Xavier Carreto A.

 En Guerrero y en Acapulco, ¿cuándo?

Ahora que estamos siendo enterados por los medios nacionales de comunicación, particularmente los electrónicos, de la corrupción en la cual se desenvuelve nuestra clase política nacional es pertinente, y me parece un momento oportuno, que también se ventilen en nuestra entidad las prácticas nocivas que cotidianamente llevan a cabo los integrantes de la clase política guerrerense.

No tenemos, por supuesto, nada que envidiarles a los habitantes de la capital de la república, en donde recientemente se han exhibido videos que muestran la corrupción de políticos de diferentes partidos con registro nacional. Sólo que en el caso de nuestro estado todavía no hemos tenido acceso a la función de videos que muestren a nuestros políticos recibiendo propuestas indecorosas o dinero que, por no tener cabida en el portafolio, tengan que guardarlo en las bolsas del saco, incluidas las ligas.

Empecemos por recordar el desfalco en contra de la Secretaria de Educación Guerrero (SEG), del que es responsable el titular de la propia dependencia, Daniel Pano Cruz, por el orden de los mil 790 millones de pesos, el cual hasta ahora no ha sido aclarado, pues lo último que se dijo es que la Auditoría Superior de la Federación estaba practicando una auditoría integral a la SEG, sin que se conozca cuándo terminan estos trabajos. Ello con la complicidad de los integrantes del Congreso local que no han movido un dedo para exigir el esclarecimiento de los hechos y el castigo a quienes resulten responsables.

Nuestros legisladores locales están más preocupados y ocupados en qué hacer con el dinero que de buena o mala manera están obteniendo por ocupar esta responsabilidad.

No menos grave es lo que está ocurriendo en la Secretaria de Salud, en donde los mil 736 millones de pesos presupuestados para este año, para cuidar de la salud de los guerrerenses, están siendo mal aplicados, pues nos enteramos todos los días, por los medios locales, de las deficiencias que suceden en los hospitales generales, clínicas, centros de salud, diseminados en todo el territorio estatal, para atender la salud de los habitantes de esta entidad, señaladamente a quienes no cuentan con otro tipo de servicio médico. Es probable que los recursos asignados sean insuficientes para atender todas las necesidades, pero al robárselos se hacen todavía más reducidos.

En cuanto a la seguridad pública, tal parece que los guerrerenses estamos pagando para que nos maltraten, pues los principales autores de hechos delictivos están relacionados con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sobre todo los integrantes de la Policía Judicial. Los secuestros continúan en la entidad, colocándonos en el tercer lugar nacional tratándose de estos delitos.

Otras áreas de la administración pública estatal, en las cuales la corrupción no puede ocultarse es en la Dirección y en las Delegaciones de Transportes, oficinas en las cuales los cobros sin entregar recibos son una práctica reiterada, siendo los lunes cuando se da con mayor frecuencia. Eso sí los ciudadanos somos las víctimas permanentes del exceso de vehículos de transporte público que circulan por nuestras calles, en donde los conductores de taxis y autobuses hacen de las suyas un día sí y toda la semana también.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Acapulco también tiene lo suyo en actos de corrupción.                             En este rubro destaca el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Juárez Soto, quien ha sido señalado repetidamente de traficar con licencias de construcción y de entregar la realización de la obra pública a sus amigos y al mejor postor. En este caso, la conclusión parece simple: si el alcalde Alberto López Rosas no ha despedido al arquitecto Juárez Soto, entonces el beneficiario directo de las irregularidades cometidas por éste en el desempeño de sus funciones es el propio presidente municipal, quien está demostrando que es muy inteligente para beneficiarse con este cargo público.

Grave, por otra parte, que el síndico Marcial Rodríguez Saldaña, pudiendo quedarse callado, nos hable de la corrupción del senador Jorge Emilio González y del secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal (Los escándalos políticos, El Sur, marzo 3, 2004), cuando él forma parte de una administración caracterizada por lo mismo, y en la cual él mismo ha hecho aportaciones importantes.