Marcial Rodríguez Saldaña

La fuerza popular por los normalistas desaparecidos

Han transcurrido 69 días desde que seis personas, entre ellas tres alumnos normalistas, un adolescente del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, el chofer y una señora fueron asesinados, y 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, fueron objeto de desaparición forzada, y la fecha el gobierno de Enrique Peña Nieto no da cuenta de su paradero a sus padres, a sus compañeros estudiantes, a la población de México, a las organizaciones defensoras de derechos humanos ni a la comunidad internacional.
1. La postura de Peña Nieto frente a estos hechos de graves violaciones a los derechos humanos ha sido la de un gobernante mediocre, irresponsable e insensible. En un principio, el asunto le pareció de poca importancia al darle un trámite administrativo de que se trataba de un asunto local que deberían resolver las autoridades de Guerrero; luego, al sentir la presión nacional e internacional esperó ocho días para ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) que atrajera la investigación al ámbito federal; tardó más de un mes en recibir a los padres de familia de los alumnos desaparecidos; se fue de viaje a China y Australia, mientras en México crecía el clamor popular por la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos.
2. Peña Nieto no sabe cómo salir de la grave crisis política y social que vive su gobierno; se la ha pasado, en casi todos los eventos públicos en los que aparece, hablando del tema de Ayotzinapa. Ahí, en su discurso de presentación de su decálogo para la seguridad y justica expuesto este 27 de noviembre en Palacio Nacional, usando la demagogia se atrevió a decir incluso “todos somos Ayotzinapa”, asumiéndose como un reclamante de justicia a sí mismo, mientras en las marchas de protesta los padres de los alumnos desaparecidos le contestaron que no se agenciara tal denominación, pues lo que ellos exigen a Peña Nieto es que asuma su responsabilidad y que les de una respuesta clara de dónde están sus 43 hijos desaparecidos
3. El decálogo de Peña ha sido calificado como un pronunciamiento coyuntural insuficiente, ya que no tiende a resolver en lo inmediato el problema de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos ni la crisis estructural de la vinculación de las instituciones públicas con la delincuencia organizada, y esto se explica en razón de que Peña Nieto no está a la altura de las circunstancias que reclama la sociedad mexicana, de que el gobierno garantice el goce de los derechos fundamentales como la vida, la libertad, el trabajo, el libre tránsito y el bienestar social.
4. Las instituciones públicas de representación en México, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, federales y locales, así como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no están actuando de acuerdo al momento que se vive en el país. Se observa en general un pasmo, una parálisis ante la gravedad de los hechos de Iguala-Ayotzinapa. El Congreso de la Unión ya debió iniciar procedimientos para fincar responsabilidades a todos los responsables por acción u omisión, empezando por Peña Nieto. El Congreso de Guerrero ya debió haber hecho suya la exigencia de justicia de los padres de los estudiantes desaparecidos, o la CNDH ser más persistente con todas las autoridades para emitir recomendaciones sobre las violaciones graves que se cometieron contra los estudiantes.
5. Ningún decálogo de Peña Nieto, ni acciones locales que no pongan en el centro de su acción la respuesta a la demanda de los padres de familia tiene sentido y futuro, toda vez que si no hay compromiso con la justicia, difícilmente vendrá la paz. Por ello, ante la inacción de los poderes constituidos, no queda otro camino que hacer pleno uso del derecho a la justicia, de las libertades de expresión y de manifestación, que son ejercicios soberanos de la ciudadanía que se convierten en la fuerza popular como se reflejó con las manifestaciones en el país y en el extranjero de este 1 y 2 de diciembre, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.

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