Marcial Rodríguez Saldaña

Siete asesinados, 42 desaparecidos

La confirmación del asesinato de Alexander Mora Venancio viene a ratificar el crimen de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano en contra de cuatro estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de un adolescente jugador del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, el chofer del camión que transportaba al equipo y una mujer, y la desaparición forzada de 42 alumnos de esa institución educativa, respecto de los cuales el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto aún no cumple con su obligación como jefe del estado mexicano de presentarlos con vida a sus padres de familia y a sus compañeros.
1. La postura de Peña Nieto en relación con este acto de barbarie ha sido de una absoluta insensibilidad e irresponsabilidad. En su única visita a Guerrero desde que ocurrieron estos hechos, se le ocurrió declarar que había que superar el dolor de los familiares y compañeros de los muertos y desaparecidos, es decir dejar atrás el caso, cerrar el expediente, dar por concluido el asunto y seguirle con sus reformas estructurales emanadas del Pacto por México. Esta postura presidencial refleja nítidamente que a Peña Nieto no le importa que haya justicia, a él le interesa prioritariamente la paz de los sepulcros, pasando por encima del dolor y la exigencia de justicia de las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos.
2. La investigación que se sigue sobre este caso en manos de Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, cada vez resulta más cuestionable, pues en el asesinato de Alexander Mora Venancio, originario de la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, los peritos argentinos han señalado oficialmente que ellos no estuvieron presentes en el momento ni en el lugar para saber en donde fueron encontrados sus restos, y muy grave es que el procurador afirme que es posible que nunca se sepa a cuántos estudiantes asesinaron y que tampoco se pueda conocer en dónde están.
3. Estas aseveraciones de Murillo Karam, quien tiene como principal función procurar la justicia en México, denotan claramente cual es la importancia que el gobierno de Peña Nieto le da a este caso, que lo toman como cualquier otro asunto bajo la visión autoritaria y tradicional del viejo régimen político mexicano en donde las violaciones a los derechos humanos han formado parte de la historia recurrente en nuestro país, sin que haya habido castigo a los responsables.
4. Lo de Iguala-Ayotzinapa se asemeja a otros hechos como los de la masacre del 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo, del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971, la de los cientos de asesinados y desaparecidos en la guerra sucia en Guerrero a principios de los años setenta –documentados y confirmados por la Comisión de la Verdad–, con las decenas de universitarios asesinados y desaparecidos en las décadas de los setentas y ochentas, con los campesinos asesinados en Aguas Blancas en 1996, con los crímenes en el Charco, con el asesinato de dos normalistas el 12 de diciembre de 2011, y en todos estos casos, el patrón de actuación del Estado mexicano y quienes en forma personal lo han representado en las diversas instancias de gobierno ha sido el de la impunidad.
5. Hasta ahora, el castigo a los responsables de los hechos de Iguala-Ayotzinapa se mantiene en los niveles inferiores de las autoridades, pero no se ha investigado a los mandos superiores del gobierno del estado y federal, esto es compresible porque hay colusión de quien investiga con los responsables, en especial de Murillo Karam con su jefe que es Peña Nieto, y es lógico que no lo va a incluir en la averiguación, por ello en necesario que intervengan los organismos defensores de derechos humanos a nivel internacional. El representante del Alto Comisionado de la ONU en México ha señalado que estos hechos configuran un crimen de lesa humanidad y un crimen de Estado, y para los efectos de las sentencias internacionales la responsabilidad recae en el Estado, cuyo jefe en este caso es Enrique Peña Nieto.
6. A diferencia de lo que pregona Peña Nieto en el sentido de que los padres de familia y sus compañeros estudiantes deben superar el dolor que les aqueja, lo conducente es seguir exigiendo que haya castigo a todos los responsables de estos crímenes y desapariciones forzadas, así como la presentación con vida de los 42 estudiantes respecto de los cuales se desconoce su paradero, que estos acontecimientos no queden impunes, como ha ocurrido en el pasado, para que no se vuelvan a repetir, y que haya una transformación a fondo de las instancias corrompidas que se encargan de la seguridad, procuración e impartición de justicia y de todas las instituciones públicas del país.

marcialrodriguez60@
hotmail.com
Twitter: @marcialRS60