Marcos Méndez Lara

MONITOR DE GUERRERO

*Transparencia e información en tiempos de crisis

En tiempos de crisis como los que vive el estado, las instituciones gubernamentales no funcionan igual, y entre las áreas que más resultan afectadas sin duda está el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información que tienen todas las dependencias públicas hacia los ciudadanos.
En estos periodos de conflicto se generan los más variados argumentos (por los incendios, movilizaciones, o por el cierre de oficinas, entre los más frecuentes) para evadir las explicaciones y las solicitudes de información. Pero en realidad, las dependencias siempre han sido opacas, reacias a abrir la información, y lo único diferente es que en estos periodos encuentran numerosos pretextos para no informar.
Paradójicamente, son tiempos en los que la ciudadanía quiere saber más, tener más información del gobierno, para conocer la verdad histórica de los hechos.
Los datos que registra el sistema de recepción y respuesta de solicitudes de información Info-Guerrero, que opera el gobierno del estado, da una idea aproximada de esta inquietud ciudadana.
Del 1 de enero al 4 de diciembre de 2013, el sistema registró un total de mil 119 solicitudes de información, y entre las dependencias más requeridas destacaron la Secretaría de Salud (15.8 por ciento de las solicitudes), la Secretaría de Finanzas y Administración (14.5 por ciento), la Secretaría General del Gobierno (11.5), la Fiscalía General del estado (11 por ciento) y la Contraloría General (2.9 por ciento).
En el mismo periodo, pero del presente año, el número de solicitudes se incrementó a mil 517, destacando nuevamente la Secretaría de Salud (13.3 por ciento), la Fiscalía General del estado (11.2 por ciento), la Sefina (10.6 por ciento), la Secretaría de Seguridad Pública (8.7), la Secretaría General de Gobierno (7.5) y la Contraloría General del Estado con 4.6 por ciento de las solicitudes registradas.
Si se observa únicamente el último trimestre, del 15 de septiembre al 4 de diciembre del año pasado se presentaron 261 solicitudes de información, mientras que en los dos meses y medio de conflicto en el presente año, la cifra se incrementó a 462 solicitudes.
Como puede observarse, en periodos de inconformidad social se incrementa la demanda de información de la ciudadanía, en este caso, la comparación entre los dos años da una diferencia de 35.5 por ciento. De manera específica en los dos últimos meses y medio, comparando los años 2013 y el actual, el incremento de solicitudes de información fue de 77 por ciento.
Si se observan las dependencias que fueron más requeridas en el último trimestre de 2014, destacan la Fiscalía General del estado (18.7 por ciento de las solicitudes de información en el periodo), la Sefina (10.6 por ciento), la Secretaría de Seguridad Pública (9.3 por ciento) y la Secretaría General del Gobierno (7.7 por ciento).

Los incendios

La desaparición de información y documentos por incendio es un recurso conocido en Guerrero. No importa quién incendie los archivos, siempre será un buen pretexto para ocultar información.
Aún se recuerda aquel 7 de marzo de 2011, a unos días de que concluyera el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, cuando desconocidos entraron a las oficinas de la Secretaría de Salud y rociaran con gasolina varios archivos para después prenderles fuego.
La oficina afectada fue la Subsecretaría de Finanzas de los Servicios de Salud y del Seguro Popular, en donde se quemaron coincidentemente documentos de gasto, facturación y pagos a proveedores.
Comentarios como el de Misael Medrano Baza, ex dirigente del PRD en Guerrero, afirmaron que la quema de documentos tenía el claro propósito de borrar evidencias de los malos manejos de los recursos económicos que se destinan a la Secretaría de Salud.
A más de tres años de aquel episodio, no se sabe nada de los responsables ni de la información perdida por el incendio provocado.
Más recientemente, el 13 de octubre de este año, un grupo de manifestantes incendió varias oficinas del palacio de gobierno estatal. Sobre este hecho, y días después, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, Beatriz Mojica Morga, informó que el incendio generado en Palacio de Gobierno ocasionó que los expedientes de casi 10 mil becarios inscritos en el programa Becas Excelencia para Guerrero se perdieran en su totalidad al ser consumidos por el fuego.
Sin embargo, dio la alternativa de que para regularizar los archivos y evitar que se paralizara la operación del programa se llevaría a cabo “un proceso de renovación emergente”, que permitirá integrar un expediente para cada estudiante, y “este proceso permitirá contar con los documentos base para programar el siguiente pago, correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2014”.
Fuera del reconocimiento de pérdida de información por la Sedesol, ninguna otra dependencia manifestó que hubiera sido afectada en sus archivos.
Otro hecho relacionado con incendios fue el que protagonizaron cinco personas en la madrugada del 20 de octubre, quienes prendieron fuego a las oficinas del programa Guerrero Cumple. Los encapuchados “sometieron al velador y lo encerraron en uno de los baños, posteriormente le prendieron fuego al equipo de cómputo y material de archivo”, informó la prensa al día siguiente.
La coordinadora general del programa, Mariana García Guillén, dijo que en el incendio solamente se dañaron los archivos que contienen los padrones de programas de apoyos para madres solteras y personas con discapacidad. Agregó que “Nosotros podemos trabajar con toda normalidad porque tenemos todo digitalizado; en realidad solamente se quemó papel y tendremos que imprimir, encarpetar nuevamente, pero nada más. Sólo se dañaron bienes materiales”.

ITAIG valida la reticencia gubernamental

El 26 de octubre, la Contraloría General del Estado solicitó al ITAIG interrumpir los plazos para la atención de solicitudes del sistema Info-Guerrero, así como de los recursos de revisión, debido a los acontecimientos del incendio al palacio de gobierno, y de manera particular, por “los daños materiales causados a la infraestructura de las oficinas que ocupa la Contraloría General del Estado, con sede en dicho edificio”.
La Contraloría del estado no especificó sin embargo qué áreas fueron dañadas ni la cantidad y la calidad de la información afectada, tampoco mencionó nada sobre los plazos en que estaría en condiciones de reponer dicha información y ponerla disponible al público.
El ITAIG dio por bueno el argumento gubernamental y autorizó la suspensión de los tiempos, no sólo para el caso de la Contraloría sino de cualquier otra dependencia que lo justificara.
Para ello, emitió un acuerdo que dice, “No correrán los términos legales establecidos en la Ley (…), por cuanto hace a las solicitudes de información tramitadas mediante el sistema Info-Guerrero, lo anterior en virtud del estado de excepción que guardan en este momento las instalaciones del Gobierno Estatal y por ende el sistema Info-Guerrero.”
Y no obstante que las dependencias afectadas por los incendios u otros fenómenos son muy localizadas, y que el daño fue parcial en todo caso, el acuerdo del ITAIG no establece un tiempo perentorio para que la dependencias repongan la información ni señala qué oficinas podrán acogerse a esta suspensión ni cuánto tiempo estará vigente la medida.
Dice la argumentación del ITAIG que “tomando en consideración los hechos suscitados (…) como es del conocimiento público que los últimos días han sufrido daños materiales no tan solo el edificio de Palacio de Gobierno, sino diversas dependencias municipales, estatales y federales con sede en el estado de Guerrero, (…) se determinó que las solicitudes de información que se encuentren en trámite por medio del sistema Info-Guerrero ante los sujetos obligados afectados por los hechos señalados, no podrán ser atendidas y respondidas en los plazos establecidos por la ley (…)”.
Y agrega que la misma suerte correrán los “recursos de revisión que se encuentren en trámite ante este órgano garante, toda vez que por las limitantes de los sujetos obligados afectados por los multicitados hechos, no podrán substanciarse en los términos legales que establece la ley de la materia en comento”.
Es decir, sin menospreciar los daños que tuvieron algunas oficinas, en los hechos el ITAIG da manga ancha a la opacidad de las dependencias sin ningún tipo de restricción, suspendiendo el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Esta medida entró en vigor el 28 de octubre de 2014.

Ley de archivos

En Guerrero existe una ley que ha sido olvidada, nunca puesta en práctica. Se trata de la Ley de Archivos Generales del Estado, vigente desde el 1 de enero de 2009, que no opera porque a ninguna dependencia le interesa o conviene documentar el ejercicio de gobierno, más bien al contrario, se prefiere la destrucción de archivos al final de los gobierno para borrar evidencias.
Entre los objetivos de la ley de archivos están el “ordenamiento, preservación, uniformación, estudio y difusión de los documentos que constituyen el patrimonio, histórico, cultural y administrativo de las dependencias”.
Los recientes acontecimientos que destruyeron documentación gubernamental pusieron al descubierto, entre otros muchos asuntos, el nulo trabajo que deben realizar todas las dependencias públicas respecto de sus archivos.
También desnudó la ausencia del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Guerrero, que según la norma, se encargará de establecer las directrices necesarias para que las oficinas públicas adopten “acciones y procedimientos, métodos y mecanismos homogéneos y coordinados” en materia de archivos. Pero el sistema no se ha integrado.
La ley también menciona que se expedirá un reglamento durante los 120 días después de que fue aprobada la ley. Cabe destacar que se hizo la búsqueda del mencionado reglamento, y aún no existe, como tampoco a la fecha se ha nombrado a un director general del archivo general del estado.
Por esa razón, las más de 150 dependencias públicas que existen en el estado incumplen la fracción XII del artículo 13 de la Ley de transparencia, que las obliga a publicar “los instrumentos de consulta y control archivístico”.
La ley de transparencia es más explícita en el renglón de la conservación de los archivos. Dice por ejemplo, que “los responsables de los archivos elaborarán los instrumentos de consulta y control archivístico que propicien la organización, conservación y localización expedita de sus archivos”.
También establece que las dependencias públicas “realizarán programas de respaldo y migración de los documentos electrónicos, de acuerdo con sus recursos”.
Asimismo, las oficinas gubernamentales “adoptarán medidas y procedimientos técnicos que garanticen la conservación de la documentación y la seguridad de sus soportes”.
Todo lo anterior no lo han cumplido las dependencias públicas, y fue por ello que el ITAIG emitió una recomendación el 26 de noviembre de 2014 para recordarles lo que establece la ley.
El órgano garante expresa que “emite recomendación a cada uno de los sujetos obligados, a efecto de que, derivado de la obligación que tienen respecto de conservar la información, tomen las medidas precautorias pertinentes para garantizar su resguardo y protección.”
Asimismo establece que las dependencias públicas “que consideren que sus archivos han sido siniestrados” deberán someterse a un procedimiento para poder decretar que “la información se ha perdido o ha quedado incompleta”.

No hay propuesta de Ortega Martínez

En su plan de gobierno anunciado el 26 de noviembre, el gobierno de Rogelio Ortega apenas se refiere a la transparencia en el ejercicio de su gobierno. El punto número 21 dice, “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”.
Nada adicional ni nuevo que no contenga la ley de transparencia. No se necesitan grandes recursos ni anuncios espectaculares para hacer un gobierno transparente. Si quisiera, ya lo hubiera hecho.
Monitor de Guerrero regresará el 6 de enero del próximo año.