Tlachinollan

 

Gobierno distante y ajeno al  dolor de las víctimas

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

 

Para los padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, el mensaje del presidente de la República del pasado jueves 27 de noviembre, donde hizo suyo el grito “Todos somos Ayotzinapa”,  no fue una buena noticia, porque nada dijo de los avances de la búsqueda con vida de sus hijos. A pesar de que reconoció que “México no puede seguir así y que después de Iguala, México debe cambiar”, los 65 tortuosos días y las largas noches en vela  han sido  devastadoras porque no hay indicios  sobre el paradero de los normalistas. Con el mensaje se cierne más bien la amenaza de que el poder presidencial quiere dar la vuelta  a la página de los 43 desaparecidos, para entrar a la etapa del endurecimiento político y del control de las protestas con el uso de la fuerza.
Ante la falta de resultados tangibles  los padres y madres de familia han vislumbrado la posibilidad de emprender ellos mismos la búsqueda, pero ya no con el apoyo de las corporaciones policiacas federales, sino con la ayuda de las policías comunitarias, con quienes se sienten más seguros y le tienen mayor confianza. Están seguros de que caminarán con ellos largas horas e irán a los lugares más inaccesibles.  También han  emplazado a las autoridades federales para que agilicen la llegada de los expertos internacionales quienes con su ayuda puedan analizar, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, los expedientes de  investigación, bajo la idea de emitir una opinión técnico-científica sobre si se han cumplido los estándares de debida diligencia aplicables, dada la gravedad de los hechos y para introducir nuevas tecnologías para la búsqueda.
Es grande la decepción de las madres y los padres de familia por los compromisos incumplidos por parte del presidente Enrique Peña Nieto, que firmó el 29 de octubre en la residencia oficial de Los Pinos, donde se acordó que “el gobierno de la República profundizaría y rediseñaría el plan de búsqueda planteado por la secretaría de Gobernación”. El impulso a esta búsqueda ha quedado muy limitado por la falta de nuevas tecnologías y de personal altamente capacitado para estas tareas. Actualmente las autoridades federales le han dado prioridad a la línea de investigación que se planteó como una hipótesis, de que los estudiantes supuestamente fueron incinerados en el basurero de Cocula, presentándola en las reuniones de la comisión mixta como única línea que está por concluirse. Esta postura no sólo ha desechado otras líneas de investigación ya iniciadas, sino que el plan de búsqueda parece estar supeditado a las investigaciones que realiza la PGR. Por eso las reuniones de esta comisión se han vuelto repetitivas e intrascendentes, porque sólo se dan informes de las actividades que realizaron los diferentes equipos de búsqueda sin que los familiares cuenten con información cualificada.
El compromiso relacionado con las investigaciones de la PGR ha dejado insatisfechos a los padres y madres de familia porque no ha avanzado en la detención de más personas claves que se encuentran involucradas en los hechos, siendo sus informas insustanciales y sus avances nimios, generando una mayor incertidumbre  y cuestionamiento a la indagatoria. Las suspicacias aumentan cuando las autoridades han postergado la entrega de las copias de los procesos penales a los representantes legales.
La palabra incumplida del Presidente alejó a los familiares de los estudiantes desaparecidos porque se sintieron engañados. El acercamiento que tuvieron con el Ejecutivo federal no logró recuperar la confianza de los padres y madres de los estudiantes, porque fueron insuficientes los acuerdos firmados y porque no hubo el compromiso de volverse a encontrar para evaluar los avances de la búsqueda de los estudiantes. Por eso, el mensaje presidencial no tuvo como principal interlocutor a los papás y mamás de los normalistas, ni hubo una mención especial hacia ellos o alguna noticia que los reanimara.  El ejecutivo federal más que por atender el clamor de los familiares, se ha  preocupado por recuperar la imagen deteriorada de su gestión. Ha tenido que retomar hasta las mismas consignas de la sociedad que protesta para reposicionarse  políticamente y emprender una ofensiva de cara a las crecientes manifestaciones de protesta y repudio a su estrategia fallida.
Para el estado de Guerrero, el mensaje presidencial estuvo precedido por la llegada de más de mil policías federales a la ciudad de Chilpancingo, que empezó a patrullar las calles del centro en la misma noche del miércoles, como el primer anuncio para los maestros y maestras que se encuentran plantados en la plaza Primer Congreso de Anáhuac. El día jueves 27, estaban prestos  para emprender el primer desalojo en la Autopista del Sol y arremeter contra los maestros, estudiantes y padres de  los normalistas desparecidos. Sólo esperaban la orden para usar el equipo antidisturbios y aplicar la  estrategia de contención social.
La reunión programada de los padres de familia con las autoridades federales este viernes 28 se dio en medio de un amplio operativo policíaco, y en un lugar donde se encuentran acampados los policías federales. Las condiciones del diálogo no fueron propicias por la presencia policiaca y por la forma burda como se trata a los padres y madres de familia, que tienen que registrar sus nombres y ser revisados para acceder a las instalaciones. Cada vez  hay más desconfianza y trato distante con los padres, los estudiantes y representantes legales. Las reuniones se tornan tensas por falta de resultados y porque se postergan los compromisos asumidos.
La exigencia generalizada de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos ha desencadenado una gran diversidad de formas de organización y de lucha, ante un clima de violencia e impunidad que sigue imperando en Guerrero. A pesar de una mayor presencia policiaca y militar en el estado, las acciones delincuenciales siguen a la alza. Nada ni nadie detienen el número de asesinatos, por el contrario, se han ido incrementando, al grado que esta semana se registraron 18 asesinatos en el tramo carretero de Chilapa-Chilpancingo, sin que esto desencadenara una intervención inmediata y a gran escala para detener esta espiral de violencia que parece agudizarse.
Por esta incapacidad para brindar seguridad y actuar con presteza ante situaciones sumamente graves, la población se ha visto obligada a buscar formas de autoprotección y a tomar en sus manos las riendas de la seguridad, al grado de que en algunos municipios, los ciudadanos y ciudadanos están proponiendo crear nuevas formas de gobernabilidad a través de las asambleas populares como un mecanismo de restablecimiento del orden y de garantizar la incorporación de la población en la toma de decisiones sobre asuntos que más les afectan. Ante el descrédito en que han caído las autoridades municipales por su falta de compromiso con la población que se siente desprotegida y vilipendiada y su vinculación con grupos de la delincuencia organizada, la ciudadanía se ha visto obligada a intervenir para contener esta avalancha delincuencial y propiciar formas de participación política que empoderen a las y los ciudadanos.
Contrario a ello, el presidente de la república ha anunciado la eliminación de los policías municipales para crear un sistema obligatorio de policías estatales y ha planteado enviar una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión para intervenir y disolver ayuntamientos ante casos de infiltración del crimen organizado. En lo inmediato, ordenó un operativo especial con el despliegue de fuerzas federales en la región de la Tierra Caliente, centrándose en los municipios más afectados por la delincuencia organizada de los estados de Guerrero y Michoacán. Estas medidas apuntalan más el control político presidencial para garantizar un avasallamiento a los poderes locales y un mayor control de la sociedad, con el uso de la fuerza, manteniendo el patrón de criminalización de la protesta social y excluyendo, como siempre, la participación de la ciudadanía.
Se mantiene la postura que sólo los gobierno municipales y sus policías son los que están coludidos con el crimen organizado y no se quiere asumir que el problema es mayúsculo, es estructural y, por lo mismo, se requieren cambios de fondo en el sistema político de nuestro país y una transformación de las instituciones, sobre todo de los sistemas de seguridad y justicia. Desde las entrañas de este aparato gubernamental ha nacido esta monstruosidad criminal que ha engendrado un poder que se empeña en atentar contra la vida y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas.
La sociedad ha asumido el compromiso, a contrapelo de la clase política en el poder,  de ya no permitir más atrocidades, de parar las acciones delincuenciales de las autoridades y de seguir ampliando el gran movimiento que han erigido los padres y madres de familia en torno a su lucha, de buscar a sus 43 hijos vivos. Este reservorio moral de las familias pobres de Guerrero que han dejado todo para exigir a las autoridades que presenten a sus hijos con vida es el que da fuerza y consistencia a todas las luchas que hay en nuestro país, que representan la esperanza de un verdadero cambio. El dolor e indignación de estas 43 familias se ha transformado en el motor del cambio y en el porvenir por un país sin personas desaparecidas.