Jorge G. Castañeda

Estatalización de policías, sólo si hay cambios fiscales

Del discurso del presidente Enrique Peña Nieto de la semana pasada, se pueden retener varias propuestas interesantes. La más significativa es la idea de suprimir las policías municipales en todo el país, a mediano plazo, y de sustituirlas con 32 policías estatales. Interesante y significativa, pero en mi opinión, equivocada.
Se han esgrimido varias objeciones a esta propuesta: existen algunas polícias municipales que sí sirven; es una manera de eliminar la responsabilidad de los alcaldes en materia de seguridad; no salen las cuentas. Pero me parece que hay una objeción central, que me extraña que no haya sido atendida por los responsables de formular la propuesta y de fundamentarla.
La fiscalidad mexicana contradice por completo el esquema policiaco que tenemos. Las policías municipales constituyen la gran mayoría del total de efectivos policiacos en el país, pero los municipios no cobran prácticamente impuestos: el predial, la única fuente de recaudación que tienen, representa un porcentaje del PIB muy inferior en México a casi la totalidad de los países de América Latina, sin hablar de los países ricos. La segunda objeción es que los estados en México tampoco recaudan: ninguno genera por sí mismo más del 10 por ciento de lo que gasta. Todo lo demás viene de la federación. Por último, donde menos policías hay es a nivel federal, que es de donde viene todo el dinero de México.
Desde hace 10 años he propuesto, junto con otros, que debe construirse una policía nacional única, sustitutiva de las estatales y municipales. Esta policía sería en consonancia con el sistema fiscal que tenemos, para bien o para mal. Pero si se quiere suprimir a las municipales por las estatales sin cambiar el regimen fiscal, sólo hay de dos sopas, o bien, como propone la iniciativa de EPN, los municipios les trasladan a los estados los recursos con los que antes les pagaban a sus policías, y les seguirán pagando los mismos salarios miserables que los ayuntamientos; si les quieren pagar más, de alguna parte tiene que venir el dinero: de los propios estados o de la Federación; O, visto que los estados no recuadan, el dinero tendrá que venir de la federación, es decir, de una transferencia de recursos de estados ricos a estados pobres, que no necesariamente complacerá a las entidades más prósperas.
En todo caso, lo mejor hubiera sido acompañar esta decisión por una medida muy puntual: federalizar o estatalizar el cobro del predial para que se vuelva más caudaloso y eficiente para incrementar los sueldos de los policías. O mejor todavía, además de la estatalización del predial se podría introducir un impuesto especial, cobrado por el SAT, pero entregado a los estados para sufragar el costo de esta reforma, como lo hizo Álvaro Uribe en Colombia, para su política de “seguridad democrática”. A la gente no le gusta pagar impuestos a menos que sepa a que se van a destinar. Por la enorme precupación que hay en todo el país a propósito de la violencia, la inseguridad y la corrupción de las fuerzas policiacas, no dudo que un impuesto especial sería bien recibido. Lo que no tiene sentido es proponer una reforma equivocada, sin mejorar las condiciones de su realización a través del mecanismo que cuenta: el dinero.