Aplica EU sanciones a esposa e hijo de El Chapo Guzmán

Jesús Esquivel / Agencia Proceso

Washington

El gobierno de Estados Unidos anuncio la imposición de sanciones contra Maria Alejandrina Salazar Hernández y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, esposa e hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles) del Departamento del Tesoro, el gobierno estadunidense designó como “narcotraficantes significativos”, a la esposa e hijo de El Chapo.
“Esta es la sexta ocasión en el último año que OFAC aplica sanciones y expone a operadores de la organización de El Chapo Guzmán”, señaló Adam Szubin, el director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros.
Lo mismo a la esposa que al hijo del presunto líder del Cartel de Sinaloa, el Departamento del Tesoro los etiqueta como “operadores” de la organización sinaloense de trasiego de drogas.
Al quedar fichados, el gobierno tiene la facultad de confiscar los bienes y las cuentas bancarias registradas sus nombres dentro de su territorio o en aquellos sujetas a la jurisdicción de ese país.
“Esta acción se construye sobre los agresivos esfuerzos del Departamento del Tesoro, para actuar contra individuos que facilitan las operaciones de tráfico de drogas de El Chapo Guzmán, con el objeto desmantelar a su organización”, acoto Szubin.
Con la designación emitida por OFAC contra la esposa e hijo de Guzmán, se prohíbe a toda entidad o ciudadano estadunidense realizar transacciones financieras o comerciales con las personas sujetas a las sanciones.
El Departamento del Tesoro establece que el Cartel de Sinaloa “es el responsable” de la violencia que se ha desatado en México. La OFAC anota también en el anuncio de la designación que Guzmán Salazar y su padre, en el 2009, fueron encausados judicialmente por delitos relacionados con el tráfico de drogas en la Corte Federal del Distrito Norte de estado de Illinois.
De la esposa de El Chapo, sostiene que la señora “provee materiales para respaldar las actividades de trasiego de drogas que lleva a cabo su esposa y el Cartel de Sinaloa”.
La violación de las medidas impuestas por la OFAC implican sanciones económicas de hasta 1.75 millones de dólares en casos civiles. De hasta 5 millones de dólares y hasta 30 años de cárcel en casos criminales. Y para las corporaciones que violen la ley, la multa es de hasta 10 millones de dólares y hasta 10 años prisión para sus funcionarios.