Cumple tres años en la impunidad el asesinato de dos normalistas en la Autopista del Sol

*Alexis Herrera y Gabriel Echeverría fueron asesinados a balazos por policías mientras participaban en una manifestación para demandar  el incremento de la matrícula de Ayotzinapa. El procurador López Rosas dijo que la acción estuvo a cargo de la Policía Federal, pero la Secretaría de Gobernación negó su participación. La CNDH demandó juicio político para López Rosas y el secretario de Seguridad Ramón Almonte y responsabilizó a la secretaria de Educación, Silvia Romero de negligencia e intolerancia y determinó la responsabilidad de 155 servidores públicos

Redacción

Hoy se cumplen tres años desde que dos normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fueron asesinados en un desalojo violento de la autopista del Sol, sin que los responsables hayan sido presentados ante la justicia y sin un solo encarcelado por el crimen.
El tercer aniversario luctuoso está en medio del movimiento social propagado en casi todo el mundo a favor de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Van 77 días del asesinato de cuatro estudiantes normalistas, un joven deportista, un chofer de autobús y una mujer Iguala, así como la desaparición forzada de otros 42 normalistas que siguen sin ser hallados, la Procuraduría General de la República (PGR) afirma que fueron incinerados en el basurero de Cocula.
El 12 de diciembre de 2011 unos 400 normalistas bloquearon la autopista del Sol en Chilpancingo frente al hotel Parador del Marqués acompañados de padres y organizaciones civiles, para exigir una audiencia con el gobernador defenestrado por los ataques del 26 de septiembre en Iguala, Ángel Aguirre Rivero. Expondrían los problemas de la Normal, demandaban la ampliación de la matrícula y plazas para egresados.
Cuando el bloqueo total de la vía federal llevaba una hora, a las 12 del día policías federales y ministeriales del estado, algunos vestidos de civil y armados con rifles de asalto AR-15 dispararon a los manifestantes, luego se unieron a la represión policías preventivos estatales y más federales.
Los estudiantes se defendieron lanzando las piedras que hallaron cerca y el ataque en su contra duró unos 20 minutos. Hubo cerca de 30 heridos y 24 detenidos.
El primero en caer fue Gabriel por un balazo que recibió en un costado del cuello cuando pretendía lanzar un piedra a los federales, el disparo vino de donde estaban los ministeriales, casi de inmediato cayó Jorge Alexis por un balazo que recibió atrás de la cabeza, desde el punto en donde estaban los federales. Tras el desalojo violento también murió el empleado de una gasolinería, Gonzalo Rivas Cámara, por las quemaduras que sufrió cuando intentaba cerrar una máquina dispensadora de gasolina que ardía.
“El gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia”, celebró ante los reporteros al final de la operación el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Miguel Arriola Ibarra, con el rostro ensangrentado por una roca que lo golpeó, mientras los dos normalistas yacían tendidos en charcos de sangre detrás del funcionario.
Ese día el gobierno estatal y el procurador de justicia Alberto López Rosas aseguraron que la acción estuvo a cargo de la Policía Federal, pero también ese día la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal negaron su participación y aseguraron que llegaron cuando los hechos ya habían ocurrido.
El gobierno del estado también trató de incriminar a los normalistas y “personas ajenas”. En conferencia de prensa tras la represión el entonces vocero y actual secretario de Cultura, Arturo Martínez Núñez afirmó que un joven de 19 años estaba detenido porque portaba cargadores de un fusil de asalto AK-47 o cuerno de chivo, que su detención llevó a los policías hasta el arma, oculta en un cerro, y la presentó ante los reporteros junto a unos casquillos percutidos.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan denunció que Gerardo Torres Pérez fue detenido tras recoger los cartuchos usados por los policías, que fue torturado para aceptar la declaración fabricada por la Procuraduría del estado y que fue trasladado a un lote baldío de Zumpango, en donde policías ministeriales lo obligaron a disparar el arma. Al siguiente día fue liberado tras la destitución de López Rosas, Arriola Ibarra y el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja.
Crimen impune

Ese 12 de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó una queja de oficio, y después utilizó por primera vez su facultad constitucional de investigación en casos de violaciones graves a los derechos humanos, y atrajo el caso para que nadie pudiera negarle información.
En su recomendación emitida el 27 de marzo de 2012 demandó juicio político para López Rosas y el entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, porque consideró que el primero mintió en la versión de que los ministeriales llegaron después de los hechos y cometió abuso de poder, tortura y obstrucción de la justicia. Además responsabilizó a la ex secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, de negligencia e intolerancia ante las demandas de los normalistas.
El documento incluye 30 recomendaciones, entre las que destacan las indemnizaciones a familiares de las víctimas, una disculpa pública y el juicio político para ambos funcionarios: 13 recomendaciones fueron para la Secretaría de Seguridad Pública federal y Aguirre Rivero, 11 sólo para Aguirre Rivero, cuatro para la Secretaría de Seguridad Pública federal y 2 para la Mesa Directiva de la 59 Legislatura del Congreso local.
La CNDH también determinó la responsabilidad de 155 servidores públicos, por los que interpondría demandas ante la Procuraduría General de la República (PGR): 99 funcionarios y agentes de la Procuraduría, 73 policías ministeriales y que los policías federales también criminalizaron la protesta social con el “uso excesivo de la fuerza pública”, y señaló que las autoridades ocultaron casquillos y manipularon la escena.
Sus peritos documentaron y comprobaron que en el lugar hubo 68 armas de las autoridades y que 24 fueron disparadas: 22 de la Policía Federal, una de los ministeriales y otra de la Policía Estatal.
Sin embargo, a tres años de la represión y desalojo violento, la impunidad continúa. No hay detenidos, el juicio político contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública sigue estancado en el Congreso local, y ninguna autoridad federal se presentó ante la justicia. López Rosas y Almonte Borja han insistido en que son inocentes y que la CNDH violó sus derechos.
Los dos únicos agentes ministeriales detenidos y acusados de ser los autores materiales de los asesinatos, Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, salieron de la cárcel de Chilpancingo el 23 de abril del año pasado y fueron absueltos por el Tribunal Superior de Justicia por “falta de elementos para procesar” y se dictaminó el caso como “asunto concluido” para que ninguna otra autoridad los pueda requerir.
López Rosas regresó al gobierno estatal el 17 de mayo del año pasado como secretario del Trabajo, desde abril ha expresado que quiere ser candidato a gobernador en la elección del próximo año y el miércoles renunció al PRD ante la crisis del partido causada por la matanza a normalistas en Iguala, e insistió en que la PGR reabra y atraiga el caso del desalojo del 2011, porque el gobierno federal calderonista actuó de manera sesgada y manipuló la información.
Almonte Borja no regresó al gobierno, pero en 2012 fue aspirante a diputado local por el distrito 04 de Acapulco, en septiembre de 2013 regresó a la política como miembro de la corriente perredista Foro Nuevo Sol, y el 11 de junio de este año lo presentaron como aspirante a la alcaldía de Acapulco asegurando que “está limpio” respecto a esos dos asesinatos.
El único testigo protegido por la Procuraduría que declaró contra la Policía Federal desapareció el 1 de septiembre de 2012 y sus restos fueron hallados un mes después. El ex comisario de la Policía Federal en Guerrero acusado como responsable por el asesinato, Alfredo Álvarez Valenzuela, no fue castigado, el 6 de diciembre de 2013 fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Acapulco y el 4 de diciembre del mismo año renunció, tampoco se ejerció acción penal contra el ex comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas.
En estos tres años Tlachinollan, líderes de organizaciones sociales y normalistas han denunciado que la recomendación de la CNDH solo se cumplió de manera parcial. Como ejemplo, el 21 de noviembre de 2012 el gobierno federal y estatal ofrecieron una disculpa pública en Acapulco, pero en un acto al que no se invitó a los familiares de las víctimas y acudieron sólo los familiares del empleado de la gasolinería.