Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

*PRD en caída libre… y Ríos Piter

De acuerdo con una encuesta del diario Reforma, el caso Ayotzinapa y el escándalo de la casa del matrimonio Peña-Rivera han hecho que entre agosto y diciembre las preferencias electorales del PRI cayeran de 40 a 30 por ciento. En el mismo lapso, por el descrédito que le produjo el ex alcalde José Luis Abarca, las del PRD se hundieron de 16 a 13 por ciento. En cambio, las del PAN subieron de 22 a 25 por ciento, y las de Morena de 7 a 9 por ciento (Reforma, 10 de diciembre de 2014).
Se ignora la profundidad numérica que en Guerrero ha adquirido la caída perredista, pero es previsible que sea catastrófica y bastante superior a la registrada en el plano nacional, pues al factor Abarca debe sumarse el efecto particularmente expansivo de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD, que provocó ya la salida por lo menos de cinco prominentes figuras perredistas estatales.
En presencia de estos datos, y después del derrumbe vergonzoso del segundo gobierno perredista en el estado por la matanza y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, se habría creído que el PRD estaría en un proceso genuino de remediación moral y ética con objeto de recuperar algo del crédito perdido, pero no es así. La renovación de la dirigencia estatal de ese partido fue, como siempre, una grotesca puja entre las corrientes para quedarse con el botín. Y lo mismo sucede con el procedimiento para la designación de su candidato a la gubernatura.
Como si nada hubiera ocurrido en Iguala, la disputa por la candidatura del PRD es protagonizada por el senador Sofío Ramírez Hernández y por el senador Armando Ríos Piter, con la irrupción de la ex secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, cuyas posibilidades dependen de que no haya ningún arreglo entre los grupos de los dos primeros.
La prudencia y el sentido común indican que lo mejor que podría hacer el PRD es hacer a un lado a todos sus aspirantes y, en un acto de arrepentimiento, renunciar incluso a postular candidato para sumarse a los otros partidos de izquierda. Pero la prueba de que nada cambió en el PRD después de Iguala, es que los dos aspirantes que pelean la candidatura, Armando Ríos y Sofío Ramírez, lejos de inspirar confianza son dos Abarca en potencia.
El primero por sus antecedentes que lo vinculan con Zeferino Torreblanca y con el narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez, y el segundo porque pertenece al grupo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, que dio protección hasta el último instante al ex alcalde José Luis Abarca. Importa hoy más el caso de Ríos Piter, porque según todas las apariencias, es al que la dirigencia de Carlos Navarrete le interesa imponer y el que más le conviene al presidente Enrique Peña Nieto.
En una impostura más de las que lo caracterizan, Ríos Piter publicó el 24 de noviembre en El Sur un desplegado para fijar su posición en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dijo ahí que los hechos de Iguala “desnudaron un inexistente Estado de derecho”. Dos meses después de los acontecimientos, y ajeno por completo al movimiento por la aparición de los estudiantes, planteó que “debe atenderse con gran sensibilidad la movilización social. La crisis no encontrará fondo hasta que no se corrijan las fallas estructurales que desde un municipio suriano, cuna de la bandera nacional, han quedado en evidencia frente al mundo, como fallas del Estado mexicano”.
Entre otras, estas son las fallas que encontró: “1) Partidos políticos. Ningún instituto político tiene las herramientas suficientes para garantizar un blindaje sobre el perfil de sus candidatos o candidatas. No hay coordinación ni confianza preventiva de los institutos políticos con las autoridades de inteligencia, de procuración de justicia o con la propia sociedad. 2) Campañas. Revisar a fondo la forma en que se financian los procesos electorales. El perfil de la corrupción en el gobierno, se moldea desde este preciso momento; ya sea para dar u obtener contratos una vez que se obtiene el triunfo, o para ceder territorios a favor de tal o cual grupo delictivo”.
Tiene razón el senador perredista en que “ningún instituto político tiene las herramientas suficientes para garantizar un blindaje sobre el perfil de sus candidatos o candidatas”, y en el planteamiento de que se debe “revisar a fondo” la forma en que se financian los procesos electorales. Pero si alguien ejemplifica a la perfección ambas advertencias, ¡es el propio Ríos Piter! Pues nadie ha gastado más que él en la promoción de su imagen, incluso con cargo al presupuesto público como ha sido acusado públicamente, y nadie como él está vinculado a episodios oscuros que el paso del tiempo no ha esclarecido, como su extraño triunfo en las elecciones federales de 2009 en el distrito 3 de la Costa Grande, una zona dominada por el figueroísmo y, casualmente, por Rogaciano Alba, con quien desarrolló relaciones al amparo de su labor como secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Zeferino Torreblanca, a su vez protector confeso del narcotraficante ahora en prisión.
Si esos dos antecedentes no fueran suficientes para despertar dudas sobre su perfil, debe recordarse que sigue vigente la sospecha acerca del papel que jugó Ríos Piter en el asesinato de Armando Chavarría Barrera, como responsable del cual ha sido señalado ministerialmente el ex gobernador Zeferino Torreblanca, quien inmediatamente después del crimen ocurrido el 20 de agosto de 2009, intentó imponerlo como candidato del PRD a la gubernatura, la misma que finalmente fue a dar a manos de Ángel Aguirre.
Ese mismo Ríos Piter, con un abultado historial de acusaciones ante las autoridades electorales por emplear programas oficiales en su promoción o por exhibir un ostensible derroche publicitario, tuvo la desfachatez de proponer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda revise el origen y el destino del dinero que se utiliza en las campañas para evitar el riesgo de que sean financiadas por recursos ilícitos, e incluso presentó hace dos semanas en el Senado una iniciativa para crear una ley de combate a la corrupción política. Es obvio que esa propuesta es de dientes para afuera, porque otra vez, si realmente se tratara de instrumentar un mecanismo de ese tipo, el primero en caer sería él mismo.
Si los datos anteriores y otros que ya hemos expuesto en estas páginas, inhabilitarían moral y éticamente a Ríos Piter para figurar como candidato, sería una provocación desmedida que después de la matanza de Iguala el PRD lo designara candidato a gobernador. Y sin embargo, es muy probable que lo sea. Después de todo, hace mucho que Los Chuchos cruzaron la línea de la decencia para instalarse en el cinismo puro. Y aunque se diga que ya no importa quién sea el candidato del PRD porque lo espera la derrota en las elecciones de junio de 2015, debe interesar a la sociedad y a los electores la conducta reincidente de los dirigentes perredistas, que no aprenden y se disponen a lanzar a otro candidato como Abarca, como Aguirre o como Zeferino.

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