Defienden 19 ONG a Vidulfo Rosales y Abel Barrera ante ataques del Cisen

*El organismo de la Segob  los califica de “peligro para la gobernabilidad”. Son fundamentales “para oponerse a la impunidad y el abuso del poder”, dicen defensores y exige garantías para ellos

Organizaciones de la sociedad civil defendieron a los representantes legales de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos por policías en Iguala y de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, luego de que se informó que fueron fichados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación, que los califica como “peligro para la gobernabilidad”.
En un comunicado 19 organizaciones de derechos humanos reprobaron y lamentaron que el gobierno trate de desacreditar a los defensores de derechos humanos, y que los recursos públicos se utilicen para debilitar al movimiento por los desaparecidos en lugar de utilizar las capacidades de inteligencia para combatir la infiltración y corrupción de los “narcogobiernos” y lograr que las graves violaciones de derechos humanos no queden en la impunidad.
Un informe del Cisen fue divulgado por el medio digital Reporte Índigo en una nota titulada “Ficha el Cisen a abogado de normalistas”, en referencia a Vidulfo Rosales Sierra, pero también se menciona al defensor Abel Barrera Fernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que asesora a los familiares y normalistas de Ayotzinapa.
En la nota difundida en el portal electrónico del medio se menciona que “el abogado Vidulfo Rosales Sierra destaca como una de las figuras centrales fichado por el Cisen por sus vínculos con la subversión: ERPI, OPIM, CRAC y los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán”.
Además “Rosales Sierra y Abel Barrera, por las causas que abanderan a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, forman parte de los elementos considerados peligrosos para la gobernabilidad”.
Las organizaciones manifestaron que Barrera Hernández y Rosales Sierra han sido fundamentales en la región “para oponerse a la impunidad y el abuso del poder desde hace años” y demandaron al gobierno esclarecer la información que se ha dado a conocer y que se brinden garantías para Tlachinollan, para que labore con absoluta seguridad y libertad.
El 10 de noviembre organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de las descalificaciones del gobernador Rogelio Ortega Martínez al trabajo de Tlachinollan, y por la filtración de un documento del gobierno federal donde se acusó al secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares de tener vínculos con un grupo guerrillero. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).