Eduardo Pérez Haro

Ayotzinapa: el carácter del  movimiento y su perspectiva

Para Julián Santiago Lazcano.

Se impone perfilar un balance de 2014 antes de cerrar el año, e igualmente advertir cómo valoramos los acontecimientos que vendrán para 2015. Es usual colocarse en esta bisagra entre el año que está por concluir y el que se avecina, sin embargo el movimiento social que se ha desatado a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tiene un peso específico que, en ese ejercicio impone hacer algunas consideraciones particulares antes de intentar el balance general.
¿El movimiento se remite a los hechos de Iguala y el castigo a los culpables? o en realidad ¿es un movimiento que amplía su protesta pero suma asuntos ajenos a la protesta? ¿Es un movimiento que se degrada con riesgos incontrolados por la presencia de los anarquistas o los integrantes de la CETEG? ¿Su perspectiva es la dilución en la nada y que después todo vuelva a su cauce?
Efectivamente, las preguntas se formulan desde la opinión de quienes quisieran responder con un sí a secas, o explicado con sus predicamentos porque son asépticos a la política, se dicen partidarios de la ley y la paz colocando estos preceptos del orden como principios de la civilidad y la democracia que, por tanto, contrariarlos implica revelarse antidemocrático y violento al final de cuentas.
Desde ahí, algunos opinadores quisieran que una vez localizadas las cenizas y encarcelados el ex presidente municipal de Iguala y su esposa (con algún número de policías municipales y sicarios de los Guerreros Unidos) se cierre el asunto jurídico, de tal manera que los padres de los estudiantes se resignen en el duelo y queden conformes, al haberse actuado en el marco de la ley y reestablecido el estado de derecho.
Consecuentemente, todos los demás deberemos dar por “superado” el tema y nos deberemos colocar detrás del eficaz accionar de las instituciones del gobierno para empujar al régimen a la consagración práctica de las importantes reformas estructurales que ya sólo esperan su instrumentación para, al fin, darnos una etapa de crecimiento del PIB superior al 5 por ciento, como ha sido prometido y comprometido por el presidente Enrique Peña Nieto.
Suena bien, pero dista de la realidad. Los hechos de Iguala no sólo son un crimen atroz que exige el castigo de los culpables por acción directa o cómplice omisión. Lo grave de los hechos no queda ahí; todos sabemos los antecedentes de la guerra calderonista y del ocultamiento a los medios de comunicación de la expansión e imbricación del llamado crimen organizado con los hombres de gobierno durante el curso de los dos años que lleva el régimen encabezado por Enrique Peña Nieto.
De entonces a la fecha, se contabilizan más de 130 mil muertes y alrededor de 25 mil desaparecidos, con miles de millones de dólares involucrados, teniendo como contrapartida las reconocidas cifras del 60 por ciento de informalidad en la economía nacional, y alrededor de 50 millones de mexicanos en pobreza, datos agregados de alto contraste que, en caso de entrar a hacer desgloses podrían extremarse con mayores alcances; que por ahora baste con lo que se menciona.
El ahondamiento de las desigualdades y la centralización del enriquecimiento cubierta por leyes a modo y complicidades institucionales hasta el más alto nivel (en el que las casas blanca y negra sólo son botón de muestra) definen un campo muy seco en el que cualquier chispa incendia la pradera.
De qué se espantan al ver que el intento del Presidente y sus panegiristas de acotar el problema al ámbito municipal y jurídico haya sido inmediatamente rebasado, dando lugar a un movimiento estudiantil que termina por sumar a importantes segmentos de la población nacional y produce la indignación del mundo y sus líderes de Estado. El reclamo de justicia contra el crimen y la violación de los derechos humanos se traduce en una protesta contra la corrupción y la impunidad, y en campo propicio para albergar otras luchas y reivindicaciones, dando lugar a un movimiento que no sólo se torna más grande, sino más amplio.
Así las cosas, ciertamente el movimiento de la sociedad no sólo es terreno de la ley sino de la política que reclama justicia en los distintos planos y alcanza hasta el cambio de las leyes mismas en dirección del reclamo que subyace, y como suelen decir los jóvenes “qué parte no se entiende” o, cómo suponen que se definió el marco constitucional que nos rige.
El movimiento se ha convertido en un cuestionamiento abierto al régimen de gobierno en lo que hace a su contenido (reformas estructurales) y forma (corruptocracia distante y déspota) y no se anda con rodeos, se dirige a la máxima responsabilidad del Estado que no admite este carácter y orden de magnitud del movimiento, porque pone en riesgo su permanencia o su capacidad de cumplir los compromisos económicos y políticos fincados en el camino de acceso a la Presidencia, o durante los dos años de su ejercicio.
Empresarios como Juan Armando Hinojosa o políticos como Miguel Ángel Osorio Chong o Luis Videgaray, como se pueden enlistar a muchos otros, tienen alianzas y complicidades en asuntos que no debe ser nada fácil desmantelar, pero el Presidente debe valorar por encima de estas ataduras, y reconocer que lo que se está jugando es más que eso y, por tanto, debe actuar a la altura de las exigencias.
El movimiento no puede tratarse con desdén, no puede dársele carpetazo jurídico, no puede disuadirse con decálogos unilaterales o discursos por la conveniencia de dejar atrás a los desaparecidos porque el mundo sigue, esas son frivolidades que están fuera de la lógica y la responsabilidad de un jefe de Estado, ni puede amedrentar con los discursos y desplantes de sus generales, mucho menos debiera reprimir con artera y desmedida violencia para combatir la violencia de quienes rompen vidrios o incendian oficinas, porque todos saben que eso no es lo que define al movimiento de quienes, masiva y pacíficamente, salen por miles a las calles, ni es la base de la resonancia internacional de solidaridad con el movimiento.
Y sin embargo, preocupa a muchos y sirve de ardid para justificar el despliegue de la tentación de reprimir el movimiento para cortarlo de un solo golpe, como sucedió con el movimiento estudiantil de 1968, a ningún presidente le deseo sufrir la suerte histórica de Díaz Ordaz con el movimiento de 68, y menos al país, que no sólo sufrió la tragedia del asesinato abierto y masivo de sus estudiantes sino el freno a la democratización y el encuentro de vías para salir del atraso.
El golpe del 68 dejó una generación de críticos y abrió el sendero de la lucha social, pero en el balance de costos esa ganancia es minúscula frente al empoderamiento de una clase política y la consolidación de una clase empresarial que se prolonga hasta nuestros días dando contenido a una corruptocracia caciquil y premoderna (perdón por el pleonasmo) como sistema de personajes sin consideración alguna sobre la desigualdad y sin visión frente al proceso de reestructuración mundial.
Esa herencia proviene de la represión al movimiento del 68 y no es deseable que se repita, no conviene a México y, valga decir, no conviene al mundo, y es por eso que los líderes mundiales, entre los que no debe dejarse de nombrar a Obama y al Papa, no están de acuerdo en dejar pasar una falta de solución política y proceder a una solución represiva con la que ellos quedan sin posibilidades para cuestionar el autoritarismo contra la democracia. Los dueños del mundo se presumen decentes y civilizados, y no van a respaldar una cochinada.
El movimiento no está sujeto a la acción incendiaria de anarquistas y cegetistas, y eso lo saben las autoridades del régimen y el propio presidente Peña Nieto, y por eso están preocupados, podrían encarcelarlos y eso no terminaría con el movimiento porque éste está instalado en un cuestionamiento y una acción política de orden superior y de mayor magnitud, y frente a eso no hay balas ni cárceles que alcancen, so pena de precipitar su propia caída.
El movimiento debe cercar y cerrar el paso a los actos que le afectan y que, tras las piedras y las bombas molotov, crean un argumento para justificar su represión, y el gobierno debe alejarse de toda tentación violenta justificada por la ley, pero no admitida por la sociedad y las instituciones de México y del mundo.
La perspectiva debe trazarse en el terreno de la política que permite el arreglo del disenso, y como tal ninguna de las partes se lleva todo. Ni el país puede terminar con la desigualdad y con el extendido tejido de la corruptocracia y el crimen organizado en una sentada, ni el Presidente puede seguir intocado en su proyecto, tras suponer que está ante una bravuconada, como sugieren sus generales. Ambas partes se deben sentar en una mesa de diálogo y atreverse a hacer avanzar las agendas.
Ahí está el IPN, que supo acotar sus aspiraciones de cambio a un progreso que le da perspectiva de lucha, el Politécnico de los próximos días dista de la democratización, la autonomía y el alineamiento a las aspiraciones científicas, profesionales y sociales que los estudiantes quisieran, pero lo han colocado en esa perspectiva, y con ello lo sitúan ya muy lejos de los intentos gubernamentales de reglamentarlo bajo la égida de la mal llamada reforma educativa.
El gobierno, al ceder, evitó su derrota aunque no ganó, y los estudiantes tienen más trabajo que cuando emprendieron su movimiento. Ahora lo tienen claro, seguramente seguirán luchando por el Politécnico y se les verá en el movimiento nacional detonado por Ayotzinapa que extiende sus posibilidades acicateado por las acciones represivas como las que se sucedieron apenas este sábado. Ni las vacaciones escolares ni las elecciones de 2015 ahogarán el movimiento como muchos imaginan o desean, mas al contrario, habrá que analizar si el movimiento no ahoga a la elecciones.

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