Priistas y perredistas se acusan en el Congreso de ligas con el narco

*La crisis en el país la provocó el alcalde del PRD José Luis Abarca, dice Flores Majul

*El caso Iguala fue un distractor para olvidar la masacre de Tlatlaya por el Ejército, responde Marcial Liborio

*Ayotzinapa, fruto de la colusión de 10 años de la clase política guerrerense con el crimen organizado, dice un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública

*Da a conocer una lista de 25 alcaldes que han sido involucrados

*Los comicios de 2015 podrían reducirse a una elección entre los peores”, advierte y menciona los señalamientos que se han difundido contra Ríos Piter, Sofío Ramírez, Manuel Añorve, Mario Moreno y Cuauhtémoc Salgado

Sus gobiernos tienen vínculos con el crimen, se acusan priistas y perredistas en el Congreso

*La crisis en el país la provocó el alcalde José Luis Abarca, dice Flores Majul (PRI) a Marcial Liborio (PRD). Peña Nieto llegó al poder con la compra de votos y hacer explotar el caso Iguala fue un distractor para olvidar la masacre de Tlatlaya por el Ejército, afirma éste. En Cocula y Chilapa se vive una violencia igual de grave y de ahí los priistas no quieren hablar, expone Germán Farías

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

A los diputados del PRI no les gustó que ayer el diputado del PRD, Jesús Marcial Liborio, en su intervención por motivo del aniversario 104 de la Revolución Mexicana les dijera que el gobierno de Enrique Peña Nieto está involucrado con el crimen organizado.
Por la crisis que vive el estado, diputados del PRD, PRI y PAN le exigieron al gobernador Rogelio Ortega que cumpla y concrete el acercamiento y diálogo con los estudiantes normalistas, y que “si no puede con el paquete, que renuncie”.
“A cada grosería habrá una respuesta, a cada reflexión respetuosa habrá un reconocimiento”, le respondió al perredista la priista Alicia Zamora Villalba.
Este martes al final de la sesión, en las intervenciones, a pesar de que ya pasaron 22 días de la conmemoración del aniversario de la Revolución, pidió la palabra para subir a tribuna el diputado Jesús Marcial Liborio.
“El centralismo político y el fanatismo de eternizarse en el poder son los verdaderos males en la vida política mexicana, hoy, a más de cien años de la Revolución Mexicana se siguen dando los mismos reclamos sociales como son: La marginación, la pobreza extrema, la falta de empleos, la falta de vivienda digna y decorosa”.
“Además el difícil acceso a los programas sociales, la mala administración y aplicación de los recursos públicos, la mala administración e impartición de justicia que trae como consecuencia la impunidad, entre otras causas más, son motivos suficientes para que la sociedad reclame sus derechos, hasta con el empleo de la violencia”, expuso.
El perredista consideró que el gobierno de Peña Nieto debe tener “respuestas claras e inmediatas a las demandas sociales y no con represión ni con encarcelamientos injustos de líderes sociales”.
Dijo que considera que es justificable el reclamo social por la gran marginación y pobreza que existe en Guerrero.
Y advirtió: “Si no hay justicia, no habrá paz, la violencia en Guerrero es producto de la injusticia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Hoy como en 1910 las inconformidades de la sociedad son motivadas por el mal gobierno”.
El primero de los priistas en responderle fue el diputado taxqueño Omar Jalil Flores Majul, dijo a los del PRD que sufren de amnesia política, pues no reconocen que despues de la revolución fueron creadas las instituciones, acusó a Marcial Liborio de demagogo y retórico, cuando dice que todo lo que ocurre es culpa del gobierno federal.
De paso le indilgó al perredista que es un “irresponsable” porque quien provocó la crisis fue su alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que asesinó a estudiantes y civiles y desapareció a 43 normalistas, y que hasta provocó que el líder nacional de ese partido, Carlos Navarrete, viniera a pedir perdón.
Pero Marcial Liborio no se quedó tranquilo en su curul, regresó a tribuna para decirle a los priistas que cada quien es responsable de su actos, pero que fue el presidente Peña Nieto quien llegó al poder con la compra de votos y que hacer explotar el caso Iguala fue un distractor para olvidar la masacre de Tlataya por el Ejército Mexicano, además de que el gobierno de Peña Nieto está tambien involucrado con el crimen organizado.
Esto obligó la intervencion en tribuna del coordinador del PRI, Héctor Apreza Patrón para recordar que su fracción se ha mostrado respetuosa de los gobiernos del PRD, pero que no van a tolerar las acusaciones contra el gobierno federal.
Le recordó además que si Guerrero está en crisis es porque los gobiernos del PRD, desde Zeferino Torreblanca hasta los tres años de Ángel Aguirre, nada hicieron contra la impunidad y por la aplicación de la justicia, además que si en un partido existen las camarillas que se disputan el poder es en el PRD.
La perredista Abelina López Rodríguez reiteró que si existe corrupción en las instituciones es porque no se ha logrado erradicar la pobreza en el país y en Guerrero.
La diputada recordó que la crisis de credibilidad en los políticos se agrava por su actitud de no apoyar los reclamos de justicia de los pa-dres que exigen la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos, lo que evidencia que el Congreso no está a la altura de las circunstancias.
Por su parte, el panista Jorge Camacho Peñaloza, criticó que el exige recursos para Guerrero, y que debió hacerlo cuando votó a favor del paquete fiscal del presidente Peña Nieto, a cuyo gobierno también cuestionó por no intervenir de inmediato en Iguala, ya que lo hizo a los 12 días de la masacre.

Que renuncie el gobernador

El mismo Camacho fue el primero en exigir la renuncia del gobernador Rogelio Ortega porque “sólo se ocupa en colocar a sus amigos” en puestos de gobierno, a pesar de que no fue designado para eso, sino para tender los puentes de diálogo con los estudiantes normalistas.
Luego en tribuna la priista Alicia Zamora advirtió a los perredistas que “a cada grosería habrá una respuesta, a cada reflexión respetuosa habrá un reconocimiento”, y destacó las cualidades de las propuestas de Peña Nieto para solucionar la crisis política en el país.
A su vez, el perredista Germán Farías Silvestre expuso que el de México, “es un Estado fallido” y los priistas aún se ofenden cuando se habla de la corrupción en las instituciones.
Y agregó que combatir al crimen organizado es una responsabilidad del gobierno federal, y que en Iguala fue omiso pues el Ejército no intervino, además que en el PRD no defienden criminales, “como sí lo hacen en el PRI”.
Reprochó que hablen de Iguala pero que en Cocula y Chilapa la situacion es igual de grave y de ahí los priistas no quieren hablar, pues son gobierno y el gobierno federal tampoco interviene.
También se sumó a los reproches al gobernador Ortega, “lo designamos aquí –señalando con el dedo el recinto legislativo–, y sólo cambia a su personal”.
“Es tiempo de pedirle que rinda cuentas, si no puede con el paquete que renuncie” y exhortó a los padres de familia, estudiantes y maestros a dialogar con el gobernador, a quien convocó a impulsar juntos a una reunión de alto impacto con la clase políticia guerrerense y el Congreso.
Así terminó la sesión, eran las 8:30 de la noche, y los diputados, nerviosos, se retiraron. Todo quedó en discusión.

Ayotzinapa, fruto de la colusión de 10 años de la clase política con el narco, dice informe

*Ángel Aguirre entró en una “colusión absoluta” con todos los grupos criminales, sostiene el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Zeferino se alió con El Chapo contra los Beltrán, afirma con base en fuentes militares. En su diagnóstico Guerrero: atrapados en el círculo de la violencia, publica una lista de 25 alcaldes que han sido involucrados. “Los comicios de 2015 podrían reducirse a una elección entre los peores”, dice y menciona señalamientos contra Ríos Piter, Sofío Ramírez, Manuel Añorve, Mario Moreno y Cuauhtémoc Salgado

Redacción

En Guerrero no son 12 sino 25 los alcaldes y ex alcaldes señalados por estar coludidos con grupos criminales, y también el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, senadores, diputados, políticos, ex funcionarios y candidatos a la gubernatura, sostiene el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que preside el abogado José Antonio Ortega, en el diagnóstico Guerrero: atrapados en el círculo de la violencia.
Acerca del ex gobernador Aguirre Rivero, el documento afirma que “el problema de Guerrero es que Aguirre dejo? correr a todos los grupos criminales y de todos recibió dinero”.
También alude al ex gobernador Zeferino Torreblanca y asegura que “se alineó con El Chapo y contra los Beltrán, pero Aguirre a todos les dio jugada”.
“La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala y el asesinato de seis personas más no es un hecho extraordinario e inesperado, sino la lógica consecuencia de la larga tradición de violencia que Guerrero ha sufrido, pero que se agravó en los últimos diez años como consecuencia de la colusión de la mayor parte de la clase política local con los grupos criminales y de la feroz pugna entre facciones políticas, sobre todo en el seno de la izquierda, la cual está por cumplir una década en el poder”, señala el estudio.
En la lista están 13 alcaldes perredistas: de Apaxtla, Efraín Peña Damacio; de Tixtla, Gustavo Abarca Alcaraz; de Leonardo Bravo, Leopoldo Cabrera Chávez; de Heliodoro Castillo, Mario Alberto Chávez Carbajal; de La Unión, Crescencio Reyes Torres; de Mochitlán, Cevero Espíritu Valenzo; de General Canuto A. Neri, Eleuterio Aranda Salgado; de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado; de Coyuca de Catalán, Rey Hilario Serrano; y de Marquelia, Javier Adame Montalván.
También 11 priistas: de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana; de Taxco, Salomón Majul González; de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos; de Chilapa, Francisco García González; de Eduardo Neri (Zumpango), Ignacio Basilio García; de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo; de Olinalá, Eusebio González Rodríguez; de Quechultenango, Antonio Navarrete Cortez; de Zihuatanejo, Eric Fernández Ballesteros; de Arcelia, Taurino Vázquez; y de San Luis Acatlán, Alejandro Contreras Velasco.
Completan la lista el alcalde panista de Tepecoacuilco, Antonio Galarza Zavaleta; el ex alcalde interino perredista de Huamuxtitlán, que renunció en 2012, Juan Carlos Merino González, y sus compañeros de partido ahora presos, los ex alcaldes de Iguala y Cuetzala, José Luis Abarca Velázquez y Feliciano Álvarez Mecino.

Choque de cárteles

El documento del organismo independiente dividió las confrontaciones por el narcotráfico en tres fases principales: de 2005 a 2007 por el choque del cártel de los Beltrán Leyva con el Cartel del Golfo y Los Zetas; de 2008 a 2010 entre los Beltrán Leyva y Joaquín El Chapo Guzmán; y de 2011 a la fecha como “la más violenta” porque es “una fuerte guerra de todos contra todos”, sumándose otros como Los Templarios y la Familia Michoacana.
Por sus vínculos con el cártel de Guerreros Unidos, señaló al ex alcalde de Iguala y a los de Cocula, Apaxtla y Taxco; en colusión con Los Rojos marcó a los de Tepecoacuilco, Chilpancingo, Chilapa, Zumpango, Tixtla, Huitzuco, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Olinalá; y a los de Quechultenango y Mochitlán con la banda de Los Ardillos, grupo fundado por la familia del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez.
Afirma que a La Familia Michoacana la protegen los alcaldes de General Canuto A. Neri, Teloloapan, Arcelia y el ex alcalde de Cuetzala; que el de La Unión protege a Los Granados y al Cártel de Jalisco Nueva Generación, y el de Zihuatanejo a Los Granados.
También asegura que el alcalde de Coyuca de Catalán es investigado por indicios de su vinculación con Los Caballeros Templarios; que la policía de San Luis Acatlán está “comprada” por La Barredora “con la complacencia del presidente”; al de Marquelia lo vincula con el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), y al ex alcalde de Huamuxtitlán con Los Zetas.
“El gobierno del presidente Peña al parecer no comprende la gravedad y alcance de la crisis de Guerrero, que se ha convertido en una crisis nacional con repercusiones internacionales”, critica en alusión al decálogo de seguridad presentado el jueves en el Palacio Nacional.
Ayer la asociación civil publicó en su portal de internet el informe en el que detalla los señalamientos contra cada uno de los alcaldes y ex alcaldes, con base en “testimonios de testigos privilegiados”, fuentes de información pública y notas publicadas en periódicos nacionales, locales y El Sur.

Clase política, aspirantes y ex gobernadores

“La descomposición abarca a la mayor parte de la clase política local. Incluye a senadores, diputados federales, diputados locales, dirigentes de los partidos políticos y, por supuesto, a Ángel Aguirre y sus colaboradores”, resume, y considera alarmante que la mayoría de los políticos que aspiran a la gubernatura también son objeto de señalamientos.
Entre ellos considera a los senadores perredistas Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández. Ríos Piter por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez y El Chapo Guzmán, y Sofío Ramírez porque como priista fue responsabilizado en 2009 por el asesinato del alcalde suplente de Zapotitlán Tablas, Alfonso Cruz Rivera, del alcalde José Santiago Agustín en 2010, del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz en 2011 cuando ya era funcionario perredista de Aguirre, y porque en octubre de este año en unas mantas colgadas en Chilpancingo lo señalaron por vínculos con Guerreros Unidos y de estar implicado en la matanza y desaparición de Iguala.
También señala al ex secretario de Salud y fugaz candidato de Morena a la gubernatura, Lázaro Mazón Alonso, y al diputado federal perredista Sebastián de la Rosa Peláez por ser padrinos políticos de José Luis Abarca, al dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, por apoyar al Cártel de Jalisco Nueva Generación y sus aliados Los Granados, y al presidente del Congreso local por ser familiar de Los Ardillos.
De los aspirantes priistas recuerda que en 2010 el diputado federal Manuel Añorve Baños fue relacionado con los Beltrán Leyva y que en octubre asesinaron a su suplente en el Distrito Federal; que el alcalde de Chilpancingo es señalado por “estar al servicio de Los Rojos” y ordenar el atentado contra el empresario Pioquinto Damián Huato; y que al dirigente estatal, Cuauhtémoc Salgado Romero, los perredistas lo responsabilizaron por los atentados contra militantes en mayo de 2009 previo a las elecciones, junto con Rogaciano Alba.
“Los comicios de 2015 podrían reducirse a una elección entre los peores, a una mascarada para definir cuál de los políticos coludidos con los grupos criminales será el próximo gobernador. Pero esa mascarada podría ser sangrienta”, alerta.
Recuerda que desde 2008 han sido asesinados 11 alcaldes y ex alcaldes, el diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y el presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, y que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo 46 perredistas fueron asesinados, y en el de Aguirre Rivero otros 13 líderes sociales.
En el informe califica al gobierno de Aguirre como “la colusión absoluta con los grupos criminales”, porque “la violencia terminó de desbocarse”, los delitos violentos se dispararon, las “bajas colaterales” de inocentes aumentaron y fue porque dio “carta blanca a todos”; además, recordó que en repetidas ocasiones fue señalado como primo del jefe del Cártel Independiente de Acapulco, Víctor Aguirre.
“Mandos del Ejército, cuyas informaciones privilegiadas y juicios suelen ser confiables, nos comentaron: el problema de Guerrero es que Aguirre dejo? correr a todos los grupos criminales y de todos recibió dinero; a todos les vendió la plaza. Zeferino se alineó con El Chapo y contra los Beltrán, pero Aguirre a todos les dio jugada”, asegura el documento.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal estuvo vinculado con la arquidiócesis de Guadalajara cuando la encabezaba el cardenal, Juan Sandoval Íñiguez, con quién defendió que el asesinato en 1993 del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo no fue fruto de una confusión de los sicarios de El Chapo Guzmán, sino un asesinato político. Culparon al que fue procurador del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Jorge Carpizo, de ordenar una investigación a modo para proteger al ex presidente.