Opositores a La Parota crean un frente por los derechos ambientales y culturales

* Se reúnen 100 campesinos en Agua Caliente

 * Escuchan experiencias de consecuencias negativas de otras presas, como la de El Caracol

 Raquel Santiago Maganda * Con la intención de reiterar su rechazo al proyecto de La Parota, ayer se constituyó el Frente por los Derechos Económicos, Socio-Ambientales y Culturales de los Pueblos por uno de los grupos de campesinos que se oponen a esta obra de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE), con el argumento de que es necesario defender sus tierras para evitar la migración y el desequilibrio ecológico.

En la comunidad de Agua Caliente, se reunieron unos 100 asistentes en el encuentro de solidaridad con los campesinos de La Parota, organizado por el grupo que encabezan Mauro Gallegos Salgado y Felipe Flores Hernández, en donde se constituyó esta organización.

En el encuentro, al que asistieron representantes de diversas organizaciones de Oaxaca y Chiapas, también se informó a los campesinos de experiencias sobre las consecuencias negativas de otras presas. Específicamente Eva García Estrada, habitante de la comunidad de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, informó que con la construcción de la presa El Caracol a los habitantes se les dio trabajo temporal mientras se realizaba la obra, que provocó la muerte de varios de los trabajadores, entre ellos su padre por cuya muerte le dieron 20 mil pesos.

Aseguró que después de haber terminado la obra, y después de que los habitantes aceptaron ser transferidos de lugar con la condición de la dotación de pequeñas casas-habitación, la migración a las grandes ciudades y a Estados Unidos se incrementó ante la falta de actividades productivas.

La presa El Caracol está construida en la sierra de Teloloapan, cercana al poblado de Apaxtla, e inició trabajos en 1987 por parte de la CFE. García Estrada comentó que su familia fue una de tantas que optaron por la migración transnacional y que ahora la comunidad está desierta. Y las tierras se encuentran áridas; por eso, resumió, la presa fue una forma de “matar a la gente de hambre”.

La responsable del programa de Procesos Educativos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ana María Martínez Leri mencionó que con la imposición del proyecto, se violan los derechos humanos económicos, culturales y ambientales de los campesinos. Explicó que participación fue para informar acerca de los derechos y que el estado tiene la obligación de respetarlos, “sin hacerlos sentir que les hacen una caridad”, y por eso el llamado es que la gente se organice para hacer valer sus derechos.

Recordó que el centro al que representa “ya estaba enterado a grandes rasgos” del conflicto en La Parota, y consideró que los inconformes aún están en proceso de organizarse.

Precisó que como representantes del centro “no nos oponemos al desarrollo sino al tipo de desarrollo porque hay otras alternativas donde la gente puede vivir mejor y tener una vida digna”.

También hubo el sustento científico para respaldar el argumento de desequilibrio ecológico, en este caso la investigadora Úrsula Oswald Spring del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM explicó científicamente de las posibles consecuencias de una presa en La Parota.

Primero explicó que el río Papagayo es una pequeña cuenca, porque se conectan varios arroyos y ríos. Cuestionó el argumento de la CFE de que la necesidad de la presa de La Parota es la generación de energía eléctrica, para anteponerse a un posible desabasto ante el crecimiento del servicio público. Al respecto la académica, reconoció que las personas necesitan desarrollo a pesar de los cambios ambientales adversos como la escasez de agua, la contaminación, las inundaciones, además del calentamiento global, el cambio climático.

Anunció que de instalarse una presa, como el proyecto de La Parota, los campesinos serán obligados a reubicarse en un ambiente ajeno. Además de perder su arraigo cultural sin conocimiento a dónde ir o qué hacer. Es un conflicto social, y por eso “existe una alianza mundial en contra de las presas, porque éstas generan guerras, conflictos y violencia”.

Por si fuera poco, aseguró que con la construcción de la presa, se destruye la flora y la fauna nativa, “todo lo que tenemos en el lugar se acaba. Se llena de agua, se muere, y todo el sistema que tenemos de toda la cuenca hasta el mar se altera por una presa, porque ya todo lo que antes fluyera naturalmente durante millones de año se altera, ya no hay un flujo de agua. La laguna al no tener intercambio con el mar se perderá la fertilidad natural”.

Al encuentro también acudieron representantes de organizaciones de Oaxaca y Chiapas, como es el caso de Martín Velásquez Pérez de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, que en su intervención mencionó el rechazo al plan Puebla-Panamá, así como la defensa de las tierras.

También estuvieron del frente chiapaneco, José Domingo García; representantes de la asociación civil Guerreros Verdes; del estado de Oaxaca Osidoro Cruz y Andrés Jiménez Pablo; de la Asamblea Nacional de Braceros, Felipe Monroy Sandoval, así como representantes de otras organizaciones.