Condena el CEN del PRD las “agresiones” contra sus dirigentes en Guerrero

Redacción

La dirigencia nacional del PRD condenó las agresiones hacia varios integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y en un comunicado firmado por su presidente, Carlos Navarrete, afirma que los mismos “fueron privados de su libertad a manos de integrantes de la CETEG, quienes los hicieron caminar sobre la Autopista del Sol en medio de amenazas contra su integridad”.
La dirigencia perredista exigió a los gobiernos del estado y de la Republica “garantizar el pleno ejercicio de los derechos de reunión, expresión y tránsito de los ciudadanos de Guerrero y a todas las organizaciones que tienen demandas y peticiones, los exhortamos a conducirse en el marco de la ley y de manera pacífica”.
Calificó de inaceptable la suspensión de elecciones en Guerrero.
A los hechos de ayer, añade el comunicado, se suma el caso del diputado local Daniel Esteban González, retenido en Tlapa por maestros y “quien fue obligado por la fuerza a firmar un compromiso para ‘renunciar’ al cargo de elección popular que ejerce”.
El PRD criticó otras “acciones directas” como destrucción de edificios públicos, sedes partidarias y vehículos tanto oficiales como privados, “con la justificación de hacer patente su inconformidad por los acontecimientos ocurridos en Iguala y Cocula, Guerrero”, en alusión a la desaparición de 43 normalistas, el asesinato de tres más y otras tres personas por policías municipales.
El CEN del del PRD expresó su respaldo a los actos públicos que de manera pacífica sostengan demandas legítimas, como una investigación completa que permita el fincamiento de responsabilidades a los presuntos responsables de lo ocurrido en esos municipios.
“Somos solidarios con los padres de los jóvenes desaparecidos y reiteramos nuestro apoyo y simpatía hacia las demandas que en diversas instancias y foros han presentado. El derecho de manifestación y la  demanda de justicia, expresadas en el marco de la ley en pleno ejercicio de derechos constitucionales, siempre tendrán nuestro respaldo”.
La dirigencia nacional califica de “inaceptable es que enarbolando una legitima demanda de justicia, algunos grupos atenten contra los derechos humanos de las personas, independientemente de su filiación política. No es con acciones de intimidación, amenazas o agresiones como se va a enfrentar la grave situación” de Guerrero.
“Las libertades públicas que la Constitución da a todos los ciudadanos deben ser respetadas, como debe serlo también el derecho a la integridad de todos los ciudadanos, sean personajes públicos o no”.
Agrega el comunicado que el PRD ha luchado “para que la gente pueda expresarse con su voto en elecciones constitucionales. Reconociendo que hay visiones diferentes sobre el país, algunas totalmente contrapuestas, tenemos la convicción de que la forma de dirimirlas debe seguir siendo la vía electoral, para que cada propuesta y forma de pensar tenga el respaldo que le dé la gente en las urnas.
“Nadie puede imponer una sola visión y menos, argumentando tener toda la razón, imponérsela al resto de las visiones existentes. Menos aún por la fuerza. Aceptarlo sería un grave retroceso de muchas décadas, pues nos llevaría a un escenario en el que cada agrupamiento pretendería imponer su razón y su visión con el método de que el que más agreda y sea más fuerte se imponga a los demás”.
Y señala que es necesaria una mayor participación de la gente, y “mediante el método democrático que todos hemos aceptado que son las elecciones, exprese  sus convicciones políticas y sociales. Es inaceptable el planteamiento de suspender los comicios en Guerrero. Por el contrario, es necesario ratificar la vía democrática como la única ruta para dirimir las diferencias y así poner un hasta aquí al clima de violencia y dignificando las condiciones de vida de los guerrerenses.
“Es esta la manera en la que el pueblo, y no la delincuencia organizada, decida quién debe estar al frente del gobierno. Pretender que los poderes públicos no se elijan ni se instalen, es darle la conducción del estado a esos grupos,  al margen del mandato constitucional”, concluye.