Héctor Manuel Popoca Boone

  Trato económico injusto  

En las relaciones económicas que establecen los diferentes actores productivos en un sistema de mercado libre, siempre se observa la tendencia de que el más fuerte avasalla al más débil y las reglas del juego económico que se imponen en la práctica, se significan por favorecer a los poderosos en detrimento de los débiles, tanto en las relaciones intranacionales como internacionales.

Ilustrativo de la aseveración anterior, a guisa de ejemplo, son las siguientes situaciones que me ha tocado vivir y es mi deseo compartir:

Con el fuerte incremento en los precios de los fertilizantes químicos, en el año pasado, y tomando en cuenta el gran volumen que de dicho insumo agrícola se adquiere, año con año, en el estado de Guerrero hicimos un estudio que nos permitiera en este 2004, vislumbrar la factibilidad de realizar la importación de fertilizantes a precios por tonelada más reducidos que los prevalecientes en el mercado nacional, a partir de una compra compactada que hiciéramos tanto el gobierno estatal como los gobiernos municipales.

La investigación nos arrojó que podíamos tener un ahorro presupuestal de al menos 30 por ciento en el mercado internacional en relación con las compras en el nacional. Si tomamos en cuenta que se destinan alrededor de 350 millones de pesos a la adquisición de fertilizantes por parte de los dos órdenes de gobierno, concluíamos que era conveniente la importación de varios barcos de fertilizantes, puesto que eso significaba una reducción de costos de cerca de los cien millones de pesos.

Pero grande fue nuestra sorpresa el saber que la importación de fertilizantes químicos está gravada con un arancel del 58 por ciento vigente durante cinco años a petición de parte y para proteger a la industria nacional fabricante de dichos insumos agrícolas. Ésta adujo presencia de dumping (precios bajos en el mercado mundial, gracias a los subsidios de los gobiernos de origen de los fertilizantes). El arancel volvió inviable, económicamente hablando, nuestra pretensión.

Lo anterior no estaría mal, en mi modesta consideración, si nuestra planta fabricante nacional protegida de esta forma, estuviera integrada por muchas empresas; pero resulta que no es así ya que constituyen un auténtico oligopolio (pocas empresas dominantes en el mercado), de no más de cuatro fabricantes, que son al final de las cuentas quienes controlan el mercado nacional y definen los precios que prevalecerán en el mismo.

A estos empresarios poderosos, la Secretaría de Economía no les regateó el nivel del arancel ni el periodo de duración pedido. En cambio, a los copreros de México, que son más de 50 mil familias, no les aceptó que el arancel a la importación de aceite de coco o sucedáneos, por fenómeno demostrado de dumping, se mantuviera más de un año al 45 por ciento procediendo a bajarlo año con año. He aquí un trato económico diferenciado injusto.

El otro caso se refiere al ya tristemente famoso farm bill, ley agrícola de Estados Unidos mediante la cual se le garantiza al granjero o ranchero norteamericano subsidios per cápita de al menos 10 mil dólares anuales, durante diez años, en comparación a los 300 dólares al año que recibe el productor rural mexicano.

En la pasada reunión trinacional de secretarios de desarrollo agropecuario de las provincias y estados de Canadá, Estados Unidos y México que se efectuó en Puerto Vallarta, Jalisco, al analizar los impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sector agroalimentario de los tres países, argumenté que los productores rurales mexicanos de granos básicos han sido perdedores en dicho comercio a causa de las asimetrías en los subsidios gubernamentales otorgados, entre otros factores.

La representante del Departamento de Agricultura del gobierno federal estadunidense me contestó, con desfachatez y cínicamente, que su país no podía bajar los subsidios porque la Unión Europea daba a sus productores rurales lo doble y el gobierno de Japón lo triple de lo que ellos daban con el farm bill. A confesión de parte, relevo de pruebas. He aquí otro ejemplo de trato económico diferenciado injusto.

PD1. El senador del PAN, Diego Fernández de Cevallos, sale al quite para ayudar al empresario Carlos Ahumada Kurtz, seductor y corruptor del PRD. Tal para cual.

PD2. Ahora es en el PRI en donde salen chispas en la disputa por el reparto del pastel que aún no está cocinado y asignado. ¡Uff!