Carlos García Jiménez

BAJO EL ALA DEL SOMBRERO*

*De la hambruna global a la soberanía alimentaria local

(Segunda de tres partes)

 Atendiendo al mandato constitucional de “garantizar a todos los mexicanos el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, así como a su compromiso con organismos y cumbres internacionales en esta materia, el gobierno federal, ha venido instrumentando programas públicos focalizados y descentralizados que, no obstante su buena intención, no han logrado los resultados esperados. Las estadísticas oficiales, aunque muestran una muy ligera baja en la mayoría de los indicadores de carencias sociales, en el de carencia alimentaria los porcentajes se han incrementado (Coneval 2010-2012). Es decir, la pobreza alimentaria en el país ha aumentado, y con mayor énfasis en las entidades más pobres como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
La Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) y el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) figuran entre las acciones públicas más relevantes orientadas a lograr la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Estas acciones se instrumentan bajo el reconocimiento oficial (derivado de protocolos internacionales) de que estos males de la modernidad neoliberal, sólo se eliminarán desarrollando las capacidades de los pobladores –principalmente de las zonas de alta y muy alta marginación–, para que sean ellos mismos los sujetos de su propio desarrollo.
Sin embargo, el centralismo burocrático con que se diseñan y operan la mayoría de estos programas, lejos de combatir la pobreza alimentaria, generalmente han coadyuvado a que ésta se incremente. En realidad, muchos subsidios públicos para el combate a la pobreza sólo se triangulan para que finalmente sean facturados por empresas privadas nacionales y multinacionales que proveen los insumos, equipos y alimentos (generalmente productos chatarra y tecnologías foráneas) a dichos programas, tales como Pepsico, Cocacola Company, Nestle, Monsanto, Bayer, Cargill, Kraft y Wal-Mart, entre otras. Bajo este modelo de agronegocio, la población objetivo de estos programas, o sea la población que vive en la condición de pobreza alimentaria (en el país, 27.9 millones, y en Guerrero, 1.4 millones de personas), asume que la pobreza es su destino y que el gobierno está para apoyarlos. “¡Qué bueno que siga habiendo pobres!”, pensarán los grandes proveedores.
El modelo gubernamental de sólo llevar alimentos, apoyos temporales y subsidios a familias pobres (como si vivieran en permanente estado de contingencia e indefensión), ha reproducido todos los días la pobreza alimentaria, y con ello la mediocridad humana y la descomposición social. Lo más desalmado de los políticos y gobernantes que padecemos es el uso clientelar de estos programas para fines facciosos, lucrando así con la necesidad y el hambre. Muy lejos estamos de aquel viejo refrán chino, “no le des pescados al pobre, dale una caña y enséñale a pescar”.
Emocionados porque cada año se logran más recursos y se llega a más municipios con estos programas, los funcionarios de Sagarpa, Sedesol y -en el caso de Guerrero- de la Secretaría de Desarrollo Rural, en su retórica discursiva se vanaglorian de estos logros; y no faltan los políticos o algún diputado que se publicite entregando despensas, láminas de cartón o agroquímicos, envileciendo aún más a los pobres, haciéndoles creer que se compadecen de ellos.
¡Qué bueno que se canalicen más recursos públicos a Guerrero, y que la cobertura de beneficiarios siga creciendo! El problema es que bajo este modelo de agronegocio, clientelar y paternalista, difícilmente se combatirá la pobreza alimentaria. La tendencia mundial en esta materia pone énfasis en los principios de transparencia, contraloría social, organización social, planeación participativa de los presupuestos y programas públicos; conceptos muchas veces subversivos para el estamento gubernamental y para los políticos.
¿Así como vienen operando los programas públicos se erradicará el hambre en nuestro país en 2020, tal como se acordó en la Cumbre del Milenio hace 14 años? ¿En qué sentido, se pudieran reorientar dichos programas para que efectivamente contribuyan a erradicar la pobreza alimentaria en nuestro país y en Guerrero? ¿Qué acciones se plantean desde la ciudadanía organizada para recuperar la soberanía alimentaria sin depender de productos foráneos, ni del gobierno? Veamos.

La cruzada contra el hambre

En 2013 se puso en marcha la estrategia denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), cuyo propósito es “abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México”. En su lanzamiento, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que dicha estrategia operaría en concordancia con el programa Hambre Cero de las Naciones Unidas; y que buscaría beneficiar a 7.4 millones de mexicanos en su primera etapa, es decir a poco más de la mitad de la población total en extrema pobreza (12.8 millones de personas), y la cuarta parte de la población con carencia alimentaria (27.9 millones de personas). Para la implementación de dicho programa, el mismo día de su lanzamiento se decretó la creación del Sistema Nacional contra el Hambre (Sin hambre) y se definieron estrategias como la creación de bancos de alimentos y el incremento de la producción alimentaria nacional.
En un principio la CNCH despertó grandes expectativas, pero luego del fervor propagandístico se aclaró que para combatir el hambre no habría recursos extraordinarios; que la Secretaría de Desarrollo Social –cabeza de la estrategia– promovería la alineación de 70 programas institucionales ya establecidos en la administración pública federal; y que el presupuesto asignado a esta estrategia sería la suma de los presupuestos de los programas que se operan a través de diversas instituciones federales, Sedesol, Sagarpa, Sedatu, SE e Inaes, entre otras.
Bajo tal esquema –según la versión oficial–, en 2014 la CNCH ya llegó al 78.4 por ciento de su población objetivo, pero los indicadores de carencias sociales y económicas sobre la superación del hambre no son muy claros todavía. Ciertamente se han empezado a alinear y focalizar algunos programas hacia las zonas más marginadas, pero bajo el mismo modelo que reproduce la pobreza; además, a contracorriente de los intereses y pugnas existentes entre las diferentes instituciones públicas federales, y entre éstas y los gobiernos estatales y municipales. No es pues todavía la CNCH una política de Estado que promueva la confluencia interinstitucional, ni la concurrencia de programas hacia acciones integrales de combate a la pobreza alimentaria, ni la organización autogestiva de los beneficiarios.

Prospera y los comedores

Entre las acciones más relevantes de la CNCH se encuentran el Programa de Inclusión Social (Prospera) y el Programa de comedores comunitarios.
El Prospera es la versión actual de los programas públicos de combate al hambre que empezaron a instrumentarse desde los años 70, cuando el país dejó de ser autosuficiente en materia de producción de alimentos como resultado del abandono gubernamental al campo. Algunos de esos programas previos al actual, fueron: Conasupo-Coplamar, Sistema Alimentario Mexicano, Solidaridad, Oportunidades y Progresa. El programa anti hambre del presente sexenio tiene como propósito: “articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud …”. Sin embargo, el Prospera sigue focalizado en estos tres últimos componentes, tal como venía operando Oportunidades del sexenio anterior; el cambio ha sido solo de nombre y que atiende a un poco más de pobres. A nivel nacional el Prospera apoya a 5.9 millones de familias, y en Guerrero a 437 mil 309; y para la mayoría de los beneficiarios el monto anual de este apoyo representa alrededor del 20 por ciento de sus ingresos anuales, lo que denota la creciente dependencia de las familias de este subsidio.
También en el marco de la CNCH se creó el Programa de Comedores Comunitarios “para mejorar las condiciones nutricionales de la población de niños y niñas de cero a 11 años de edad, mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad y adultos mayores de 65 años”. Aunque en el decreto de creación se establece “el desarrollo de procesos de organización comunitaria y el diseño de procedimientos que permitan que la población se involucre y responsabilice de la operación de los comedores”, en la práctica, los 500 comedores que hasta ahora se han establecido en Guerrero (el 20 por ciento de los establecidos en el país) distan mucho de estos propósitos.
“Los comedores comunitarios de la Sedesol han causado conflictos entre las comunidades de La Montaña, sobre todo porque se establecieron con apoyo del Ejército, imponiendo hábitos alimenticios ajenos a los habitantes y convirtieron a las mujeres en sirvientas”, señaló Tlachinollan en octubre.
“En los comedores comunitarios asisten gente que no necesita el servicio, y la que sí lo requiere no asiste porque no ha sido invitada, en el diseño de los menús no se consultó a la gente ni se consideraron sus hábitos alimenticios, se usan productos enlatados y harina de huevo”, denunciaron por su parte comités comunitarios de la Costa Grande en un evento regional en ese mismo mes en Atoyac.
Mientras que el gobierno celebra que los comedores comunitarios y Prospera son un éxito, y con ello también la CNCH, los beneficiarios no están del todo satisfechos, aunque lo aceptan como una dádiva que no les cuesta y no los obliga a tanto.
Ante la incertidumbre de cómo viene operando la CNCH, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Crdescog) organizó en octubre pasado el taller regional El Hambre: limitaciones y perspectivas de la CNCH, en el que se conformó el primer Observatorio Ciudadano regional en Guerrero de la CNCH.
“La CNCH es una estrategia implementada por el gobierno, pero nos corresponde a los beneficiarios que se perfeccione y que realmente sea una cruzada contra el hambre y no una suerte de beneficios y apoyos que hace que los pobres sigan siendo pobres. No debemos permitir que en los comedores comunitarios nos alimenten con productos enlatados o de plástico; debería implementarse el consumo de alimentos naturales y orgánicos producidos localmente. La CNCH debe contemplar acciones que fomenten la organización productiva de los beneficiarios, la agricultura familiar, el mejoramiento de los cultivos tradicionales, y promover la salud y bienestar social”, resumió Juana Guerrero, representante del Observatorio Ciudadano de Tecpan de Galeana.
El Observatorio Ciudadano de la Costa Grande, el primero en su tipo creado en el estado, tendrá funciones de contraloría social para dar seguimiento a los programas que están dentro de la CNCH, denunciar irregularidades e incidir con propuestas para que se mejoren.

* Bajo el ala del sombrero es un espacio de análisis y propuestas para la transformación del campo desde la visión y acción cotidiana de los campesinos