Incendian maestros los bustos de cinco gobernadores en el Palacio de Gobierno y tiran una puerta

Incendian maestros los bustos de cinco gobernadores en el Palacio de Gobierno y derriban una puerta

*El edificio estará cerrado hasta que las autoridades presenten a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, insisten. Toman durante nueve horas la caseta de Palo Blanco

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) incendiaron bustos de gobernadores en el Palacio de Gobierno, donde derribaron una puerta; y tomaron durante nueve horas la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol.
A la 1 de la tarde, aproximadamente 20 integrantes de la avanzada de la CETEG entraron al edificio Centro del Palacio de Gobierno y extrajeron los bustos de los ex gobernadores Rubén Figueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer, Francisco Ruiz Massieu, Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, así como las fotografías de cuatro de los mencionados.
Los cetegistas colocaron los bustos en una fila horizontal y los golpearon con tubos de fierro, algunas efigies se fragmentaron de partes como la nariz, y las cabezas.
Los manifestantes pusieron letreros alrededor de los bustos en  los que se leía “No se hagan pendejos #Nosfaltan43” y “Asesinos, #Nosfaltan43”.
Luego, los maestros arrojaron bombas molotov hacia las efigies, éstas se incendiaron y al comenzar el fuego los organizadores dieron por concluidas las actividades del día, y dijeron a sus compañeros que debían regresar “de manera ordenada” al campamento que mantienen en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.
El incendio fue controlado por el cuerpo de bomberos del municipio, cuya estación se encuentra a unos metros del Palacio de Gobierno.
A las 11 de la mañana, aproximadamente 200 maestros aglutinados en la CETEG llegaron al acceso principal del Palacio de Gobierno a bordo de cinco camionetas particulares, entre ellas una de Protección Civil y Tránsito Municipal, así como un camión oficial de la organización.
El martes, los cetegistas cerraron con cadenas y candados los accesos al Palacio de Gobierno y lo declararon clausurado, hasta que las autoridades presenten con vida a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Los maestros advirtieron al gobierno del estado que no debían abrir las instalaciones del Palacio de Gobierno y que ningún trabajador debía presentarse a trabajar ayer, de lo contrario “tomaremos otras medidas”.
Sin embargo ayer en la mañana algunos trabajadores del gobierno estatal entraron a las oficinas del Palacio de Gobierno para sacar sus pertenencias, también desde las 7:00 horas ingresaron los albañiles encargados de reparar el edificio Tierra Caliente, que fue incendiado por estudiantes el 14 de octubre.
Cuando los maestros se enteraron de que había trabajadores dentro del Palacio de Gobierno se dirigieron hacia las instalaciones y mediante las bocinas de la patrulla de Tránsito Municipal, de la cual se apoderaron en días pasados, pidieron a los empleados que abandonaran inmediatamente las oficinas.
“Les volvemos a repetir que este edificio está cerrado, no habrá atención ni servicio en las oficinas hasta que nos presenten con vida a nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, es una época difícil para las familias de los normalistas y si ellos no están en paz, el gobierno tampoco”, manifestaron.
La avanzada de la CETEG prendió cuetes y los lanzó hacia la explanada del Palacio de Gobierno para que los trabajadores salieran del edificio.
Los trabajadores acataron la petición de los maestros de desalojar el Palacio de Gobierno, aunque no usaron la puerta principal para salir de las instalaciones, sino los accesos que se encuentran en la parte trasera para no encontrarse de frente con los manifestantes.
Casi a las 12:00 del día, integrantes de la avanzada de la CETEG comenzaron a golpear la puerta principal del Palacio de Gobierno con barretas y tubos de fierro, hasta que la derribaron.
Uno de los maestros entró a la cabina de seguridad y tomó las credenciales de elector que se les pide a los visitantes a cambio de un gafete que los identifique como visitantes en el Palacio de Gobierno, y las arrojó al suelo. Al ver la acción varios cetegistas se molestaron y gritaron “compañeros no hagan eso, son de ciudadanos, nosotros estamos contra el gobierno no contra el pueblo”.
Rápidamente las recogieron y se las entregaron a la integrante de la Comisión Política, Antonia Morales Vélez, quien dijo que se buscaría la forma de regresar los plásticos a sus dueños.
El secretario de organización de la CETEG en la Costa Grande, Osmín Valdez  Hipólito informó, “es una actividad de presión, simplemente desalojar y que queden clausurados los servicios porque pues las autoridades están haciendo oídos sordos a la búsqueda de nuestros compañeros y al esclarecimiento de los crímenes”.
Declaró que las actividades son parte del plan de acción de la Asamblea Nacional Popular para impulsar una huelga general en el 2015, “semanal y quincenalmente se están haciendo acciones para ir hacia la construcción de la huelga general”.
A las 9 de la mañana, cerca de 100 integrantes de la CETEG de la sección Montaña-Alta tomaron la caseta de Palo Blanco, permitieron el paso de todos los vehículos a cambio de una cooperación voluntaria para los gastos de los manifestantes que van a asistir a la Ciudad de México este sábado.
Los cetegistas de la Montaña-Alta liberaron la caseta de Palo Blanco a las 6 de la tarde, las secciones de Acapulco, Centro, Montaña-Baja, Costa Chica y Grande, Norte y Tierra Caliente, que realizaron la acción en el Palacio de Gobierno, concluyeron con las acciones a las 2 de la tarde.

El ataque a los normalistas en Iguala fue un crimen de Estado, afirma la ONU en Ayotzinapa

*El 9 de febrero México será sometido a una evaluación del Comité de Desapariciones Forzadas en Ginebra, y allí se abrirá una oportunidad para que esa instancia acepte intervenir, dice el representante de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, Javier Hernández. El compromiso del organismo mundial es presionar al gobierno en la exigencia de justicia y presentación con vida de sus hijos, expone el vocero de los padres

Lourdes Chávez

Ayotzinapa, Tixtla

El representante de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Javier Hernández Valencia afirmó que el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala fue un crimen de Estado.
Esa es la denuncia generalizada en las manifestaciones por la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos detenidos-desaparecidos por policías de Cocula y de Iguala.
En conferencia de prensa en Ayotzinapa con los padres de los estudiantes asesinados y desaparecidos en Iguala, indicó que no hay duda de eso, y ponerlo en tela de juicio “pareciera abrir la idea de negar la responsabilidad estatal” que se acreditó desde un principio, cuando se denunció que funcionarios públicos atacaron a estudiantes y detuvieron a 43 que siguen desaparecidos.
Dijo que el hecho de que los perpetradores sean parte de una autoridad municipal no reduce ni disuelve la responsabilidad estatal, y mencionó la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al Estado mexicano de hoy –no del pasado–, por la desaparición de Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974.
Adelantó que el 9 de febrero México será sometido a una evaluación del Comité de Desapariciones Forzadas en Ginebra, y confió que en ese encuentro con funcionarios del Estado se abrirá una oportunidad para definir “la tantas veces solicitada aceptación del comité de Desapariciones Forzadas”, para que la ONU escuche directamente a los familiares de las víctimas de desaparición forzada en el país.
El representante de la oficina para derechos humanos de la ONU en México, y el representante adjunto Jesús Peña Palacios llegaron a la 1 de la tarde a la Normal Rural en Ayotzinapa con los representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para conversar con los padres de los desaparecidos y asesinados de la escuela.
Luego de 2 horas el vocero de los padres de familia, Felipe de Jesús informó que el compromiso de la ONU es presionar al gobierno federal en la exigencia de justicia y presentación con vida de sus hijos. Reiteró que han puesto su confianza en ese organismo, pero no van a desistir ante las autoridades mexicanas para que busquen a sus hijos vivos.
En conferencia de prensa conjunta, Javier Hernández informó que han dado seguimiento al caso de Ayotzinapa desde que se cometieron los hechos criminales, donde cortaron la vida de seis personas, hubo más de 20 heridos y 43 desapariciones forzadas.
“Estamos en la escuela con habitaciones vacías, donde los padres están reunidos de manera permanente (y) nos siguen recordando que los desaparecidos no lo fueron por hecho de la naturaleza, sino por acción, que fueron responsables funcionarios estatales, servidores públicos, y en ese sentido están en calidad de desaparición forzada”, expuso.
Cuando se le preguntó de la dimensión del problema de desapariciones forzadas en México, aclaró que le corresponde al gobierno determinarlo, que es una responsabilidad irrenunciable, y aunque la ONU le ha pedido en reiteradas ocasiones que esclarezca la magnitud de este conflicto, lo ha hecho de manera “imperfecta”.
Explicó que el gobierno sólo tiene una relación de “personas no localizadas”, y la desaparición forzada es donde hay una acción directa, complicidad o tolerancia de autoridad, o cometida por grupos delictivos que pueden tener auspicio o tolerancia de las autoridades.
Recordó que en 2011 Naciones Unidas  hizo un estudio sobre desapariciones forzadas en México, y entregó el informe a finales de año a las autoridades, cuyos resultados fueron integrados a otros mandatos sobre ejecuciones, tortura y en el examen periódico universal a México, en octubre del año pasado.
Asimismo, dijo que este año México fue examinado y aceptó 166 de 176 recomendaciones de la ONU, incluidas las de desaparición forzada, y se comprometió, entre otras cosas, a hacer un registro nacional único de personas desaparecidas, y habilitar el artículo 31 de Naciones Unidas, para dar potestad y vialidad a la posibilidad de que el Comité de Naciones Unidas reciba casos sobre desapariciones forzadas directamente, pero no lo ha hecho.
Dijo que eso se trabajó antes de que sucedieran los “pavorosos” hechos de Iguala, que estimó, sólo representan la punta iceberg del problema, “porque son muchas otras personas que antes, incluso después (del 26 de septiembre), siguen viviendo el drama de desaparición de sus seres queridos”.
Javier Hernández reconoció que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia en 2011 y 2012, “no completó todo el ciclo de demandas, de anhelos (para contrarrestar la desaparición forzada)… es momento de revaluar, retomar las tareas acompañando a las familias de los 43 muchachos”.
Añadió que lo que le hicieron a los estudiantes de Ayotzinapa es un punto de partida, una plataforma para toda esa agenda pendiente de derechos humanos, que personas con familiares desaparecidos exigen que se implemente.
Del cumplimiento de las recomendaciones en México indicó que en el examen periódico universal, el 9 de febrero, tal vez sea la mejor oportunidad para que se logre una definición de la tantas veces solicitada aceptación del comité desapariciones forzadas.
Señaló que los países tienen que acatar sentencias de los organismos internacionales de Derechos Humanos, “en el caso de México hay sentencias de la Coidh cuya implementación sin duda, había podido ayudar a implementar las recomendaciones de la ONU, contribuido a que se evitaran hechos de esta naturaleza o se obtuviera mejor respuesta”.
Consideró que mientras México siga sin resolver, no sólo la desaparición de los 43 estudiantes sino las desapariciones de la llamada guerra sucia de los 70 y de la actualidad, “como sociedad estamos condenados a repetir el mismo ciclo de impunidad, y no corregir y seguir causando dolor”.
De la hipótesis que ha manejado la Procuraduría General de la República (PGR) de que los 43 desaparecidos fueron asesinados y quemados hasta las cenizas por el grupo delictivo Guerreros Unidos, opinó que es una tésis con elementos para respaldar, pero aún están pendientes otros aspectos, en particular la confianza, el depósito constante de esperanza que las familias han puesto para que la búsqueda se intensifique; “si la tesis desactiva la búsqueda entonces es una tésis obviamente contraproducente para la búsqueda”.
En cuanto al incumplimiento de las recomendaciones de la ONU por el gobierno de México, aclaró que están en proceso para que las organizaciones que lidian con las violaciones a los derechos sociales y civiles, como las de la Montaña de Guerrero que se encuentra sumida en la pobreza, el olvido y el abandono, lo informen.
De los temas pendientes indicó que está la creación de una Ley General de Desaparición Forzada que establezca una mesa de registro nacional, para que los familiares cuando presentan una denuncia en cualquier punto del país sean tratadas con dignidad.
Además un registro genético como herramienta que no sustituye la búsqueda intensiva, rápida y prioritaria “no sólo de los 43, porque todos sabíamos desde el comienzo que habían sido funcionarios públicos los que se los llevaron, muchas personas reciben la noticia de que su esposa, su esposo, no llegó al sitio previsto, y no saben en qué lugar se perdió el rastro, y son tratadas de manera muy despectiva”.
Opinó que en México hay mayores mecanismos para buscar autos robados y se tienen que cambiar los sistemas para responder a la desaparición forzada de manera adecuada.
Afirmó que el miedo es uno de los elementos más perturbadores de la impunidad, no sólo en las familias, sino en comunidades enteras, pero “es indispensable que haya confianza en las autoridades, que no se logra sólo con un cambio normativo, sino con acciones decididas y riesgos que toman los servidores para comprometerse en la búsqueda”.

Marchan 200 familiares de desaparecidos que rechazan la reinstalación de los policías de Iguala

*Tampoco él confía en los agentes acusados de los ataques a normalistas, dice el alcalde Silviano Mendiola. Quedarán a disposición de la Policía Federal, explica. La manifestación  fue silenciosa, todos mostraron lonas y cartulinas con las imágenes de sus familiares a los que buscan. Los acompaña la UPOEG

Alejandro Guerrero

Iguala

Familiares de víctimas recientes de desaparición forzada, además de los 43 de Ayotzinapa, marcharon la tarde de ayer por calles del centro de esta ciudad en contra de la reinstalación de los policías municipales, a quienes responsabilizan de las desapariciones de sus familiares.
Después de las 5:00 de la tarde de ayer unos 200 familiares salieron desde el monumento a la Patria Trigarante por la avenida Bandera Nacional, dieron la vuelta por el kiosco y llegaron al museo de la Bandera, donde bloquearon las avenidas Benito Juárez e Independencia, en exigencia de una audiencia con el alcalde Silviano Mendiola Pérez.
Antes del inicio de la marcha, el alcalde y el secretario General de Gobierno del estado, David Cienfuegos Salgado se reunieron a puerta cerrada en las instalaciones del museo con el dirigente perredista Francisco López Liborio y una comisión de familiares de las víctimas.
El encuentro no había sido avalado por la asamblea, por lo que los familiares de las víctimas no hicieron válidos los acuerdos tomados y al finalizar los dos funcionarios huyeron de los manifestantes sin atenderlos.
La marcha fue de forma silenciosa, todos mostraron lonas y cartulinas con las imágenes de sus familiares, con sus nombres y las fechas en las que fueron desaparecidos, algunos llevaban flores blancas y otros veladoras encendidas.
El padre de dos jóvenes desaparecidos, Raúl Canaan, a través de un aparato de sonido expuso a los gobiernos municipal y estatal que tienen miedo y rechazan que regresen los policías municipales que fueron llevados a Tlaxcala para exámenes de control de confianza, pues fueron señalados de participar en los ataques a los normalistas la noche del 26 de septiembre.
Dijo que su temor se funda en que hay testimonios de los familiares de las víctimas de desaparición de que fueron los policías de Iguala quienes detuvieron y desaparecieron a sus familiares. Está programado que regresen a operar en el municipio este sábado, 6 de diciembre.
En algunas cartulinas que mostraron durante su marcha, los familiares de víctimas de desaparición responsabilizaron al alcalde Silviano Mendiola “de lo que suceda en Iguala si regresan los policías municipales”.
Cerca de las 6:00 de la tarde los manifestantes bloquearon dos avenidas frente al museo de la Bandera, donde algunos dieron sus testimonios y convocaron a la población a unirse al movimiento en contra de la llegada de los agentes, “a lo mejor hoy no tienen  a un familiar desaparecido pero mañana lo pueden tener”, advirtió el promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Miguel Ángel Jiménez Blanco.
Ante el cierre de las calles, el alcalde llegó con los familiares a las 6:38 de la tarde, le plantearon su rechazo a la llegada de los municipales y éste respondió que tampoco confía en la Policía Municipal señalada del ataque a los normalistas, el asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes, así como de la desaparición de varios de los familiares de los que ayer se movilizaron.
Los familiares no pidieron despedir a los municipales, sino reubicarlos en otras áreas.
Mendiola Pérez dijo que los policías municipales se pondrán a disposición de la Policía Federal, que es la corporación encargada de la seguridad del municipio, “no van a llegar y se van a poner el uniforme, van a agarrar el arma y se van a poner la capucha como anteriormente lo hacían, no”.
Luego de más de media hora de diálogo, el alcalde había asumido el compromiso de atender hoy a los familiares de las víctimas de desaparición, a las 10 de la mañana para darles por escrito su compromiso de evitar que los esos uniformadas llegaran nuevamente a la corporación.
Cerca de las 7:00 de la noche el bloqueo se levantó y los familiares de las víctimas de dispersaron.
Un par de horas después el secretario particular del alcalde, Alejandro Islas informó que la reunión fue cancelada por una supuesta salida del alcalde a Acapulco.
Dijo a los familiares vía telefónica que el único compromiso que el presidente podía asumir es hacer las gestiones para que los municipales sean enviados a otros municipios del estado.