Iguala se habría evitado si se hubiera sancionado a Aguirre por el 12 de diciembre: Vidulfo Rosales

*Una actuación a tiempo de las autoridades en su conjunto pudo haber evitado los hechos del día 26 y 27 de septiembre”, coincide el abogado de Tlachinollan con la CNDH

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que comparte totalmente la apreciación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, porque los hechos del 26 de septiembre se habrían podido evitar si se hubiera eliminado la impunidad en Guerrero. Dijo que se habría evitado si se hubiera sancionado al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y su ex secretario general Humberto Salgado Gómez por “los crímenes” del 12 de diciembre de 2011. “Desde los años 70 al día de hoy, actos como estos siguen su ciclo, siguen reeditando, gobiernos van y gobiernos vienen, y siguen reeditando sus esquemas de represión sumamente violenta, y estamos hablando de hechos violatorios a los derechos humanos grotescos porque se dan en el contexto de manifestaciones públicas, es algo que no podemos revertir en Guerrero, justamente porque hay un mensaje de impunidad”, sostuvo. El viernes, en un acto ante el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, González Pérez afirmó que las omisiones y la corrupción desde el Estado provocaron los casos Tlatlaya y Ayotzinapa porque “no son producto de una generación espontánea”, y cuestionó: “¿dónde estaban las instituciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y las amenazas a la seguridad interior? ¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían esos deleznables episodios?” “Compartimos totalmente esta apreciación, ya creo que lo hemos señalado en su momento, que los hechos del 26 y 27 no son aislados y no solamente corresponden al ámbito de responsabilidad municipal sino que tienen que ver con toda una falla del Estado mexicano, una falla estructural”, expresó Rosales Sierra al ser consultado vía telefónica. Dijo que esta falla tiene que ver con la clase política, las policías, los gobernantes, así como la impunidad, el autoritarismo, el olvido a los pueblos, el “desdén” por la educación pública y la arrogancia “que los caracteriza”, y particularmente por la “descalificación” de la Normal Rural de Ayotzinapa y sus alumnos, porque desde las oligarquías “se les ubica” como “revoltosos, guerrilleros, provocadores o desestabilizadores”. “Una actuación a tiempo de las autoridades en su conjunto pudo haber evitado los hechos del día 26 y 27 de septiembre, es decir, si se hubieran deslindado responsabilidades políticas, concretamente contra Ángel Aguirre, contra Humberto Salgado Gómez, que hubiera derivado en una sanción efectiva a estas dos personas por los hechos del día 12 de diciembre, por el desalojo violento en la Autopista del Sol, yo creo que se hubiera mandado un mensaje claro a los perpetradores de que hechos violatorios tan graves, que redunden en la muerte de gentes que se están manifestando pacíficamente, no se pueden tolerar en el estado”, afirmó. Consideró que la posición del ombudsman nacional para cuestionar a las autoridades es “correcta” y “una buena señal” para la democracia en México, la lucha por los derechos humanos y las recomendaciones que emitirá la CNDH por el caso Ayotzinapa. Sin embargo, agregó: “nos parece a nosotros que todavía son todavía posiciones un tanto con algunas debilidades, debe de tener un papel mucho más fuerte, más enérgico en el reclamo, solamente así un ombudsman puede generar el respeto a los derechos humanos en una democracia”. (Redacción / Acapulco).