Un magistrado y abogados dicen que no procede la desaparición de poderes

Aurora Harrison

El magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema de Justicia Acusatorio, Víctor Alejandro Arrellano Justo, dijo que Guerrero está pasando por una “mudanza jurídica” para los juicios orales y que el proceso será gradual, porque los operadores deberán estar capacitados y ser garantistas de los derechos humanos.
Consultado después de la toma de protesta a los integrantes del Consejo Consultivo de Juristas de Guerrero, el magistrado Arellano Justo dijo que se debe restablecer la paz social que se vio perturbada por lo ocurrido el pasado 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala, además de restablecerse el Estado de derecho.
“Hoy el estado de Guerrero está viviendo lo que podemos llamar una mudanza jurídica, en Iguala se implementó el nuevo sistema de justicia penal de manera gradual, hoy las investigaciones van a ser distintas, hoy el ministerio público serán fiscales que se van a encargar de investigar”, puntualizó en declaraciones a reporteros.
Al preguntarle si están preparados, recordó que en el Tribunal Superior de Justicia desde el 2008 que fue la reforma constitucional, empezaron con cursos de capacitación, porque los operadores del sistema de justicia penal acusatorio “debemos ser garantistas a través de audiencias públicas honestas, transparentes y garantistas de derechos humanos”.
Cuándo se le preguntó si para el 2016 Guerrero estará listo con este nuevo sistema, indicó que “vamos de manera gradual, iniciamos en Iguala, la próxima es Zihuatanejo, Tecpan de Galeana, Tlapa, Chilpancingo, Tierra Caliente y en junio del 2016 Acapulco debe estar preparado con una infraestructura donde se construirá una ciudad judicial”.
Antes en su discurso Arrellano Justo dijo que “para quienes creemos en la justicia nos merecen respeto y admiración los hombres que han entregado su existencia a la interpretación de las leyes, a que el bien triunfe sobre el mal, pero también para que se restablezca la paz social que ha sido perturbada por los malos inherentes de nuestra condición humana”.
Además se pronunció porque prevalezcan los principios sabios y rectores del derecho para que haya paz en la entidad, e indicó que la desaparición de poderes no se da porque el Poder Judicial desde que se suscitaron los hechos violentos en Iguala está trabajando, tan es así que está recibiendo todas las demandas de los justiciables.
Detalló que sí hay gobernabilidad en Guerrero, a pesar de las constantes movilizaciones que se han hecho, pero insistió que se tiene que aplicar la ley en un Estado de derecho.
Cuando se le preguntó por los riesgos que pueden darse si siguen permitiéndose los actos violentos en movilizaciones, el magistrado dijo que existen protocolos para hacer valer la fuerza pública, y debe intervenir la autoridad para disuadir a los manifestantes, aunque se negó a opinar si el Poder Ejecutivo está actuando o no en su responsabilidad.
Los integrantes del Consejo son presidentes de colegios, barra de abogados y juristas, y su secretario técnico será el penalista Alfredo Pérez Zárate, quién opinó que está en desacuerdo con la desaparición de poderes, porque el Tribunal Superior de Justicia está trabajando, el Congreso y el Ejecutivo trabaja con lo que se le permite.
Agregó que cuándo el Senado dictamina la desaparición entra el Ejército, mientras que se preparan las elecciones, “hay un provisional, no hay condiciones, la sociedad no lo quiere y hay mayoría que queremos la paz, como abogados somos vigilantes de la aplicación de la ley y estaremos presentes de la aplicación del Estado de derecho”.
Pérez Zárate dijo que deben enviar policías para contener, no para reprimir, para eso el gobierno tiene que invertir, para estar listos para el auxilio, y no para llegar a golpear .
Al preguntarle si la aplicación de la ley no se hace es para no tener costos políticos, declaró que “una parte tiene razón, porque están cuidando la chamba, están actuando con mucha cautela porque hay mucho dolor en las familias y el gobernador trata de no llegar al enfrentamiento para no generar mayor violencia” de la que ya hay.
Entre los integrantes están Alberto Aparicio, presidente del colegio de abogados Ignacio Manuel Altamirano; Jesús Antonio Lemus Beltrán, Salomé Gutiérrez Aguirre, presidente de la Barra de Abogados; Plácido Cruz Teodoro, del colegio Eduardo López Betancourt, Rigoberto Gallegos Contreras, Jesús Galeana Sánchez y Juan Luis Juárez.
Durante la ceremonia estuvo presente también el aspirante a la Fiscalía General del Estado, Ezequiel Larumbe, además de abogados postulantes e integrantes de los colegios y barras.