Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Enojo y amagos presidenciales

El llamado del presidente Enrique Peña Nieto a que los padres de los normalistas “superen” el dolor por la desaparición de sus hijos, hecho el jueves pasado en Coyuca de Benítez, y la advertencia de que garantizará el “libre tránsito” en la Autopista del Sol, formulada en Acapulco frente a una concurrencia de empresarios, son dos nuevos eslabones que se enlazan con el discurso que el gobierno federal ha puesto en circulación desde el sábado en que el Ejecutivo regresó de su gira por China y Australia y recordó –con un enojo que ni siquiera intentó disimular– que el Estado podría emplear la fuerza para imponer el orden frente a los bloqueos.
Esa noche el presidente puso en marcha un discurso público que busca alimentar de argumentos el eventual, posible y ahora quizás previsible uso de la fuerza para intentar contener las movilizaciones encabezadas por los padres de los normalistas desaparecidos, con la premisa de que –como en Guerrero no se cansa de decir el gobernador Rogelio Ortega– las marchas y bloqueos producen daños a la actividad empresarial. En toda una filosofía del poder, el presidente concede con ello más valor a las cosas, a las cosas económicas, que a la vida humana.
Pero es una campaña absurda, que intenta proclamar la supremacía del Estado de derecho en un caso y lo niega en el otro. Porque si alguien ha reclamado la aplicación del Estado de derecho, es decir la ley en su más profundo sentido, han sido los padres al exigir al gobierno federal certeza sobre el destino de sus hijos, justicia y castigo a los responsables de su desaparición, lo que hasta este momento no ha sucedido, no de una manera plena e incontrovertible.
Al contrario de la insatisfacción de los padres, y con ellos de la sociedad que los acompaña en su clamor, el gobierno de Peña Nieto se propone cerrar el caso Ayotzinapa a toda costa en el punto en que se encuentra desde que el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer hace un mes que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula. Sin embargo, incluso si esa versión resultara ser cierta –como parece sugerir la identificación de los restos del joven Alexander Mora Venancio–, las dudas que suscita y el hecho de que la matanza y desaparición se atribuyan a la pura malevolencia de policías municipales coludidos con criminales, sin ahondar en las abundantes implicaciones institucionales de que toda esa maquinaria haya podido asentarse y utilizar al ayuntamiento de Iguala como plataforma para delinquir y matar, y matar masivamente en total impunidad y sin duda con protección, muestran que el gobierno federal pretende limitar las investigaciones a ese entorno primario, sin llegar a las verdaderas cabezas de la trama de Iguala, sean cuales fueren tales cabezas.
La solución del tramo criminal y policiaco del caso no significa el esclarecimiento total de la matanza y desaparición de los normalistas, pero así lo pretende el gobierno federal. De la misma manera, la detención del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de su esposa, de los policías y de los delincuentes que participaron en el ataque no significa que la justicia haya sido colmada. Pues aún sigue sin ser explicado el móvil del ataque y el motivo de que los responsables hayan procedido con esa crueldad contra los estudiantes. Pese a la intención gubernamental, la verdad no termina en estos extremos ni en esos personajes.
La versión de las autoridades federales es tan manifiestamente insatisfactoria, que hasta el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, juzgó oportuno el viernes pasado interponer su voz y reclamar al gobierno de Peña Nieto la profundización de las investigaciones. Que lo haya hecho un día después de que el presidente pidiera “superar” el dolor de este caso es una demostración de que a nadie convence la explicación que el gobierno busca imponer como verdad oficial, y de que el mundo no será insensible ni permanecerá indiferente ante el desenlace que el gobierno le dé a este drama.
Peña Nieto encuentra en la demanda de los empresarios de que se aplique la ley –es decir contener y, según se entiende, incluso reprimir las protestas de los normalistas–, una coartada para endurecer la postura de su gobierno frente a la exigencia de justicia de los padres. Eso es lo mismo que los padres exigen, que la ley, el instrumento de la justicia, se aplique para encontrar a sus hijos.
En el mismo sentido, y por ello mismo, una maniobra consumada la semana pasada en la Cámara de Diputados dio satisfacción a los empresarios que han alzado la voz contra las protestas de los padres, los de Acapulco y los que están representados en el Consejo Coordinador Empresarial, los grandes empresarios del país. Es la reforma al artículo 11 de la Constitución, con la cual se establece que el gobierno garantizará el derecho a la “movilidad universal”. Dicho de otra manera, esa reforma para criminalizar las marchas es el garrote que haría realidad el compromiso de Peña Nieto de garantizar el “libre tránsito” en la Autopista del Sol. Si el gobierno no se prepara para reprimir, ¿qué significa entonces la aprobación de esta iniciativa por los diputados del PRI y del PAN?
Como enseña el historial del viejo régimen priísta, la siembra de argumentos legaloides y la irrupción de actos vandálicos de procedencia extraña o inexplicable, desembocan en la represión, pero ni la sociedad mexicana actual ni el entorno internacional después del fin de la guerra fría, son los mismos que vivieron Díaz Ordaz y Echeverría, y no permitirán, como no lo han permitido hasta ahora, que las 43 familias agraviadas sean aplastadas por un poder obtuso y miope. El escrutinio nacional e internacional, sin embargo, no parece detener a Peña Nieto en su interés de acallar las protestas sin brindar justicia. Como se advertía hace tres semanas, el presidente no puede ocultar que está enojado con los agraviados de Ayotzinapa, y sus amagos son evidencia de que su gobierno intenta silenciar con un manotazo de poder el inmenso dolor que aflige a los padres de los muchachos desaparecidos. Que pueda es otra historia.

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