Aprueban diputados del PP Ley mordaza y la expulsión de inmigrantes en España

*El nuevo documento señala multas hasta de 600 mil euros para manifestaciones no autorizadas así como por escalar edificios públicos o monumentos sin permiso, como hace la ecologista Greenpeace

Agencia Reforma

Madrid

El Congreso de los Diputados español aprobó el jueves con los únicos votos del gobernante Partido Popular (PP, derecha) una nueva ley de seguridad ciudadana que prevé nuevas multas por celebrar manifestaciones no autorizadas y legaliza la devolución “en caliente” de inmigrantes clandestinos en Ceuta y Melilla.
La ley, adoptada por el gobierno el pasado 11 de julio, fue aprobada con 181 votos a favor del PP y 141 en contra de toda la Oposición.
“Será un magnífico instrumento para garantizar más y mejor la seguridad ciudadana”, afirmó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en los pasillos del Congreso.
La ley pasará ahora al Senado, donde si no hay modificaciones, recibirá su luz verde definitiva.
La nueva legislación prevé multas de hasta 600 mil euros para manifestaciones no autorizadas en infraestructuras públicas que puedan suponer un peligro para las personas o perturbar servicios públicos, así como sanciones de hasta 30 mil euros para concentraciones no autorizadas cerca de los parlamentos nacional o regionales si suponen un serio riesgo para la seguridad.
La nueva ley también prevé multas de hasta 30 mil euros por obstruir el trabajo de las autoridades, como podría ser el caso cuando manifestantes han intentado impedir las expulsiones de propietarios desahuciados.
El nuevo texto dobla hasta los 600 euros las multas por escalar edificios públicos o monumentos sin permiso, como hace la organización ecologista Greenpeace en muchas ocasiones para protestar.
Los últimos años de recesión y crisis económica llevaron a la multiplicación de manifestaciones en España, muchas de ellas espontáneas y algunas de las cuales acabaron con serios enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Además, se ha introducido una cláusula que legaliza las devoluciones en caliente de los inmigrantes clandestinos que intentan entrar en grupo desde Marruecos a los enclaves españoles norteafricanos de Ceuta y Melilla.
Este punto, que fue introducido como enmienda y no estaba en el proyecto inicial, ha sido el más criticado por la Oposición, que considera que se trata de una ley restrictiva y una vuelta al Estado policial, según el diputado socialista, Antonio Trevín.
La ley se refiere específicamente a los dos enclaves norteafricanos sometidos a una gran presión migratoria en los últimos meses.
Según el ministro del Interior español, hasta el 16 de noviembre unos 4 mil 600 inmigrantes clandestinos entraron en Melilla frente a los poco más de 3 mil del pasado año, muchos de ellos aprovechando asaltos masivos a la valla fronteriza que separa la ciudad autónoma de Marruecos.