Los policías de Iguala no regresarán a labores operativas, acuerda el gobierno con familiares

*Representantes de quienes buscan en fosas a los otros desaparecidos firman convenio con el secretario Cienfuegos y el alcalde. Ninguno trabajará en el municipio y los que aprueben los exámenes de confianza “serán destinados a otras áreas”, precisa el titular de Seguridad Pedro Almazán

Alejandro Guerrero

Iguala

Familiares de víctimas de desaparición forzada expusieron ayer ante funcionarios estatales y mandos de la Gendarmería Nacional su rechazo para que los policías municipales sean reinstalados en áreas de Seguridad Pública en Iguala y todo Guerrero, porque son directamente señalados de la desaparición de personas, entre ellos los 43 estudiantes de la Normal Rural Ayotzinapa.
Después de más de dos horas de reunión, el secretario de Gobierno David Cienfuegos Salgado y el alcalde Silviano Mendiola Pérez firmaron un acuerdo con los familiares de desaparecidos, en el que se comprometen a que los policías municipales de Iguala “no desempeñarán funciones como elementos de Seguridad Pública”.
Ayer la reunión que se tenía programada para las 10 de la mañana en la parroquia de San Gerardo fue cambiada de sede al museo de la Bandera en el centro de la ciudad, más de una hora después de lo programado.
Los 200 familiares de víctimas de desaparición marcharon desde la parroquia hasta el centro de la ciudad para acudir a la reunión.
El encuentro inició sin la presencia de la prensa, pero después de unos minutos se permitió la entrada a reporteros y fotógrafos.
La reunión fue presidida por los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública del estado, David Cienfuegos y Pedro Almazán, el jefe de división de la Gendarmería Nacional, Manelic Castilla y el jefe de la zona Norte de la Gendarmería Isaac Pérez, así como el alcalde Mendiola y representantes de la Fiscalía General del Estado en la zona Norte.
El alcalde pidió a los familiares de desaparecidos que tengan la certeza de que los policías no podrán, aún, ejercer funciones porque no han concluido su procedimiento de certificación.
El secretario Almazán dijo que en el proceso de integración del Mando Único policial en el estado, hay un esquema para continuar las evaluaciones de los agentes, y dijo que está previsto que los policías que acrediten los controles de confianza y cursos de capacitación sean asimilados y se integren a la Policía Estatal.
“Y para la tranquilidad de ustedes, ninguno de ellos estaría destinado a seguir prestando sus servicios en este municipio y aquellos que tengan aprobados los esquemas de evaluación, serán destinados a otras áreas de trabajo pero bajo el mando operativo de la Policía Estatal”.
Los familiares de desaparecidos respondieron que su exigencia es que los policías de Iguala no sean incorporados en funciones de seguridad pública en ninguna parte del estado, debido a los antecedentes que tienen de que levantan, torturan y asesinan gente.
El secretario dijo que “la tranquilidad que debe darles a ustedes es que ningún elemento que tenga antecedentes penales o alguna relación con la delincuencia organizada va a prestar sus servicios en ninguna corporación”.
Le contestaron que toda la Policía Municipal sea investigada a fondo por el estado y la federación para saber si tienen nexos con la delincuencia, ya que la mayoría de los familiares de desaparecidos saben que el rapto participaron agentes municipales, y no presentaron denuncias, por miedo y porque fueron amenazados.
Pedro Almazán respondió, “legalmente no podemos actuar contra ellos en este momento, sin embargo tengan ustedes la seguridad que teniéndolos bajo nuestro control estaremos pendientes de ellos para que al momento de que existan las evidencias necesarias, fincarles la responsabilidad, es mejor tenerlos controlados que tenerlos sueltos”.
Agregó que algunos pudieran “desaparecerse de nuestro esquema y ninguno que tenga delitos que perseguirle podrá seguir en la corporación, definitivamente, de otra manera habría de empezar a hacer un proceso de liquidación, lo cual es un esquema que vamos a seguir investigando al igual que su actuación de ellos”.
“Nuestro grito de auxilio hacia ustedes como autoridades es que no queremos a esos policías, no queremos a esos policías y si quieren que nos pongamos de rodillas lo vamos a hacer”, dijo Xitlali Miranda, coordinadora del Comité de familiares de víctimas de desaparición forzada.
Se dijo en la reunión que se buscarían los mecanismos para separar a los policías de su función y sean designados a otras áreas.
Xitlali Miranda insistió en que la postura de los familiares de desaparecidos es que no quieren de regreso a ninguno de los policías municipales, algunos por su participación directa en los ataques a normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre, como a los otros por omisión y complicidad en la desaparición de personas.
En la reunión denunciaron que las autoridades estatales y locales han dejado plantados en dos ocasiones a los familiares, una el jueves en la mañana, por el alcalde Silviano Mendiola y otra ayer, porque la reunión estaba programada para las 10:00 de la mañana en la parroquia de San Gerardo, pero les cambiaron la sede al museo de la Bandera dos horas después.

“No sólo es mi hijo, son cientos y cientos de familias”, reprocha un padre al comisario de la Gendarmería

Frente al jefe de la Gendarmería, el comisario Manelic Castilla y el jefe de la Gendarmería en la zona Norte del estado, Isaac Pérez, el señor Javier Chávez reprochó que aún con la presencia de las fuerzas federales de seguridad pública su hijo fue levantado y desaparecido la tarde del 26 de noviembre en pleno centro de la ciudad, “en donde quiera estamos igual, no tenemos seguridad y ya estamos cansados de eso, porque no son sólo los 43 de Ayotzinapa y no sólo es mi hijo, son cientos y cientos de familias que tienen a desaparecidos”.
El secretario de gobierno, David Cienfuegos pidió una relación de los desaparecidos, así como datos de sus familiares con quiénes mantener comunicación, petición que fue negada por una amplia mayoría ante el señalamiento de que hay una total desconfianza hacia las autoridades estatales.
Dijo que por la desaparición del joven Ezequiel Chávez ya investigan las últimas llamadas telefónicas que hizo antes de ser privado de su libertad, “sí hay un proceso de investigación”.
Mencionó que a través del Comité de Víctimas buscarán que en la próxima aprobación del presupuesto se canalicen recursos para este tema.
En su oportunidad el comisario Manelic Castilla dijo que tienen la instrucción de tomar el control de una forma muy inteligente de la seguridad en los municipios de Iguala, Cocula y Acapulco.
Indicó que en Iguala se va a sectorizar la zona en un esquema de cuadrantes, donde habrá un responsable con nombre y apellidos y teléfonos, que tendrá que recibir las llamadas las veces que sean necesarias cuando en esa demarcación surja un problema.
Mencionó que agilizan sus tiempos de respuesta y mencionó que están tomando el control total del C-4.
Puso a disposición de los familiares de las víctimas el número de emergencia 088 para denuncias a los “malos servidores públicos como es el caso de los policías municipales que tienen identificados”.
Dijo que para la zona Norte tienen equipo de investigación de campo, con inteligencia operativa y un helicóptero que estará a disposición de las necesidades de seguridad.
Durante la reunión, familiares de las víctimas de desaparición dieron a conocer sus testimonios de la desaparición de sus familiares y hubo señalamientos directos a la Policía Municipal de Iguala y con pleno conocimiento del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez de lo que estaba sucediendo.
“Miren a sus hijos o a sus hermanos a los ojos, e imaginen que algún día no los van a ver para que nos lleguen a entender”, gritó una madre entre lágrimas.

Evidencian red de corrupción en el Ministerio Público

Los familiares de víctimas de desaparición denunciaron omisión de las autoridades y una red de corrupción en los ministerio públicos, porque los agentes, además de pedir dinero a los familiares por la información de sus expedientes, incluso los amenazan para que ya no le den seguimiento a sus denuncias.
Denunciaron que en el Ministerio Publico “desde ahí, primero, desaparecieron los expedientes de nuestros familiares” y señalaron que les llamaron de los números que ellos entregaron para amenazarlos, para que ya no le dieran seguimiento a sus denuncias, y muchas de estas familias huyeron de Iguala o abandonaron los casos.

Los acuerdos

Después de más de 2 horas de diálogo, y ante la insistente demanda de los familiares de víctimas de desaparición para que los policías no regresen a funciones de Seguridad Pública, el secretario de gobierno David Cienfuegos y el alcalde Silviano Mendiola firmaron el compromiso en una hoja de cuaderno.
“Los policías municipales que se encuentran en Tlaxcala no desempeñarán funciones como elementos de seguridad pública; asimismo les comunicamos que su proceso de evaluación y certificación no ha concluido y serán las autoridades competentes quienes determinarán su situación jurídica, de baja o la que conforme a derecho corresponda. Finalmente comunicarles que la seguridad pública del municipio está a cargo de las autoridades federales”.
A petición de los representantes de los familiares de víctimas de desaparición forzada, a través del DIF estatal se llegó al compromiso de apoyar también a los familiares con despensas, becas y empleo temporal, entre otras acciones como apoyo psicológico y jurídico.
Después de la firma del convenio se concluyó la reunión cerca de las 2:30 de la tarde y se acordó una próxima reunión para el martes 9 de diciembre en la que se prevé la presencia del gobernador Rogelio Ortega.