Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Carlos Pérez Aguirre

Queremos paz… pero no la de las fosas y los sepulcros

 

Al ingeniero Vicente Leñero, que nos hereda a los mexicanos los espacios de expresión que hoy disfrutamos, pues junto con Julio Sherer formaron el binomio perfecto para construir la democracia.

Existe preocupación del gobierno federal por restablecer, según dicen, la paz, la tranquilidad y el orden en el país. El problema es que, al parecer entienden por paz el que los ciudadanos no nos inconformemos con la colusión de autoridades con la delincuencia, no protestar por las masacres que han mostrado las fosas que aparecen por todo el país y por conformarnos con la corrupción evidente que practican los funcionarios del más alto nivel.
El presidente Enrique Peña Nieto, con un gran despliegue publicitario el jueves anuncio en Acapulco la continuación del plan para un nuevo Guerrero, plan que, comentó, se ha estado aplicando desde 2013 y en el que, según su información, ha derramado una inversión de 39 mil 726 millones de pesos, de la que nos preguntamos ¿en dónde está esa inversión tan extraordinaria? Esos recursos, ¿dónde se aplicaron? Los ciudadanos no los percibimos, habrá que pedirles a las delegaciones federales información sobre el destino de la millonaria suma.
Adicionalmente, para paliar la problemática de la entidad causada por la delincuencia, los desastres naturales y la deuda heredada por la gran corrupción de la pasada administración priista en el puerto de Acapulco, anunció diversas acciones de aparente apoyo dirigido a empresarios y contribuyentes de las principales ciudades de la entidad, mediante estímulos fiscales, como el que podrán posponer el pago de impuestos de noviembre y diciembre hasta marzo de 2015 –no se condonan, sólo se trasfiere el pago–; podrán también posponer y pagar las cuotas de manera diferida, dijo. Habrá devolución de IVA y se autorizará que los créditos fiscales se amorticen –tampoco el señor de la Casa Blanca los condona– en parcialidades sin recargos, condonando sólo multas y recargos del Infonavit. Asimismo, se autorizarán créditos mediante un fondo especial que manejarán las secretarías de Economía y de Desarrollo Social –en la actualidad, la entidad dependiente de la Sedesol que administra los créditos para empresas es manejada por un cuestionable y corrupto individuo de apellido Salgado, con total opacidad y discrecionalidad–. También se aplicará otro descuento transitorio del 50 por ciento en la Autopista del Sol. Todas las anteriores, coincidieron analistas, son medidas cosméticas y demagógicas, porque el fondo del conflicto está en la falta de respuesta y solución a las principales demandas de los ciudadanos de la entidad, que son encontrar vivos a los normalistas desaparecidos, castigar a los responsables intelectuales, a los autores materiales y a las autoridades involucradas o que fueron omisas, ¡terminar con la delincuencia coludida con las autoridades de todos los niveles que amenaza diariamente nuestras vidas y bienes!, misma que se mostró en la brutal agresión contra los jóvenes en Iguala, agresión que provoca un ¡ya basta! de la sociedad.
Pero ahora, extendidas las protestas, la represión se ha continuado contra los jóvenes en todo el país. Habrá que puntualizar que sobre algunos órganos de seguridad federal existen incluso serias sospechas de su participación en esos terribles acontecimientos de Iguala y Cocula. La visita del Peña Nieto al estado de Guerrero parece el seguimiento de un libreto, primero los 10 puntos anunciados que han causado rechazo por ser refritos que en su momento se consideraron inadecuados y que conculcan derechos; se agrega la aprobación en la cámara baja de la ley de movilidad –ley bala nacional, le han llamado algunos analistas, por ser una ley antidemocrática–, que restringe los derechos ciudadanos.
Ante todo esto, el presidente de la República declaró que los guerrerenses quieren paz, lo cual es una gran verdad, pero no la paz de los sepulcros, no la paz de las fosas clandestinas que plagan nuestros suelos y que han impuesto los gobiernos priistas, panistas y perredistas en el país y la entidad guerrerense. Las manifestaciones y paros no son los eventos que trastocaron la vida cotidiana de la entidad, el turismo ya se había alejado por los problemas de seguridad, el robo de automóviles, los asesinatos y las balaceras que hicieron que disminuyera radicalmente la afluencia de turismo al estado y al país, porque los secuestros y asesinatos de ciudadanos han generado desde hace ya varios años terror, el cierre de negocios y la disminución de la inversión.
Que no nos venga ahora a decir el Ejecutivo federal, que la problemática del estado la están generando los movimientos sociales, porque muy por el contrario, esos movimientos son ahora la avanzada del descontento ciudadano y la esperanza para erradicar la violencia, la colusión del poder con los grupos delictivos y salvar a la nación de esta tétrica noche que nos está tocando vivir y no sabíamos como enfrentar, ahora ya lo sabemos.
Incluso los grupos financieros internacionales han advertido hoy la problemática, y señalan… “La desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinato de otras seis personas en Iguala, Guerrero, han recordado al país la enorme importancia de lograr un avance integral, que no puede limitarse exclusivamente a la transformación económica, aseguró este jueves Ernesto Torres Cantú, director general del Grupo Financiero Banamex. A la par de los cambios en el terreno económico, añadió, debe darse una evolución paralela en los ámbitos social y político; una agenda que incluya seguridad, fortalecimiento institucional, transparencia, combate a la corrupción y vigencia del estado de derecho… Ante los avances en la agenda de cambio estructural y la solidez macroeconómica, los trágicos eventos y noticias recientes, por todos conocidos y que han generado una gran indignación e la sociedad, nos han recordado la enorme importancia de lograr un avance integral” Creo que estas líneas las deberían releer nuestros conspicuos funcionarios federales priistas, para que entiendan a través de sus maestros trasnacionales, el origen del problema.
Titishando: El gobernador Ortega está perdido, no ha cumplido su promesa de ser puente y garante para traer justicia a la entidad, y peor aún, con cada declaración genera nuevos conflictos. En tanto, otra autoridad de la UAG, el rector, en vez de cumplir con sus responsabilidades académicas se encuentra desaforado buscando la candidatura ciudadana a la gubernatura, gastando enormes sumas para su promoción, incluso fuera de la entidad, qué absurdo.

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