Acuerdan en un “juicio popular” pedir la separación del cargo de los dos síndicos y regidores de Iguala

*Hacen una excepción con la priista Marina Hernández y la perredista Sofía Mendoza

Alejandro Guerrero

Iguala

En un “Juicio Político Popular” realizado la noche de ayer en contra de los miembros del cabildo por parte de la Coalición de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, se acordó no votar en las elecciones del 2015 por ningún partido político.
También se demandó la separación del cargo de los síndicos y regidores para llamar a sus suplentes, ante el señalamiento de complicidad y omisión por el caso del ataque a los normalistas de Ayotzinapa.
El juicio se inició a las 5:30 de la tarde de ayer en la explanada de las Tres Garantías, con la presencia de más de 200 participantes donde sólo atendieron la convocatoria de las organizaciones y los ciudadanos la regidora del PRI, Marina Hernández de la Garza, y el alcalde Silviano Mendiola Pérez.
Los representantes de las diferentes organizaciones integradas en la Coalición de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, entre estos la Ceteg, el Frente Igualteco, el Consejo Ciudadano, empresarios jugueteros y académicos de la UAG, lanzaron denuncias en contra del cabildo por su presunta complicidad con el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez a cambio de “dádivas”, así como su omisión en los abusos de autoridad, secuestros y desapariciones forzadas que se venían cometiendo en el municipio durante los dos años de administración, “y de las que no dijeron nada”.
Llamaron “narco cabildo” al de Iguala y demandaron la separación del cargo de los regidores y síndicos con la excepción de la registra del PRI, Marina Hernández, y la del PRD, Sofía Mendoza Martínez, esta última a la que defendieron por emprender una lucha en instancias de defensa de derechos humanos internacionales por el caso del asesinato del dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona.
Jorge Luis Moreno, del Consejo Ciudadano, dijo que ahora es el pueblo quien les demanda que se retiren del cargo al que tomaron protesta y no supieron desempeñar y criticó la apatía de los ediles al no haber atendido la invitación de los ciudadanos o nombrar a un representante.
“El pueblo determina que su actitud dolosa permitió y sigue permitiendo que la autoridad municipal pasara por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como permitir el incorrecto manejo de los recursos públicos para beneficio de intereses personales”, dictaminaron.
La vocera del Frente Igualteco, Yolanda Ávila Vargas, denunció que síndicos y regidores “tenían pleno conocimiento desde hace dos años de las desapariciones forzadas que existían aquí en Iguala y callaron, y fue a raíz de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre que el pueblo decidió no guardar más silencio”.
Recordó que ya había antecedentes de los asesinatos y desapariciones de personas y mencionó el ex síndico Justino Carvajal Salgado y al dirigente e la UP, Arturo Hernández Cardona, “así como de gente que le estorbaba a la comuna municipal”.
Uno a uno fueron pasando los representantes de las diferentes organizaciones y asociaciones civiles identificados como Fiscales Ciudadanos, quienes lanzaron diversas denuncias en contra de los miembros del cabildo a quienes señalaron de corrupción, complicidad y omisión de los abusos que cometía el ex alcalde José Luis Abarca y sus áreas de seguridad pública.
Después de que fueron escuchadas las cerca de seis participaciones, el orador del juicio popular sometió a votación la culpabilidad del cabildo, y en su totalidad, los asistentes mostraron las paletas de color rojo que se les habían entregado el inicio del juicio con las cuales determinan su veredicto y sentencia como “culpables” por los señalamientos realizados.
La votación desprendió gritos de “culpables”, “que se vayan”, “que ya no les paguen” y “que renuncien”.
Se acordó que se les va a exigir a todos aquellos que fueron declarados por el pleno de la asamblea para que soliciten licencia por tiempo indefinido, “que se retiren del cargo por dignidad y que sus suplentes asuman su cargo”. De esta petición se exceptuó a las regidoras del PRD, Sofía Mendoza, y del PRI, Marina Hernández, esta última que asistió a la asamblea su el veredicto de los votos de los asistentes fue de “inocente” al mostrarle con unanimidad las paleta de color verde.
En su intervención, la regidora del PRI, Marina Hernández, se deslindó de los señalamientos de complicidad hacia el ex alcalde José Luis Abarca y por el contrario recordó que desde el inicio del gobierno denunció las irregularidades y abusos cometidos por la ex pareja presidencial.
Asimismo, cuestionó a los asistentes que en su momento no hicieron nada para manifestarse y parar los abusos cometidos por el ex edil.
Uno de los oradores del juicio político ciudadano llamó a la ciudadanía para que no haya elecciones, “que no votemos por ningún partido político porque nos consta que todos los partidos son iguales, que son privilegios para unos cuantos y es momento de que los ciudadanos tomemos las riendas de nuestro municipio, de nuestro estado y nuestro México”.
A las 6:40 de la noche fue clausurada la asamblea ciudadana en la que se realizó el juicio político popular a los miembros del cabildo.
Al cabildo de Iguala se le señaló por su presunta complicidad y omisión en el ataque a los normalistas de Ayotzinapa ocurrido el pasado 26 y 27 de septiembre por parte de policías municipales y sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos que dejó un saldo de seis muertos y 43 desaparecidos.
El alcalde Silviano Mendiola estuvo presente en el Juicio Político Ciudadano pero no participó ni realizó ningún comentario de los señalamientos, y antes de que la sesión fuera clausurada se retiró del lugar.
El representante del Congreso Nacional Ciudadano, Julián LeBaron, asistente en el juicio político ciudadano, fijó que una vez de que se le encontró culpables a la mayoría del cabildo de Iguala se debe asumir la responsabilidad social de hacer valer el veredicto porque nuestras instituciones no nos sirven para nada, “no hay justicia y la impunidad es total”.
Dijo que es tarea de los ciudadanos que no exista la impunidad social, “donde vean a estas personas recuérdales que ellos no son bienvenidos, ni en sus negocios ni en sus fiestas, ni en lugares públicos porque ellos ejercen una tiranía contra la comunidad y la comunidad no los quiere ahí”.
Al término, los integrantes de la Coalición de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala colocaron en sillas de plástico a siete monigotes representativos de los dos síndicos, Oscar Chávez Pineda y Mario Castrejón Mota, así como los regidores del PRD, Andrés Guzmán Salgado, Valentín Amador Mata y Soledad Mastache, del PRI, Juana Álvarez y Enrique Marroquín, del PVEM, Esther Orea Vargas, Nicolás Guerrero y Leonel Gallegos, del PAN Martha Laguna, y del Panal, Sandra Luz Mota, a los cuales quemaron en la explanada de las Tres Garantías y después de calcinados, sus cenizas fueron arrojados en la sede alterna del palacio, en La Pérgola.
La vocera del Frente Igualteco, Yolanda Ávila Vargas, informó que para este día, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y asociaciones civiles de desaparecidos en Iguala y a nivel nacional, se congregarán en la ciudad de Iguala para realizar una asamblea en el auditorio del palacio municipal y posteriormente realizarán actividades de difusión de sus actividades y búsqueda de desaparecidos.