Julio Moguel

Crisis de régimen, cambio de régimen (El tiempo de Ayotzinapa)

I

La particularidad del momento político que se vive en México tiene un elemento distintivo que vale la pena resaltar: es la primera vez desde la institucionalización del régimen político mexicano (periodo que se abre en 1934, con la configuración del régimen presidencialista sexenal) en que la exigencia de que un presidente del país haga sus maletas y se vaya adquiere fuerza de voces y sentido de posibilidad. Con el agregado, conocido, de que el grito de “fuera Peña” cuenta ahora con un significativo soporte de credibilidad al hacer tierra con la mayor parte de los registros de encuestas y de valoraciones de escala doméstica e internacional. (La caída en los niveles de popularidad del presidente Enrique Peña Nieto en los medios internacionales parece no tener precedentes en los escenarios planetarios de la actualidad, en dimensiones mayores a otros casos en cuanto al nivel del despeñamiento por el hecho simple y llano de que su encumbramiento había alcanzado velocidades y alturas prácticamente inéditas en el registro medio internacional).
Ciertamente, nos encontramos en la historia moderna del país con un caso como el de un degradado Gustavo Díaz Ordaz del que en un momento dado miles o millones pretendieron o desearon su renuncia, pero tal desiderátum se fue desdibujando en el curso de los días de un periodo al que, después de la matanza de Tlaltelolco (2 de octubre de 1968), ya no le quedaba mucha cuerda sexenal.
Dicho de otra forma, la “caída” –acaso más vertiginosa que la que en su momento sufrió Díaz Ordaz– de la figura y del prestigio de Peña Nieto se da no en el ocaso sino en el temprano primer tercio de su sexenio, diferencia que, en el esquema comparativo que nos ocupa en este texto, también vale la pena considerar.
No queremos decir con lo hasta aquí adelantado que en nuestros cálculos o previsiones la renuncia de Peña sea algo inminente o que su caída lo lleve sin mayores preámbulos a subirse a un ypiranga y emigrar. Sólo decimos –y es justo ello lo que nos parece esencial para el análisis de coyuntura y de periodo– que es la primera vez durante casi un siglo que la exigencia de renuncia de un presidente mexicano adquiere un curso amplio y franco a principios del sexenio de mandato y no al final (primer tercio de un gobierno programado para concluir en 2018), y que los factores que se conjugan para que dicha exigencia adquiera visos de posibilidad tienen ahora más consistencia que nunca.

II

La caída de Peña Nieto como exigencia o demanda social no puede reducirse, en la valoración que implique su posibilidad, al número de gargantas que lancen dicho grito en las manifestaciones populares de México y de ultramar. Ello ya es significativo, pero no basta: se requiere que tal exigencia se inscriba en una crisis económica, social y política de modalidades y magnitudes particulares, circunstancia crítica que derive o tienda a derivar en una fractura o debilitamiento extremos del bloque político (núcleo líder más aliados de comando dentro del bloque político dominante en el país) que tiene en sus manos las riendas del poder estatal.
Dicho proceso de quiebre o de fractura del bloque político dominante no se da o no se dará sólo por el hecho de que entre las fuerzas políticas de dominio existan diferencias serias o profundas en lo que se refiere al curso económico y político a seguir. Se da o se dará en definitiva en el espacio-tiempo de un proceso de deslegitimación del núcleo líder de gobierno, dentro de un cuadro instalado y creciente de ingobernabilidad. Pero no sólo del núcleo líder de gobierno: la encuesta más reciente de GEA-ISA (10 de diciembre de 2014) muestra con toda claridad la caída de la popularidad de Peña, pero la desconfianza se extiende a los órganos policiacos (la confianza se redujo de 20 a 10 por ciento entre septiembre y diciembre), a los partidos políticos (con una caída del 16 al 7 por ciento en el mismo ciclo) o al Ejército (con un derrumbe del 48 al 30 por ciento para el mismo periodo).
Es este espacio-tiempo específico el que se ha instalado en el país desde el 26 y 27 de septiembre del año en curso, con los fatídicos hechos delictivos en el municipio de Iguala. Digámoslo sin demora: los asesinatos y la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa ha desnudado de manera rápida y sin remedio al régimen encabezado por Enrique Peña, en un proceso de des-ocultamiento paulatino de todas las miserias y de todo el salvajismo con el que es capaz de operar uno de los gobiernos más reaccionarios y antipopulares de los que pueda tenerse memoria en el país. Y ha desnudado a la vez todo el andamiaje político montado en torno a las instituciones que conforman el régimen político vigente. Con el agravante de que conforme pasan los días y los meses desde aquellos días fatídicos de Iguala se hace cada vez más evidente para todos que los hechos del referido municipio guerrerense tienen, “haiga sido como haiga sido”, una impronta política estatal.
Crimen de Estado –de lesa humanidad, como se ha dicho–, entonces, cuyo origen y fuente de definición y operación resulta simple y llanamente inconfesable desde la ventanilla oficial. (Lo dice un reconocido columnista de un diario nacional: la dificultad relacionada al posicionamiento gubernamental frente a los hechos de Iguala resulta “extraña, asida a un libreto mal hecho e indefendible, como si se estuviera ante una ‘razón de Estado’ que obliga a la administración de Peña a cerrar las puertas a la verdad y la justicias porque en los hechos estuvieran de alguna manera involucrados altos personajes civiles, policíacos o militares, o determinadas instituciones claves”. Acaso la verdad de todo este asunto se encuentre en la nota que acaba de aparecer en Twitter, relativa a la información aportada por un científico norteamericano de nombre Andreas Eligium, quien señala que “durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014 el satélite Terra de la NASA sólo registró algo quemándose en Chilapa, Guerrero, y no en Cocula, Guerrero, como lo dijo el procurador de la República Murillo Karam”. La nota twittera agrega que ello pudiera significar que “los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron asesinados y calcinados en el campo militar” del referido lugar).
Crimen que ha llegado a horrorizar a todo el mundo, tanto por el sentido obviamente implícito en los hechos (estudiantes pobres, luchadores sociales de prosapia reconocida, etcétera) como por la forma, que hace inevitablemente que lleguen a la mente de cualquiera las imágenes de los pogromos rusos o alemanes de épocas pasadas, o las deportaciones y asesinatos masivos de la época de Stalin, o las atrocidades criminales del apartheid sudafricano, o algunos escenarios de la guerra vietnamita, o los crímenes pinochetistas o los de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, etcétera.
Crimen que acaso ni siquiera pueda ser comparado con el del 68, en Tlaltelolco, pues entonces la masacre del 2 de octubre apareció “justificada” desde la mirada fascista del diazordacismo con el argumento de que frente a un movimiento social y político “antipatriótico y desbocado se había hecho uso legítimo de la fuerza”. En el caso de Iguala las cosas suceden-sucedieron de otra forma, con fuerzas del “orden” que, desde un cálculo frío y programado (todo el asunto del 26 y 27 de septiembre se inscribe claramente en un operativo complejo, con muchos actores implicados in situ), secuestraron y asesinaron (hipótesis que cada vez es menos hipótesis: la del asesinato de los 43 normalista de Ayotzinapa) a jóvenes inermes que no tenían más interés que luchar pacíficamente por la justicia y sus derechos.

III

La crisis de régimen que nos ocupa se ha manifestado de muy diversas formas y en muy diversos medios, pero pocos tan significativos como el que se expresó en la visita que los padres de los 43 normalistas desaparecidos hicieron al Senado el pasado 9 de diciembre.
En dicho escenario sucedió lo tan insólito como trascendental: los padres de los 43 colocaron a los senadores literalmente contra las cuerdas, calificándolos de “corruptos, mentirosos, hipócritas” y acusándolos de ser, “como parte del Estado mexicano”, culpables de “crimen de lesa humanidad”. El pliego petitorio que dejaron en manos de los senadores habla por sí mismo del sentido en que se perfila en adelante su ya ahora decisiva intervención en el espacio de la coyuntura política nacional: a) presentación con vida de los normalistas desaparecidos, b) desaparición de poderes en el estado de Guerrero, c) cancelación de las elecciones del próximo año en la entidad, d) apertura, por parte de la PGR, de nuevas líneas de investigación, que incluyan al Ejército y al ex gobernador Ángel Aguirre, e) ratificación inmediata de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU para que pueda intervenir en el caso de Iguala.
¿Son descabelladas tales exigencias? ¿Quedarán en el vacío después de que lleguemos a las fechas navideñas y las cosas cambien de color? (desiderátum claramente pensado o sentido por algunos de los diseñadores de la política de gobierno). Si lo que hemos planteado en líneas anteriores tiene algún sentido de realidad, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que tales exigencias de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se han cocinado en los niveles propios del calor que desde finales de septiembre prevalece en el horno político nacional.
Porque: ¿cómo realizar elecciones en una entidad que se encuentra profundamente convulsionada, y que no tiene para cuándo recuperar sus equilibrios y alcanzar los mínimos niveles de normalidad? La encuesta GEA-ISA a la que nos referíamos en líneas anteriores coloca el abstencionismo nacional previsible para 2015 en un 70 por ciento. Imagine usted cuál será el abstencionismo en el estado de Guerrero. ¿Le gusta la cifra de un 80 por ciento? Pudiera apostarse incluso que puede llegar a ser un poco más alta.
¿Y cómo lidiar, desde los malabares que le tocan al gobierno federal y los otros poderes del Estado, con el tema relativo a la exigencia de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, si el gobierno interino encabezado por el académico Rogelio Ortega parece estar sostenido en el limbo? Los otros tres puntos del esquema de demandas que los padres de los 32 estudiantes de Ayotzinapa dejaron a los senadores el pasado 9 de diciembre agregan sólo lo necesario e ineludible: presentar con vida de los 43 normalistas desaparecidos (demanda irreductible, por imposible que hoy parezca), investigar al Ejército (y al ex gobernador Aguirre) e incorporar a la ONU en los procesos investigativos o en el seguimiento a los mismos.
La “caída de Peña”, entonces, no es imposible dentro del marco de la profunda crisis de régimen que nos ocupa. Más si, como ya es tema diario en todos los medios, las reformas estructurales –particularmente la referida a la reforma energética– entran ahora en un terreno tan pantanoso como el que ha creado la guerra de los titanes internacionales del petróleo.
¿Quiere usted sumar algo, amigo lector, al esquema de análisis de coyuntura? ¿Acaso el espinoso tema de la Casa Blanca o el de la cancelación a los chinos por mano presidencial del proyecto de inversión para la construcción del tren bala Querétaro-ciudad de México? ¿Acaso los graves intentos de Peña (marcados en su decálogo de “salida a la crisis” que dio a conocer el días pasados) por dinamitar los “terceros niveles de gobierno”, es decir, los poderes municipales o los ayuntamientos, con la creación del “mando único”?
Sobre estos temas, si se nos permite, hablaremos en otra entrega.