Demanda la CRAC del Paraíso a Ortega equipo y financiamiento para la Policía Comunitaria

*La OPIM le pide que se cumplan las medidas cautelares que determinó la Corte Interamericana para indígenas de Ayutla y que se ejecuten las órdenes de aprehensión a Bruno y Cirino Plácido. La UCEZ independiente demanda fertilizante. Las tres organizaciones se reunieron con el gobernador en Acapulco con la mediación de la red que preside el obispo Vera

Daniel Velázquez

Acapulco

Integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) independiente y de la Casa de Justicia de El Paraíso se reunieron con el gobernador Rogelio Ortega Martínez para plantearle diversas peticiones, entre otras el cumplimiento de las medidas cautelares que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la entrega de fertilizante y apoyo financiero para la Casa de Justicia de El Paraíso.
La reunión se llevó a cabo con la mediación de la Red Solidaria Década contra la Impunidad en el centro de convenciones Mundo Imperial, ayer por la tarde, después de que el gobernador atendió al obispo Raúl Vera López.
Después de escuchar a las organizaciones, el gobernador ofreció reunirse con ellos el miércoles próximo para dar respuesta.
Les dijo que lo que pueda resolver de inmediato lo resolverá, y lo que requieran de tiempo tardará más, y les pidió su comprensión. Les dijo que en el caso de la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado está obligado a cumplir “esté quien esté, el asunto lo asumo con toda la responsabilidad que significa”.
El secretario de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, pidió que se ejecuten las órdenes de aprehensión que tiene el gobierno contra los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio a quienes señaló de “narcoparamilitares”. También dijo que temen un ataque de paramilitares a la comunidad de Barranca de Guadalupe.
Del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que no quieren a los policías que se les asignaron porque no les tienen confianza ni les dan seguridad.
Le pidió vehículos para facilitar el traslado de los 60 integrantes de la OPIM que tienen medidas cautelares, porque los policías asignados para su protección les dicen que no pueden acompañarlos en las camionetas pasajeras o en los colectivos.
Acusó a la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera, de poner obstáculos para la operación del centro comunitario para mujeres. Asimismo, la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel dijo que la empresa encargada de la construcción del Centro Comunitario para Mujeres les hadicho que el dinero que tienen para la obra “no alcanza”.
De los escoltas asignados para su seguridad, dijo que deben ser personas de su confianza porque hay algunos policías que “no tienen ganas de trabajar”.
También piden que se les pague a quienes perdieron sus cosechas y que se aprueben los proyectos productivos para traspatio.
El ex enlace institucional del Estado mexicano con la OPIM para la reparación del daño, Héctor Popoca, pidió al gobernador una reunión con Lía Limón para que se otorgue el presupuesto para el Centro Comunitario para Mujeres y para su equipamiento y operación.
En la reunión, Donaciano Morales Porfirio, en nombre de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) pidió al gobernador apoyo financiero para los policías comunitarios porque no perciben un salario, y cuatro patrullas y una ambulancia, y la devolución de las 218 armas que les decomisó el Ejército y, en caso de que no se puedan devolver, que se busque que los policías comunitarios no estén desarmados.
La regidora Sofía Mendoza pidió que se le dé continuidad a la petición que la UCEZ hizo a la administración anterior de Ángel Aguirre Rivero para la entrega de 500 toneladas de fertilizante en beneficio de campesinos que cultivan la tierra para autoconsumo.
También le pidió al gobernador atender la demanda de 22 vecinos de Copalillo que fueron defraudados con 4 millones de pesos por una casa de cambio, en 2009, le dijo que lo único que piden los defraudados es que les devuelvan su dinero.
También le pidieron su intervención para que la empresa Telmex brinde el servicio de telefonía fija a la localidad de Metlapa, donde la empresa argumenta que no puede dar el servicio porque no cuenta con la población mínima requerida para llevar ese servicio, es decir, 2 mil habitantes, aunque señalan que la comunidad supera ese numero de habitantes.
Otra petición es la ampliación del centro de salud de Chichina en Taxco y Tlacuitlapa en Teloloapan y una unidad deportiva en la colonia Emiliano Zapata de Huitzuco.
Ortega Martínez les pidió que le tengan confianza y que no será necesario que recurran a protestas y presiones porque su gobierno es de puertas abiertas y está en la disposición de atenderlos día y noche.
A los representantes de la Casa de Justicia de El Paraíso les dijo que respeta a la Policía Comunitaria porque es un ejemplo de organización de las comunidades, que ayuda más que la intervención desde fuera para las comunidades.
Magdalena López Paulino finalizó el encuentro con la proclama “vivos se los llevaron, vivos los queremos, y queremos que aparezcan con vida los 43 de la Normal de Ayotzinapa”, dijo.

El Estado no puede ser omiso ante los desaparecidos, su gobierno será coadyuvante, dice Ortega

El gobernador dijo que lo ocurrido en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre marca un antes y un después en la historia del país, porque las personas que eran desaparecidas antes del 26 de septiembre “nos acostumbramos a que les decían levantones”, fenómeno que provocó miedo y terror en los ciudadanos.
Dijo que “no se le puede echar tierra” al asunto de los 43 normalistas de Ayotzinapa y convocó a los familiares de desaparecidos a que se organicen y se acerquen al gobierno estatal para documentar los casos de todos los desaparecidos en la entidad, “el Estado no puede ser omiso ante los desaparecidos”, abundó.
Planteó que, en la medida en que se aplique una “justicia ejemplar” para los casos de desapariciones se podrá dar “una lección de nunca jamás”.
Señaló que hubo casos en los que las víctimas eran sacadas de su casa con violencia, pero la familia se quedaba callada porque la delincuencia “se impuso, asociada a las autoridades, a las policías”.
Señaló que los jóvenes se volvieron presa de la delincuencia por políticas como el examen de Ceneval, un filtro “para rechazar” a quienes aspiran a la educación universitaria, porque deben tener promedio de 8, y quienes no lo alcanza esa puntuación automáticamente quedan excluidos del sistema educativo, lo que se convierte en un problema terrible para quienes viven en pobreza, porque no tienen posibilidad de asistir a una universidad privada.
A la exclusión provocada por el examen Ceneval se une el problema de la pobreza de los jóvenes que viven en comunidades marginadas, donde en ocasiones no tiene para comer, y en esas condiciones son presa de la delincuencia y se convierten en sicarios desalmados.
Explicó que, el caso de Iguala con los normalistas de Ayotzinapa fue diferente porque las víctimas fueron parte “de un colectivo organizado y de lucha, y ahí ya no pudo pasar impune ese crimen, ahí tenemos lo que hoy estamos viendo, prácticamente una rebelión generalizada, de ese malestar, de ese descontento contenido”.
Agregó que con lo sucedido a los normalistas y las protestas en las calles, los ciudadanos han recuperado el valor para denunciar la desaparición “y se va a venir en cascada la exigencia, y así debe ser, exigencia a las autoridades para la búsqueda de los muchachos, Ayotzinapa es el antes y el después… El antes de estar disminuidos, aterrorizados y el después que podemos levantar la cabeza y decir, en mi familia hay un desparecido o varios”.
Dijo que la desaparición forzada es una situación terrible porque sufre la víctima y los familiares, quienes nunca se resignan a la pérdida de un familiar en esas circunstancias, recordó que en 1977 él fue desaparecido por las guardias blancas.
Expresó que él es solidario con los normalistas, acompañante y, como gobernador, coadyuvante. Reiteró su propuesta de que se integre una comisión de notables para que observen el trabajo de la PGR.