Formalizan cinco regidores de Apaxtla ante el Congreso solicitud de juicio político al alcalde

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Cinco regidores de Apaxtla entregaron al Congreso local una denuncia de juicio político en contra del alcalde perredista Efraín Peña Damacio y el síndico procurador Wilber Alcántara Cortés, por “hechos que constituyen violaciones graves y sistemáticas a la Constitución”.
En varios puntos del documento entregado relacionan a ambos, sin precisar detalles, con actividades ilícitas, por lo que solicitan juicio político.
Los cinco regidores solicitantes son Noemí Pineda Salgado y Fermín Ocampo Salgado del PRD, de Movimiento Ciudadano, Cecilia Lagunas Figueroa y Ramiro Orduño, y de Nueva Alianza, Gildardo Vázquez Hernández.
En el documento los regidores informaron que han recibido amenazas vía telefónica en las que les dicen que “andemos con cuidado” y que dejen de protestar e insistir en que se revise la administración municipal, pues de lo contrario “nos atengamos a las consecuencias”, e incluso denuncian que han llegado a amenazarlos de muerte.
En el documento apuntan que responsabilizan al presidente municipal de algún perjuicio o daño en contra de cualquiera de los cinco regidores “debido al clima de violencia que existía en nuestra comunidad, producida por los lazos de amistad y tolerancia de parte del señor Efraín Peña Damacio”, pero no se precisa a qué lazos se refieren y con quién o quiénes.
En otro de los puntos de su denuncia, los regidores informan que el cabildo autorizó 800 mil pesos para la compra de dos patrullas que se destinarán a la dirección de Seguridad Pública, pero el presidente municipal no les ha mostrado las facturas que acreditan la compra, además de que la Fiscalía General del Estado (FGE) las decomisó “debido a que resultaron clonadas”.
De ese caso no se apuntan detalles en el documento, sobre los números de patrullas o la fecha en la que fueron decomisadas por la fiscalía.
En otro tema de seguridad informaron que en febrero pasado llegó a la cabecera municipal “un grupo de sujetos armados, que según ellos fungirían como policía preventiva municipal, pero cuando supieron de la entrada del Ejército y la Policía Federal al municipio (…) el 18 de octubre pasado de manera furtiva salieron del pueblo”.
Y que Efraín Peña únicamente les dijo que no puede obligar a trabajar y que decidieron renunciar en grupo, “pero lo raro es que nunca se dio cuenta al cabildo de las contrataciones” ni les dijo si tenían certificación y los registros del sistema estatal y nacional de seguridad pública.
Los regidores apuntan en el documento entregado que “siempre” estuvieron en la voluntad de trabajar con el alcalde para resolver dentro de sus posibilidades problemas como la inseguridad ocasionada por la delincuencia organizada, y señalan que a pesar de que en un inicio hubo disposición del alcalde y síndico, después de 2013 Peña Damacio “cambió radicalmente”.
Apuntan también que el tesorero Gabino Alcántara Varela se traslada diariamente a Iguala y que nunca es molestado por la delincuencia.
También señalan que la información de la nómina y compensaciones del personal ordinario y extraordinario que se otorgan desde octubre de 2012 la mantiene en secreto y sólo el alcalde y su tesorero tienen acceso a ella y la niegan a los ediles, desde el mismo mes se niega a proporcionar copia de las actas de sesiones de cabildo.
Acusan también al alcalde perredista de contratar y mantener en la nómina con cargos directivos a su familia como es el caso de su hermano Salvador Peña Damacio que es el director de Deporte, a su yerno Edgar Díaz Giles que es el director de Protección Civil, a su nuera Neyra Lizet Martínez Basabe y a su hijo Efraín Peña Bustamante, de quien no se precisa el cargo.
Lo acusan de mantener también en la nómina al regidor Rafael Bustamante Rogel, que desde hace un año en diciembre de 2013 se ausentó de sus responsabilidades en el cabildo argumentando que está enfermo.
Informan también que el presidente municipal ha realizado contratos de arrendamiento de maquinaria pesada y camiones de volteo sin la aprobación del cabildo.
Entre los anexos entregaron actas de cabildo, solicitudes de documentación que han realizado los regidores, y videos de cuando el alcalde llegó al ayuntamiento con un grupo de ciudadanos y funcionarios municipales que simpatizan con el desalojar el ayuntamiento tomado por los regidores y 33 fotografías.