están en el proceso de recuperar la credibilidad.
Por eso señalan que todos los actos y acciones partidistas, se someterán a “la más rigurosa evaluación” de transparencia y escrutinio público.
El documento aprobado por los consejeros nacionales reconoce que México se encuentra asolado, agraviado y flagelado por el crimen organizado, “que expresa el poder delictivo en las más diversas y múltiples actividades contrarias a la sociedad y paz pública”, que eso demuestra la clara y evidente infiltración del crimen organizado en los tres órdenes de gobierno, en instituciones públicas y privadas, y que de forma especial penetró los órganos encargados de la seguridad pública y que los partidos políticos no quedaron exentos.
Para frenar el fenómeno, el consejo aprobó el protocolo que debe aceptar el CEN, en el documento apuntan que no se tolerará ninguna conducta delictiva de ninguna Persona Expuesta Políticamente (PEP) del PRD, que son los servidores públicos desde de primer, segundo, tercer y hasta cuarto nivel.
Que cuando el CEN del PRD tenga conocimiento de hechos presumiblemente delictivos o conductas antisociales, de una o varias acciones u omisiones ilícitas de una PEP, les exigirá que se presente de inmediato ante las instancias ministeriales o jurisdiccionales que corresponda, para que declare sobre los hechos que se le imputen y, en su caso, aclaren su presunta responsabilidad.
Eso también aplica si participa en algún escándalo público, por conducta impropia y la imagen del partico haya o pueda sufrir un daño ante la sociedad.
Si la PEP del PRD se niega a comparecer de inmediato, ante la existencia de una averiguación previa penal y ponerse a disposición de las instancias ministeriales o jurisdiccionales, la dirigencia nacional informará a la comisión jurisdiccional para abrir un procedimiento precautorio de suspensión de los derechos partidarios.
Un proceso penal en contra de la PEP del PRD será causa de la suspensión de derechos partidarios, previa resolución de la comisión jurisdiccional de ese partido.
La ejecución de una sentencia condenatoria definitiva e inapelable o irrecurrible a una PEP del PRD, será causa suficiente para su expulsión definitiva del partido.
El inicio de un procedimiento penal, en que se presuma el encubrimiento de conductas delictivas de las PEP del PRD, tendrá como efecto la suspensión de los derechos partidarios de los afiliados y dirigentes que incurran en esa conducta.
Según lo aprobado, la colusión, nexos, relación, vínculos y complicidad de servidores públicos municipales y delegacionales con organizaciones criminales, en la comisión de conductas delictivas o en la transgresión de los derechos humanos, no serán tolerados.
Tampoco la colusión y complicidad de dirigentes nacionales, estatales, municipales y legisladores federales y locales, así como coordinadores de corrientes con organizaciones criminales, en la comisión de conductas delictivas y violación de derechos humanos.
Las acciones que el CEN debe aplicar de inmediato en esos casos, es que sus militantes deben someterse a las actuaciones ministeriales o judiciales, cuando sea señalado o relacionado en la comisión de algunos delitos, sobre los que exista denuncia penal o medie un proceso penal en curso.
Todos los afiliados estarán obligados a denunciar ante las instancias partidarias, ministeriales o judiciales cualquier conducta delictiva, acto o hecho de escándalo público que atente contra la imagen del partido, que comentan los funcionarios.
Se plantea establecer un sistema de transparencia, información y rendición de cuentas públicas en el PRD, en el que se declarará de carácter público toda información financiera, patrimonial y de gasto del comité ejecutivo nacional y de los comités ejecutivos estatales del PRD, también los ingresos y gastos, salarios, viáticos y viajes de órganos directivos.
Las declaraciones patrimoniales de los integrantes de los órganos de dirección del PRD: mesa directiva del Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, comisiones del CEN, órganos autónomos, comités ejecutivos estatales, mesas directivas de los consejos estatales y comités ejecutivos municipales, se presentarán ante la Secretaría de Finanzas del CEN y la dirección de auditoría, para ser entregadas ante el órgano de fiscalización del INE y ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Plantean la creación de una página nacional de transparencia, para construir un sistema ciudadano de control de precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, con el fin de verificar su reputación social y política.
Los datos que los ciudadanos aporten a través del sistema, serán utilizados para determinar la postulación o no de una persona a un cargo de elección popular, previa garantía de legalidad y audiencia.