Omisiones y corrupción del Estado causaron Tlatlaya y Ayotzinapa: CNDH

*“No son producto de una generación espontánea”, señala el ombudsman Raúl González

* “Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían esos deleznables episodios?”, reprocha

* Hay que “ajustar todo lo que tengamos que ajustar para asegurar el pleno respeto a los derechos fundamentales”, se compromete Peña Nieto

“Omisiones y corrupción desde el Estado provocaron Tlatlaya y Ayotzinapa”: CNDH

“No son producto de una generación espontánea ¿dónde estaban las instituciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y las amenazas a la seguridad interior? ¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían esos deleznables episodios?”, cuestiona el ombudsman Luis Raúl González Pérez durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014

Agencia Proceso

Ciudad de México

Los pasillos de la residencia oficial de Los Pinos retumbaron cuando el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, habló fuerte y directo, como hacía rato no se escuchaba a un ombudsman.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, González Pérez reclamó las omisiones y la corrupción que desde el Estado provocaron las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares en Tlatlaya y la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes en Iguala.
Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, en la residencia oficial de Los Pinos, dijo:
“Los oprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya no son producto de una generación espontánea (…) ¿dónde estaban las instituciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y las amenazas a la seguridad interior? ¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían esos deleznables episodios?”, cuestionó.
Sin embargo, aclaró, “existe un malestar social muy difundido” que no necesariamente tiene su origen ni se limita a Tlatlaya y Ayotzinapa.
Los mexicanos, abundó González Pérez, “más bien han catalizado un largo proceso de frustración de expectativas iniciado años atrás, pero que no fue advertido con oportunidad en sus diferentes vertientes económicas, sociales y culturales”.
El ombudsman nacional advirtió una crisis de derechos humanos en algunas regiones del país y desconfianza hacia el Estado provocada por la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad.
Afirmó que las recientes manifestaciones son una expresión de hartazgo por la impunidad y las autoridades deben ser autocríticas y entender la complejidad del enojo colectivo.
También lamentó que el “ejercicio legítimo” de la protesta se haya visto afectado por acciones de grupos minoritarios violentos que ante las circunstancias que atraviesa el país “quisieran generar un contexto de ruptura y polarización social”.
Reiteró su posición a favor de la protesta social libre, pacífica y realizada dentro del marco legal, en la cual las autoridades sancionen a quienes incurren en la violencia.
Los recientes acontecimientos, dijo, obligan a “un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata de rediseñar el país sino de establecer prioridades.
“Por complejas que sean las circunstancias, México no puede permitir el debilitamiento de su Estado de derecho”, subrayó.
En su oportunidad, el presidente dijo que hay avances legales e institucionales en derechos humanos, pero reconoció que el trabajo en la materia es insuficiente.
“Aún prevalecen desafíos importantes que no debemos ni vamos a ignorar. Tenemos que hacer más, mucho más, para garantizar en nuestro país los derechos inherentes a todo ser humano.
“Debemos asumir nuestros deberes y obligaciones, y ajustar todo lo que tengamos que ajustar para asegurar el pleno respeto a los derechos fundamentales de todas las personas”, dijo.
Posteriormente, Juan Manuel Estrada galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, por su trabajo a favor de infantes víctimas de robo, desaparición, sustracción o separación de sus padres, pidió a Peña Nieto intervenir para que los estados armonicen sus legislaciones con la llamada Ley 5 de Julio, creada a partir de la muerte de 49 niños en la guardería ABC.
El también integrante de la Fundación FIND lamentó que varios estados aún no cambien sus leyes en torno a la regulación de guarderías.
Y llamó a la CNDH a ser más fuerte, actuar con mayor decisión y sin pausas, con el convencimiento de ser la voz de quienes no tienen.

Se debe ajustar lo que se tenga que ajustar por los derechos humanos, reconoce Peña

Agencia Reforma

Ciudad de México

Pese a los avances legales e institucionales en derechos humanos, el trabajo en la materia ha sido insuficiente, reconoció ayer el presidente Enrique Peña Nieto.
“Aún prevalecen desafíos importantes que no debemos ni vamos a ignorar. Tenemos que hacer más, mucho más, para garantizar en nuestro país los derechos inherentes a todo ser humano.
“Debemos asumir nuestros deberes y obligaciones, y ajustar todo lo que tengamos que ajustar para asegurar el pleno respeto a los derechos fundamentales de todas las personas”, afirmó al entregar el Premio Nacional en Derechos Humanos en Los Pinos.
Sin embargo, como ha sucedido en temas sensibles como la violencia en algunos estados, el  mandatario aseguró que resolver la crisis en derechos humanos no sólo es labor del Gobierno federal, sino de los distintos órdenes y poderes.
“Esto implica todo un proceso de cambio, de mente, de actitud, de aptitud, de capacidad y de compromiso de todos quienes son autoridades y de la sociedad en seguridad en su conjunto”, agregó.
Enumeró algunas acciones en las que trabaja su Administración para avanzar en el tema, como la actualización del marco jurídico en los rubros de tortura y desaparición forzada y mejoramiento de los protocolos y procedimientos para prevenir y sancionar con mayor eficacia estos casos en asuntos extrajudiciales.
Así como nuevos mecanismos e indicadores en la materia como la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y publicar el Reglamento de la Ley General de Víctimas.
Además, dijo, a través del Programa Nacional de Derechos Humanos están acelerando la capacitación de los servidores públicos en la materia.